No me gusta utilizar el foro de La Urz para hacer una protesta, pues considero que éste es un lugar de encuentro para comentar nuestras historias, relatar hechos, describir esos rincones del monte o del valle, que, hace tiempo, veíamos de una forma muy distinta a como los percibimos en la actualidad, cuando sólo vamos a contemplarlos dando un paseo.
Desde las últimas elecciones generales, se viene insistiendo que la crisis económica viene dada por la sobredimensión de lo público y que debe reformarse la estructura administrativa del Estado.
Planteamiento, formulado en esos términos, con el que estoy de acuerdo.
El problema surge con el “de dónde” recortamos.
Nuestros gobernantes, han descubierto el gran sumidero que se traga millones y millones de euros: Las Juntas Vecinales y sus Concejos abiertos.
De poco sirve que se les demuestre con hechos, obras y cifras que no deben nada a nadie, que los que tienen la responsabilidad de gestionar los bienes comunes, no cobran, y que los beneficios que obtienen de esos bienes, repito de sus bienes comunales, los invierten en el arreglo de vías de comunicación, o de servicio común del pueblo.
La Constitución Española de 1.978, reconoce como derecho: La Propiedad Privada, pues bien, estos bienes son de cada uno de los pueblos, cada uno tiene los propios, los suyos. Ahora, unos políticos disfrazados de demócratas se quieren cargar la Ley de Leyes, la tradición y la Costumbre. Y utilizan el argumento “que las Juntas Vecinales son opacas en su gestión”. Lo formulan sin ruborizarse, unos tíos que excluyen por ley, aprobada por ellos, la transparencia de la gestión a los partidos políticos.
Sinceramente, pienso, que su único fin es crear unos cuantos puestos políticos bien retribuidos para sus amigos y que desaparezca el buen ejemplo de administración y gestión que son, por lo general, las Juntas Vecinales, a través de sus Concejos.
De dónde recortaría alguien con sentido común, que sepa las cuatro reglas, y respete los principios de la Constitución de Estado social, democrático y derecho.
En primer lugar, para garantizar la igualdad de los españoles, la recentralización de la sanidad, la educación y la Justicia.
En segundo lugar, reducir a la mitad del número de parlamentarios, en cada parlamento autonómico. El nacional con 300 está bien.
Todas las empresas públicas, en sus distintas denominaciones (televisiones, fundaciones, etc.), disueltas o privatizadas.
Adecuar la organización administrativa de todo el estado, en los tres niveles: Local, Provincial-Autonómico y Estatal, con una delimitación clara de competencias. En la actualidad, algunas autonomías tienen hasta seis estructuras administrativas distintas.
Además, que a todas las Administraciones se les aplicaran las leyes y se les obligaran a cumplirlas, así como las sentencias judiciales. Si sus representantes no lo hacen, pues a “chirona”, tras el juicio correspondiente. Todos sabemos que actualmente no sucede. Es más se jactan de no cumplir.
Con estas pocas medidas no sería necesario, suprimir coches de línea, quitar médicos, cerrar escuelas, alejar la administración, etc. etc. aduciendo la excusa “porque no son rentables” (aunque hubiera que racionalizar). Ah, ni pedir el rescate.
La administración pública sería más eficaz, eficiente y estaría mejor coordinada, pues habría muchos menos políticos enredando, peloteando al jefecillo de su partido, y maquinado para justificar “su puesto”.
Si se mira en términos económicos el planteamiento de supresión de las Juntas Vecinales y el expolio de sus bienes no tiene justificación. Lo planteen como lo planteen, lo digan como lo digan. Es simplemente, abusar del débil y del mayor que no sabe manejar el ordenador ni el Internet.
Un abrazo a todos los que protestan en Omaña, defendiendo su tierra, mi tierra, sus tradiciones, mis tradiciones, sus costumbres, mis costumbres, y sus bienes, desde los principios de la Edad Media y, que ahora, unos iluminados del siglo XXI, se los quieren arrebatar.
Otro día para desengrasar, os contaré cómo era la Fiesta de San Miguel
Desde las últimas elecciones generales, se viene insistiendo que la crisis económica viene dada por la sobredimensión de lo público y que debe reformarse la estructura administrativa del Estado.
Planteamiento, formulado en esos términos, con el que estoy de acuerdo.
El problema surge con el “de dónde” recortamos.
Nuestros gobernantes, han descubierto el gran sumidero que se traga millones y millones de euros: Las Juntas Vecinales y sus Concejos abiertos.
De poco sirve que se les demuestre con hechos, obras y cifras que no deben nada a nadie, que los que tienen la responsabilidad de gestionar los bienes comunes, no cobran, y que los beneficios que obtienen de esos bienes, repito de sus bienes comunales, los invierten en el arreglo de vías de comunicación, o de servicio común del pueblo.
La Constitución Española de 1.978, reconoce como derecho: La Propiedad Privada, pues bien, estos bienes son de cada uno de los pueblos, cada uno tiene los propios, los suyos. Ahora, unos políticos disfrazados de demócratas se quieren cargar la Ley de Leyes, la tradición y la Costumbre. Y utilizan el argumento “que las Juntas Vecinales son opacas en su gestión”. Lo formulan sin ruborizarse, unos tíos que excluyen por ley, aprobada por ellos, la transparencia de la gestión a los partidos políticos.
Sinceramente, pienso, que su único fin es crear unos cuantos puestos políticos bien retribuidos para sus amigos y que desaparezca el buen ejemplo de administración y gestión que son, por lo general, las Juntas Vecinales, a través de sus Concejos.
De dónde recortaría alguien con sentido común, que sepa las cuatro reglas, y respete los principios de la Constitución de Estado social, democrático y derecho.
En primer lugar, para garantizar la igualdad de los españoles, la recentralización de la sanidad, la educación y la Justicia.
En segundo lugar, reducir a la mitad del número de parlamentarios, en cada parlamento autonómico. El nacional con 300 está bien.
Todas las empresas públicas, en sus distintas denominaciones (televisiones, fundaciones, etc.), disueltas o privatizadas.
Adecuar la organización administrativa de todo el estado, en los tres niveles: Local, Provincial-Autonómico y Estatal, con una delimitación clara de competencias. En la actualidad, algunas autonomías tienen hasta seis estructuras administrativas distintas.
Además, que a todas las Administraciones se les aplicaran las leyes y se les obligaran a cumplirlas, así como las sentencias judiciales. Si sus representantes no lo hacen, pues a “chirona”, tras el juicio correspondiente. Todos sabemos que actualmente no sucede. Es más se jactan de no cumplir.
Con estas pocas medidas no sería necesario, suprimir coches de línea, quitar médicos, cerrar escuelas, alejar la administración, etc. etc. aduciendo la excusa “porque no son rentables” (aunque hubiera que racionalizar). Ah, ni pedir el rescate.
La administración pública sería más eficaz, eficiente y estaría mejor coordinada, pues habría muchos menos políticos enredando, peloteando al jefecillo de su partido, y maquinado para justificar “su puesto”.
Si se mira en términos económicos el planteamiento de supresión de las Juntas Vecinales y el expolio de sus bienes no tiene justificación. Lo planteen como lo planteen, lo digan como lo digan. Es simplemente, abusar del débil y del mayor que no sabe manejar el ordenador ni el Internet.
Un abrazo a todos los que protestan en Omaña, defendiendo su tierra, mi tierra, sus tradiciones, mis tradiciones, sus costumbres, mis costumbres, y sus bienes, desde los principios de la Edad Media y, que ahora, unos iluminados del siglo XXI, se los quieren arrebatar.
Otro día para desengrasar, os contaré cómo era la Fiesta de San Miguel
