S. ARIZAGA Eran veinticinco razones, y poderosas. Su propósito fue evitar ausencias cuando tuviera lugar el juicio que se acababa de suspender contra una «carterista» acusada de cometer veinticinco robos; asegurarse de que todas las víctimas, las veinticinco, citadas para ese día, acudirían puntualmente a la nueva convocatoria fijada para el 10 de noviembre, y contar así con su testimonio, fundamental para dictar sentencia.
De modo que, ante la imposibilidad de celebrar esa mañana la vista oral contra la joven procesada, la juez sustituta del Juzgado de lo Penal, María José Juanes, hábilmente hizo entrar en la sala a los testigos, que desde primera hora de la mañana esperaban en el vestíbulo de la sala de vistas para declarar, a fin de exponer las causas de la suspensión. El abogado de oficio se había hecho cargo de la defensa de la joven tres días antes, circunstancia que le impedía conocer a fondo los cargos que se imputaban a su cliente y cumplir su función con arreglo a los derechos de la acusada.
El procedimiento judicial estaba conformado por más de 700 folios, por lo que solicitó que la vista oral se pospusiera para preparar la defensa. El fiscal estuvo de acuerdo siempre que se fijara «un plazo prudencial» para celebrar el juicio. Además, si el letrado observaba alguna posibilidad de llegar a un acuerdo sobre la condena, «lo comunicará por escrito a la Fiscalía o al Juzgado» al objeto de «suspender las citaciones» de los testigos «y evitar un nuevo trastorno» a los ciudadanos que aguardaban fuera.
Llegado a tal punto, la sala se quedó pequeña para acoger a la veintena de testigos que, tras escuchar el anuncio de la juez, comenzaron a alzar la voz para mostrar su enfado. «Llevamos toda la mañana aquí», «yo no puedo volver», se escuchó en la sala. Lejos de molestarse, la juez, en actitud comprensiva, les contestó que «les entiendo».
Pero el tono de enojo fue creciendo: « ¡Hace tres años que nos han robado y ahora se suspende el juicio!»; «si no venimos, ¿qué nos puede pasar». La respuesta fue muy ilustrativa: «Se les puede multar». Y ante el alboroto, continuó en su tono conciliador: «Precisamente porque sabemos que esto es un perjuicio que se les ocasiona les hemos llamado para darles una explicación. Son los mecanismos de la Ley» para garantizar el derecho del detenido a una defensa justa. Fue entonces cuando intervino el fiscal del caso el jefe de la Fiscalía de Zamora, Rafael de Vega Irañeta: «El abogado tiene que conocer los 700 folios que componen la causa. ¿Ustedes son los paganos?, sí, pero no se le puede negar ese derecho al letrado».
La juez y el fiscal admitieron que «es un engorro para ustedes tener que volver, ¿que es un perjuicio para ustedes?, sí y pueden solicitar daños y perjuicios». La algarabía parecía inevitable y ante las constantes protestas, la juez tuvo que advertir que «esto no es una asamblea. Hemos tenido la deferencia de explicarles lo ocurrido», por lo que solicitó calma. Se dirigió de nuevo a los veinticinco ciudadanos: « ¿Qué creen que esto es una tomadura de pelo?, puede ser pero nosotros no tenemos la culpa».
Ante la presencia de la acusada, del abogado que había solicitado la suspensión del juicio y de la secretaria judicial, el fiscal jefe les instó a calmarse y escuchar, «tratamos de causarles los menos problemas posibles. Si antes de la fecha fijada para el juicio llegamos a un acuerdo el abogado y la Fiscalía, les llamaremos para que no vengan hasta el Juzgado».
El juicio ni siquiera llegó a iniciarse, puesto que el letrado alegó de inmediato su desconocimiento de los 25 delitos que se imputaban a la procesada y de las diligencias llevadas a cabo por la policía y el juzgado.
Veinticinco robos
Más de 700 folios
La juez de lo Penal se vio obligada a suspender un juicio porque el abogado de la acusada de cometer veinticinco robos fue nombrado para defenderla tres días antes, lo que le impidió estudiar los más de 700 folios del procedimiento judicial. El fiscal estuvo de acuerdo con posponer la vista oral siempre que se señalara de nuevo dentro de un plazo prudencial. Desde primera hora de la mañana las veinticinco víctimas, a la sazón testigos de los robos, esperaban para declarar. La juez optó por explicarles la situación. ... (ver texto completo)
De modo que, ante la imposibilidad de celebrar esa mañana la vista oral contra la joven procesada, la juez sustituta del Juzgado de lo Penal, María José Juanes, hábilmente hizo entrar en la sala a los testigos, que desde primera hora de la mañana esperaban en el vestíbulo de la sala de vistas para declarar, a fin de exponer las causas de la suspensión. El abogado de oficio se había hecho cargo de la defensa de la joven tres días antes, circunstancia que le impedía conocer a fondo los cargos que se imputaban a su cliente y cumplir su función con arreglo a los derechos de la acusada.
El procedimiento judicial estaba conformado por más de 700 folios, por lo que solicitó que la vista oral se pospusiera para preparar la defensa. El fiscal estuvo de acuerdo siempre que se fijara «un plazo prudencial» para celebrar el juicio. Además, si el letrado observaba alguna posibilidad de llegar a un acuerdo sobre la condena, «lo comunicará por escrito a la Fiscalía o al Juzgado» al objeto de «suspender las citaciones» de los testigos «y evitar un nuevo trastorno» a los ciudadanos que aguardaban fuera.
Llegado a tal punto, la sala se quedó pequeña para acoger a la veintena de testigos que, tras escuchar el anuncio de la juez, comenzaron a alzar la voz para mostrar su enfado. «Llevamos toda la mañana aquí», «yo no puedo volver», se escuchó en la sala. Lejos de molestarse, la juez, en actitud comprensiva, les contestó que «les entiendo».
Pero el tono de enojo fue creciendo: « ¡Hace tres años que nos han robado y ahora se suspende el juicio!»; «si no venimos, ¿qué nos puede pasar». La respuesta fue muy ilustrativa: «Se les puede multar». Y ante el alboroto, continuó en su tono conciliador: «Precisamente porque sabemos que esto es un perjuicio que se les ocasiona les hemos llamado para darles una explicación. Son los mecanismos de la Ley» para garantizar el derecho del detenido a una defensa justa. Fue entonces cuando intervino el fiscal del caso el jefe de la Fiscalía de Zamora, Rafael de Vega Irañeta: «El abogado tiene que conocer los 700 folios que componen la causa. ¿Ustedes son los paganos?, sí, pero no se le puede negar ese derecho al letrado».
La juez y el fiscal admitieron que «es un engorro para ustedes tener que volver, ¿que es un perjuicio para ustedes?, sí y pueden solicitar daños y perjuicios». La algarabía parecía inevitable y ante las constantes protestas, la juez tuvo que advertir que «esto no es una asamblea. Hemos tenido la deferencia de explicarles lo ocurrido», por lo que solicitó calma. Se dirigió de nuevo a los veinticinco ciudadanos: « ¿Qué creen que esto es una tomadura de pelo?, puede ser pero nosotros no tenemos la culpa».
Ante la presencia de la acusada, del abogado que había solicitado la suspensión del juicio y de la secretaria judicial, el fiscal jefe les instó a calmarse y escuchar, «tratamos de causarles los menos problemas posibles. Si antes de la fecha fijada para el juicio llegamos a un acuerdo el abogado y la Fiscalía, les llamaremos para que no vengan hasta el Juzgado».
El juicio ni siquiera llegó a iniciarse, puesto que el letrado alegó de inmediato su desconocimiento de los 25 delitos que se imputaban a la procesada y de las diligencias llevadas a cabo por la policía y el juzgado.
Veinticinco robos
Más de 700 folios
La juez de lo Penal se vio obligada a suspender un juicio porque el abogado de la acusada de cometer veinticinco robos fue nombrado para defenderla tres días antes, lo que le impidió estudiar los más de 700 folios del procedimiento judicial. El fiscal estuvo de acuerdo con posponer la vista oral siempre que se señalara de nuevo dentro de un plazo prudencial. Desde primera hora de la mañana las veinticinco víctimas, a la sazón testigos de los robos, esperaban para declarar. La juez optó por explicarles la situación. ... (ver texto completo)
