Todavía hoy algunos balazos parecen conservar intacto su poder destructivo. Durante las primeras semanas de este mes se exhumó una fosa común de más de treinta metros de largo en Gumiel de Izán (Burgos). La hipótesis de que allí estuvieran enterrados un grupo de ferroviarios que fueron asesinados el 18 de agosto de 1936 es una de las que se barajan para poder llegar a establecer la identidad de aquellos muertos que yacen, uno detrás de otro, en un paraje conocido como La Legua. Los investigadores han establecido, a partir de las vainas de fusil y las balas rotas encontradas junto a los huesos, que muchos de ellos cayeron allí mismo de un disparo en la cabeza. Son esos balazos los que siguen resonando porque todavía no se sabe a quiénes se llevaron por delante. Se han encontrado un crucifijo, que pudo haber pertenecido a un franciscano de la zona al que trataban de rojo por criticar la miseria en la que vivían los campesinos, y un corsé ortopédico, que acaso perteneció a un maquinista de la estación de Aranda de Duero.
Las fosas con los restos de los que fueron asesinados por las fuerzas franquistas ha sido seguramente uno de los temas relacionados con la Guerra Civil que más presentes han estado en la sociedad española durante estos últimos años. Fueron muchos nietos de los que padecieron el conflicto los que, en un momento dado, preguntaron por sus abuelos. Y es ahí donde empezaron las respuestas vagas o los silencios y se hizo evidente, según cuentan muchos de los que se embarcaron en estos procesos, un miedo que seguía vivo en los supervivientes pese al tiempo transcurrido.
La torpeza a la hora de gestionar políticamente la legítima demanda de muchos familiares para recuperar a sus muertos, y poder así volver a enterrarlos y realizar ese duelo postergado desde hace tanto tiempo, ha generado numerosas tensiones que parecían desaparecidas, y que subieron de intensidad cuando el juez Baltasar Garzón, ante la alarmante falta de eficacia de la llamada Ley de la Memoria Histórica para resolver estos problemas, decidió intervenir. No son, sin embargo, solo las fosas las que han reclamado la atención de una sociedad que cada vez tiene menos que ver con la que padeció la dictadura de Franco y que, por tanto, se pregunta por el sentido de la pervivencia de algunos símbolos que siguen glorificando aquel régimen. Un grupo de expertos está discutiendo qué hacer con el Valle de los Caídos, el complejo monumental donde está enterrado Franco.
Las fosas con los restos de los que fueron asesinados por las fuerzas franquistas ha sido seguramente uno de los temas relacionados con la Guerra Civil que más presentes han estado en la sociedad española durante estos últimos años. Fueron muchos nietos de los que padecieron el conflicto los que, en un momento dado, preguntaron por sus abuelos. Y es ahí donde empezaron las respuestas vagas o los silencios y se hizo evidente, según cuentan muchos de los que se embarcaron en estos procesos, un miedo que seguía vivo en los supervivientes pese al tiempo transcurrido.
La torpeza a la hora de gestionar políticamente la legítima demanda de muchos familiares para recuperar a sus muertos, y poder así volver a enterrarlos y realizar ese duelo postergado desde hace tanto tiempo, ha generado numerosas tensiones que parecían desaparecidas, y que subieron de intensidad cuando el juez Baltasar Garzón, ante la alarmante falta de eficacia de la llamada Ley de la Memoria Histórica para resolver estos problemas, decidió intervenir. No son, sin embargo, solo las fosas las que han reclamado la atención de una sociedad que cada vez tiene menos que ver con la que padeció la dictadura de Franco y que, por tanto, se pregunta por el sentido de la pervivencia de algunos símbolos que siguen glorificando aquel régimen. Un grupo de expertos está discutiendo qué hacer con el Valle de los Caídos, el complejo monumental donde está enterrado Franco.
