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-PARA QUIEN NO LES LLEGUE O NO LEAN- el
DIARIO DE AVILA

El futuro de Ávila, pendiente de la estabilidad política

diariodeavila. es - domingo, 3 de enero de 2016

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Las principales cuestiones que se apuntan claves para el desarrollo de la provincia en 2016 dependen del Gobierno central.
Arranca el año 2016 y lo hace con una serie de cuestiones que se apuntan como claves para el futuro de Ávila, en una serie de áreas que afectan a todos los aspectos importantes para el desarrollo de una sociedad que ahora mismo está marcada por la alta tasa de paro, las carencias en las comunicaciones y la falta de proyectos a los que engancharse para poder mejorar en sus condiciones económicas, lo que arrastraría al resto de áreas.
Después de un año electoral en todas sus vertientes posibles, el 2016 tiene en este sentido en Ávila la misma incógnita que en el resto del país. Que se acabe formando Gobierno nacional después de los resultados del 20 de diciembre es un hecho del que dependen buena parte de las expectativas de futuro para la provincia. Cualquier retraso en este sentido y sobre todo la posibilidad de que se repitan las Elecciones paralizaría las medidas dependientes del Ejecutivo central, las más importantes a la hora de abordar el problema del paro, las infraestructuras y las comunicaciones, ya que aquí los márgenes de maniobra tanto de Junta como de Ayuntamiento son muy menores.
Además, la presunta debilidad de quien salga elegido presidente del Gobierno por su dependencia de los pactos para poder ejecutar cualquier acción, no es algo que parezca a priori que pueda favorecer la llegada de las inversiones que los abulenses están necesitando y de las que han estado huérfanos cuando ha habido mayorías absolutas tanto de PP como de PSOE, lo que les facilitaba a ambos la opción de haberlas adoptado.
Pendientes pues de esa cuestión, no menor, políticamente hablando el interés en el año que viene está marcado por la situación interna tanto de Partido Popular, que tendrá que cambiar de presidente provincial 16 años después tras el anuncio de Antolín Sanz de dejar la política, como del PSOE, del que conviene recordar que sigue dirigido por una gestora que iba para breve pero cuya presencia se está alargando en el tiempo.
Más allá de lo rumores que circulan por la ciudad sobre posibles cambios en el Ayuntamiento, y no sólo en el equipo de gobierno, de momento lo que sí es seguro que este año habrá nuevo presidente de los populares. El que salga elegido en el Congreso cuya fecha aún no ha sido anunciada, pero que podría dejarse para después del verano, tendrá la tarea de pacificar una formación cuyas desavenencias internas quedaron aireadas en la elección de presidente de la Diputación tras las elecciones municipales de mayo. El nuevo rumbo del PP, con Sánchez Cabrera y quienes le apoyaron para su nombramiento como principales abanderados, tendrá que certificarse y recogerse en ese congreso. Por cierto que para finales de primavera de este año se terminará el año de suspensión de militancia que el Comité de Derechos y Garantías del PP impuso a Sánchez Cabrera y al diputado Jesús Martín por ser los cabezas visibles de la rebelión frente al candidato del partido en la Diputación, Pablo Luis Gómez. Los nombres para sustituir a Sanz son como esos rumores que afectan al futuro municipal, muchos, pero sin confirmación ni siquiera semi-oficial.
En el PSOE lo que se espera para este 2016 es que se pueda convocar por fin el congreso para la elección de secretario provincial, puesto vacante desde junio de 2014. Los aceptables resultados en las elecciones municipales, en donde el PSOE mantuvo los cuatro concejales, y en las generales, en las que Pedro José Muñoz derrotó a las encuestas que le quitaban el escaño a favor de Ciudadanos, han tranquilizado una situación que, no obstante, se espera desatascar durante este año.

infraestructuras. No se espera grandes avances en este aparado en el año 2016 en la provincia de Ávila, dado el escaso nivel inversor mostrado por las diferentes administraciones en esta materia, arrinconada ante la necesidad de desviar la mayoría de los recursos a los servicios sociales para la atención a las personas, que se ha convertido en el objetivo principal tanto desde el Ejecutivo central, como el autonómico y local.