21- Todos los cargos públicos promoverán y utilizarán los transportes públicos, salvo los cargos que por seguridad o protocolo necesiten vehículos, siendo estos de emisiones de co2 0.
Los vehículos oficiales de ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas públicas y demás, serán de emisiones 0 o baja emisión, y serán responsables de su cuidado los que de ellos hagan uso, haciéndose cargo de las averías y gastos innecesarios que se deriven de su mal uso, haciendo un buen aprovechamiento de los vehículos viajando más gente en el y evitando viajes innecesarios o privados.
Se promoverán leyes que disuadan a la gente de dañar los bienes públicos, empleando medios disuasorios como la buena educación, la responsabilidad y como no, las sanciones económicas cuando las personas sean reiterativas en el daño o mal uso de lo público.
21- Los cargos públicos solo podrán serlo por un periodo no mayor a ocho años, no pudiendo serlo de nuevo en al menos doce años, para evitar el acomodamiento de los mismos, y así evitar en lo posible las malas tentaciones que crean el poder.
22- Todas las propuestas que se debatan en el congreso deberán ser presentadas al pueblo, y mediante referendún vinculante, aprobadas según el resultado del referendún.
El senado se regirá por las mismas normas que el congreso con la salvedad que tendrá la competencia real de las políticas de las autonomias, que es para lo que se cró en origen.
23- El régimen fiscal será igual en todo el territorio español, siendo los impuestos los mismos y en el tanto por ciento igual, no pudiendo tener un tanto por ciento distinto un lugar a otro.
Todos los ayuntamientos recibirán el mismo importe proporcional por habitante, no pudiendo haber discriminación por el territorio o por el signo de gobierno.
Los impuestos serán proporcionales al poder adquisitivo y nivel de riqueza, aumentando el tanto por ciento según los niveles de renta, pagando más los que más ganan.
No se permitirá las deducciones por donaciones de las empresas, y será efectivo y real el tanto por ciento que las empresas deberán pagar de los impuestos, cosa que ahora se reduce del 30% ficticio al 16% real con la consiguiente pérdida de recaudación de hacienda, mientras que a los asalariados y pequeños empresarios la presión fiscal sube a más del 20%.
No se permitirán las donaciones privadas ni de empresas a partidos políticos, debiendo estos financiarse de otra forma.
Tampoco podrán financiarse del Estado, pues el Estado, por ley, no podrá asignarles dinero alguno, debiendo por lo tanto financiarse mediante cuotas de los afiliados o de otra forma imaginativa, pero no de los dineros públicos.
Para los sindicatos se aplicará la misma norma que para los partidos políticos.
Los sindicalistas elegidos mediante elecciones de los trabajadores seguirán desarrollando el trabajo que le corresponda en la empresa donde estén empleados en su horario laboral, reuniéndose los comités de empresa después de la jornada laboral, dejando de existir el sindicalista liberado.
Las empresas que repartan dividendo estos no podrán exceder del 30% del beneficio, empleando el resto en nuevas inversiones y en rebajar la deuda corporativa, estas mismas empresas estarán obligadas por ley a repartir beneficios a los trabajadores mediante acciones propias o de autocartera para fomentar la responsabilidad de los empleados y la complicidad con la empresa al ser parte de los dueños de ella, como por ejemplo Inditex, que con esa política empresarial implica a los empleados para que sean más competitivos.
Los sueldos de los altos ejecutivos no podrán ser superiores en más de un 50% a la media de los sueldos de los empleados de base y las remuneraciones por objetivos serán en acciones de la empresa.
Los altos ejecutivos serán por ley los máximos responsables ante la justicia de la marcha de las empresas, y serán perseguidos por ley cuando hagan quebrar o dañen económicamente a las empresas, respondiendo con su patrimonio y el de los familiares hasta el segundo grado por las pérdidas causadas por la mala practica empresarial.
Todos los empleados de una empresa, sean estas privadas o públicas serán responsables de su trabajo mal hecho en la medida correspondiente a su categoria.
Los vehículos oficiales de ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas públicas y demás, serán de emisiones 0 o baja emisión, y serán responsables de su cuidado los que de ellos hagan uso, haciéndose cargo de las averías y gastos innecesarios que se deriven de su mal uso, haciendo un buen aprovechamiento de los vehículos viajando más gente en el y evitando viajes innecesarios o privados.
Se promoverán leyes que disuadan a la gente de dañar los bienes públicos, empleando medios disuasorios como la buena educación, la responsabilidad y como no, las sanciones económicas cuando las personas sean reiterativas en el daño o mal uso de lo público.
21- Los cargos públicos solo podrán serlo por un periodo no mayor a ocho años, no pudiendo serlo de nuevo en al menos doce años, para evitar el acomodamiento de los mismos, y así evitar en lo posible las malas tentaciones que crean el poder.
22- Todas las propuestas que se debatan en el congreso deberán ser presentadas al pueblo, y mediante referendún vinculante, aprobadas según el resultado del referendún.
El senado se regirá por las mismas normas que el congreso con la salvedad que tendrá la competencia real de las políticas de las autonomias, que es para lo que se cró en origen.
23- El régimen fiscal será igual en todo el territorio español, siendo los impuestos los mismos y en el tanto por ciento igual, no pudiendo tener un tanto por ciento distinto un lugar a otro.
Todos los ayuntamientos recibirán el mismo importe proporcional por habitante, no pudiendo haber discriminación por el territorio o por el signo de gobierno.
Los impuestos serán proporcionales al poder adquisitivo y nivel de riqueza, aumentando el tanto por ciento según los niveles de renta, pagando más los que más ganan.
No se permitirá las deducciones por donaciones de las empresas, y será efectivo y real el tanto por ciento que las empresas deberán pagar de los impuestos, cosa que ahora se reduce del 30% ficticio al 16% real con la consiguiente pérdida de recaudación de hacienda, mientras que a los asalariados y pequeños empresarios la presión fiscal sube a más del 20%.
No se permitirán las donaciones privadas ni de empresas a partidos políticos, debiendo estos financiarse de otra forma.
Tampoco podrán financiarse del Estado, pues el Estado, por ley, no podrá asignarles dinero alguno, debiendo por lo tanto financiarse mediante cuotas de los afiliados o de otra forma imaginativa, pero no de los dineros públicos.
Para los sindicatos se aplicará la misma norma que para los partidos políticos.
Los sindicalistas elegidos mediante elecciones de los trabajadores seguirán desarrollando el trabajo que le corresponda en la empresa donde estén empleados en su horario laboral, reuniéndose los comités de empresa después de la jornada laboral, dejando de existir el sindicalista liberado.
Las empresas que repartan dividendo estos no podrán exceder del 30% del beneficio, empleando el resto en nuevas inversiones y en rebajar la deuda corporativa, estas mismas empresas estarán obligadas por ley a repartir beneficios a los trabajadores mediante acciones propias o de autocartera para fomentar la responsabilidad de los empleados y la complicidad con la empresa al ser parte de los dueños de ella, como por ejemplo Inditex, que con esa política empresarial implica a los empleados para que sean más competitivos.
Los sueldos de los altos ejecutivos no podrán ser superiores en más de un 50% a la media de los sueldos de los empleados de base y las remuneraciones por objetivos serán en acciones de la empresa.
Los altos ejecutivos serán por ley los máximos responsables ante la justicia de la marcha de las empresas, y serán perseguidos por ley cuando hagan quebrar o dañen económicamente a las empresas, respondiendo con su patrimonio y el de los familiares hasta el segundo grado por las pérdidas causadas por la mala practica empresarial.
Todos los empleados de una empresa, sean estas privadas o públicas serán responsables de su trabajo mal hecho en la medida correspondiente a su categoria.