artículo 14 del Plan del Carbón 2006-2012 deja claro que el Gobierno tiene la obligación de garantizar el consumo del mineral autóctono, aplicando para ello el incentivo necesario. Y es precisamente este artículo el que el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, está incumpliendo. El ministro Miguel Sebastián aseguró, en días pasados, que los empresarios mineros Victorino Alonso y Manuel Lamelas Viloria habían recibido, desde julio del año pasado, 356 millones de euros en concepto de ayudas. Lo que no dijo el ministro de Industria es que su ministerio adeuda más de 13,3 millones de euros a las empresas, cantidad que corresponde a la facturación por la producción del carbón hasta el momento y que, actualmente, compra Hunosa.
Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico del propio Insituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), el Gobierno ha abonado hasta el momento en concepto de ayudas 136,8 millones al Grupo Alonso y 10,7 a Viloria, pero éstas son subvenciones al suministro y no a la facturación de la producción de la que ya se adeudan 6 meses.
El Gobierno de Zapatero decidió unilateralmente la retirada del incentivo al consumo del carbón autóctono en el 2009, con lo que las centrales térmicas dejaron de comprarlo al ser más caro que el de importación.
Y es aquí donde arranca el problema que está viviendo ahora el carbón, que pone en riesgo el futuro de las cuencas mineras. El incentivo tiene su origen en diciembre de 1996, cuando se pacta el Protocolo para el establecimiento de una nueva regulación del sistema eléctrico, que está desarrollado por Ley del Sector Eléctrico en noviembre del 97. Con esta ayuda se pretendía mantener la única fuente autóctono de energía que actualmente tiene España.
En el 2006, el Gobierno aprueba una disposición adicional por la que fija un sistema de primas para las eléctricas para, de esta forma, garantizar la entrada preferente de carbón autóctono en las centrales térmicas. A partir de aquí, el Gobierno ha dejado pasar cuatro años sin realizar el desarrollo normativo que garantizara estas ayudas, pese a que hace dos años reservó más de 93.000 millones pra incentivar el carbón autóctono. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) no llegó a distribuir nunca esta cantidad ni en el 2008 ni en el 2009, de hecho desde el 1 de enero del pasado año dejó de hacer mención en sus informes al incentivo al consumo de carbón autóctono. Y lo más grave, el Gobierno consignó en la tarifa las cantidades necesarias para incentivar el carbón autóctono en el 2007 y el 2008, pero nunca llegó a aprobar las órdenes ministeriales para liquidarlo y, finalmente, terminó por eliminarlo en el expediente de tarifas del 2009.
A partir de aquí, todo está en manos de lo que en dos días decida Bruselas
Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico del propio Insituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), el Gobierno ha abonado hasta el momento en concepto de ayudas 136,8 millones al Grupo Alonso y 10,7 a Viloria, pero éstas son subvenciones al suministro y no a la facturación de la producción de la que ya se adeudan 6 meses.
El Gobierno de Zapatero decidió unilateralmente la retirada del incentivo al consumo del carbón autóctono en el 2009, con lo que las centrales térmicas dejaron de comprarlo al ser más caro que el de importación.
Y es aquí donde arranca el problema que está viviendo ahora el carbón, que pone en riesgo el futuro de las cuencas mineras. El incentivo tiene su origen en diciembre de 1996, cuando se pacta el Protocolo para el establecimiento de una nueva regulación del sistema eléctrico, que está desarrollado por Ley del Sector Eléctrico en noviembre del 97. Con esta ayuda se pretendía mantener la única fuente autóctono de energía que actualmente tiene España.
En el 2006, el Gobierno aprueba una disposición adicional por la que fija un sistema de primas para las eléctricas para, de esta forma, garantizar la entrada preferente de carbón autóctono en las centrales térmicas. A partir de aquí, el Gobierno ha dejado pasar cuatro años sin realizar el desarrollo normativo que garantizara estas ayudas, pese a que hace dos años reservó más de 93.000 millones pra incentivar el carbón autóctono. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) no llegó a distribuir nunca esta cantidad ni en el 2008 ni en el 2009, de hecho desde el 1 de enero del pasado año dejó de hacer mención en sus informes al incentivo al consumo de carbón autóctono. Y lo más grave, el Gobierno consignó en la tarifa las cantidades necesarias para incentivar el carbón autóctono en el 2007 y el 2008, pero nunca llegó a aprobar las órdenes ministeriales para liquidarlo y, finalmente, terminó por eliminarlo en el expediente de tarifas del 2009.
A partir de aquí, todo está en manos de lo que en dos días decida Bruselas
