Poco después del anuncio de los indultos, se concedió una medalla póstuma a Melitón Manzanas, ex jefe de una unidad de la policía secreta en San Sebastián (Guipúzcoa) durante la dictadura de Franco.
Melitón Manzanas fue responsable de la tortura de centenares de vascos durante el régimen franquista y era un conocido colaborador de la Gestapo que durante la Ocupación Nazi ayudó a detener a judíos que trataban de huir a través de la frontera del sur de Francia. Fue la primera víctima elegida por un comando de ETA en agosto de 1968. Precisamente, la condecoración que se le ha concedido es una medalla a las víctimas del terrorismo.
Amnistía Internacional ha declarado: "el conceder una condecoración a alguien que ha ignorado de forma tan flagrante los derechos fundamentales a la vida y a no ser torturado constituye una burla hacia cualquier sistema de concesión de honores".
Las autoridades españolas han ratificado tratados de derechos humanos y están sometidas a disposiciones constitucionales según las cuales deben proteger el derecho a la vida e impedir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Amnistía Internacional ha declarado: "El gobierno español debe poner fin al trato de favor hacia aquéllos que matan y torturan en nombre del estado. Cualquier comportamiento que se aparte de esta norma constituirá una burla de las leyes españolas".
Melitón Manzanas fue responsable de la tortura de centenares de vascos durante el régimen franquista y era un conocido colaborador de la Gestapo que durante la Ocupación Nazi ayudó a detener a judíos que trataban de huir a través de la frontera del sur de Francia. Fue la primera víctima elegida por un comando de ETA en agosto de 1968. Precisamente, la condecoración que se le ha concedido es una medalla a las víctimas del terrorismo.
Amnistía Internacional ha declarado: "el conceder una condecoración a alguien que ha ignorado de forma tan flagrante los derechos fundamentales a la vida y a no ser torturado constituye una burla hacia cualquier sistema de concesión de honores".
Las autoridades españolas han ratificado tratados de derechos humanos y están sometidas a disposiciones constitucionales según las cuales deben proteger el derecho a la vida e impedir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Amnistía Internacional ha declarado: "El gobierno español debe poner fin al trato de favor hacia aquéllos que matan y torturan en nombre del estado. Cualquier comportamiento que se aparte de esta norma constituirá una burla de las leyes españolas".