Domingo, 20 de mayo de 2007
El Mundo La Cronica de León
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GRAJAL DE CAMPOS
El silencio administrativo de la Junta propició el expolio de las obras
GRAJAL DE CAMPOS.— El largo contencioso del pueblo de Grajal y la cofradía de San Antonio con el Obispado y las monjas Carmelitas parece entrar en una nueva fase en la que el silencio como respuesta de la Dirección Territorial de Patrimonio también puede haber tenido mucho que ver en la salida de tres piezas de arte de León a Toledo. Todo empezó cuando las monjas se trasladaron a Toledo y se llevaron –y se niegan a devolver– tres piezas artísticas que pertenecen a la Iglesia de La Antigua y que están consideradas como esculturas «de valor importante y sentimental inimaginable». Son una imagen de Cristo Yacente, una talla de la Inmaculada Concepción (ambas del siglo XVII) y un San José con el Niño en brazos.
El contencioso entra en una nueva fase pues el Obispado ha realizado un acercamiento al pueblo y la cofradía al devolverles, como estos pedían, los libros de actas que ayudarían a probar la titularidad de las tres imágenes que la Orden Tercera, conocida como la cofradía de San Antonio, se disputa con la congregación de Carmelitas Descalzas que se apropió de ellas de forma «indebida» según consta en la denuncia que se ha formulado en su contra. Este acercamiento ha propiciado que se conozcan nuevos detalles del largo contencioso y se vayan entendiendo algunas palabras como las pronunciadas por Gómez Rascón, a preguntas de este periódico, en las que afirmaba que «desde el Obispado se ha hecho todo lo que tenía que hacerse ante las instituciones. Se ha hecho con todo el rigor, para que no salieran las tallas, y ahora para que se recuperen. Todos los pasos, desde el punto de vista moral, jurídico y legal, todos, se han dado todos».
Sí se había dicho ya que el Obispado 'avisó' a las monjas de que no estaban legitimadas para llevarse las tallas, pues no eran de su propiedad. Ya en julio de 2006 se les indicó que antes de mover ninguna obra «debían solicitar formalmente al Obispado y a la Junta los correspondientes permisos». La madre abadesa contestó a este requerimiento y pidió autorización para el traslado, pero no documenta, como se le pedía, la titularidad de las piezas que pretende llevar a Toledo. Al no poder acreditar legalmente la posesión, la abadesa ofrece un argumento, cuando menos, curioso: «También tenemos mucha devoción a la Inmaculada y a San José de la iglesia, por ello, si pudiéramos la llevaríamos también, ya que las vigas están en tan malas condiciones que corren peligro. Si la iglesia no se abre y se hunden nos quedamos todos sin ellas».
Se refieren a la plaga de termitas que tuvo el convento y que fue la causa oficial de su traslado a Toledo. El Obispado les remite una carta en la que insiste en que sólo «se lleven aquellas obras que sin duda pertenecen a la Comunidad», entre las que «no están» las tres imágenes citadas y también se les advierte de que «hay un evidente desencuentro con el pueblo por lo que podrían desencadenar un grave conflicto» que, posteriormente, se desencadenó.
Hay un tercer aspecto de aquella carta que podría ser al que se refiere Rascón cuando afirma que «el Obispado ha hecho lo que tenía que hacer ante las instituciones» pues en la carta se les dice a las monjas que la legislación civil vigente tiene un ámbito de competencias».
Y en ese ámbito civil tiene que entrar en juego, por fuerza, la Comisión Territorial de Patrimonio en cuya sesión del 6 de octubre de 2006 se estudia la solicitud de la abadesa, una carta similar a la enviada al Obispado. Allí el representante de la Diócesis informa claramente de que la titularidad de las piezas no forman parte del patrimonio de las Madres Carmelitas Descalzas» y el delegado territorial, Eduardo Fernández, advierte de que la autorización del traslado supondría la salida de las piezas fuera de Castilla y León, «lo que podría generar una grave alarma social», según se recoge en el acta de aquella Comisión Territorial, por lo que se decide «enviar la solicitud a la Dirección General de Patrimonio y al Obispado».
El Mundo La Cronica de León
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GRAJAL DE CAMPOS
El silencio administrativo de la Junta propició el expolio de las obras
GRAJAL DE CAMPOS.— El largo contencioso del pueblo de Grajal y la cofradía de San Antonio con el Obispado y las monjas Carmelitas parece entrar en una nueva fase en la que el silencio como respuesta de la Dirección Territorial de Patrimonio también puede haber tenido mucho que ver en la salida de tres piezas de arte de León a Toledo. Todo empezó cuando las monjas se trasladaron a Toledo y se llevaron –y se niegan a devolver– tres piezas artísticas que pertenecen a la Iglesia de La Antigua y que están consideradas como esculturas «de valor importante y sentimental inimaginable». Son una imagen de Cristo Yacente, una talla de la Inmaculada Concepción (ambas del siglo XVII) y un San José con el Niño en brazos.
El contencioso entra en una nueva fase pues el Obispado ha realizado un acercamiento al pueblo y la cofradía al devolverles, como estos pedían, los libros de actas que ayudarían a probar la titularidad de las tres imágenes que la Orden Tercera, conocida como la cofradía de San Antonio, se disputa con la congregación de Carmelitas Descalzas que se apropió de ellas de forma «indebida» según consta en la denuncia que se ha formulado en su contra. Este acercamiento ha propiciado que se conozcan nuevos detalles del largo contencioso y se vayan entendiendo algunas palabras como las pronunciadas por Gómez Rascón, a preguntas de este periódico, en las que afirmaba que «desde el Obispado se ha hecho todo lo que tenía que hacerse ante las instituciones. Se ha hecho con todo el rigor, para que no salieran las tallas, y ahora para que se recuperen. Todos los pasos, desde el punto de vista moral, jurídico y legal, todos, se han dado todos».
Sí se había dicho ya que el Obispado 'avisó' a las monjas de que no estaban legitimadas para llevarse las tallas, pues no eran de su propiedad. Ya en julio de 2006 se les indicó que antes de mover ninguna obra «debían solicitar formalmente al Obispado y a la Junta los correspondientes permisos». La madre abadesa contestó a este requerimiento y pidió autorización para el traslado, pero no documenta, como se le pedía, la titularidad de las piezas que pretende llevar a Toledo. Al no poder acreditar legalmente la posesión, la abadesa ofrece un argumento, cuando menos, curioso: «También tenemos mucha devoción a la Inmaculada y a San José de la iglesia, por ello, si pudiéramos la llevaríamos también, ya que las vigas están en tan malas condiciones que corren peligro. Si la iglesia no se abre y se hunden nos quedamos todos sin ellas».
Se refieren a la plaga de termitas que tuvo el convento y que fue la causa oficial de su traslado a Toledo. El Obispado les remite una carta en la que insiste en que sólo «se lleven aquellas obras que sin duda pertenecen a la Comunidad», entre las que «no están» las tres imágenes citadas y también se les advierte de que «hay un evidente desencuentro con el pueblo por lo que podrían desencadenar un grave conflicto» que, posteriormente, se desencadenó.
Hay un tercer aspecto de aquella carta que podría ser al que se refiere Rascón cuando afirma que «el Obispado ha hecho lo que tenía que hacer ante las instituciones» pues en la carta se les dice a las monjas que la legislación civil vigente tiene un ámbito de competencias».
Y en ese ámbito civil tiene que entrar en juego, por fuerza, la Comisión Territorial de Patrimonio en cuya sesión del 6 de octubre de 2006 se estudia la solicitud de la abadesa, una carta similar a la enviada al Obispado. Allí el representante de la Diócesis informa claramente de que la titularidad de las piezas no forman parte del patrimonio de las Madres Carmelitas Descalzas» y el delegado territorial, Eduardo Fernández, advierte de que la autorización del traslado supondría la salida de las piezas fuera de Castilla y León, «lo que podría generar una grave alarma social», según se recoge en el acta de aquella Comisión Territorial, por lo que se decide «enviar la solicitud a la Dirección General de Patrimonio y al Obispado».