El Congreso será la arena en la que el PP librará su batalla para cobrarse la «cabeza» de Alonso como responsable, en su cargo de ministro del Interior, de las «PRIMERAS DETENCIONES POLíTICAS DE LA DEMOCRACIA». Si esa depuración de responsabilidades no se produce, los «populares» se plantean incluso solicitar la apertura de una comisión de investigación para exigir comparecencias y documentos.
El portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, le acusó ayer, con el diario de sesiones en la mano, de «mentir» cuando ocupaba la cartera de Interior, al tiempo que emplazó a Rodríguez Zapatero a tener la «gallardía» de responder a la petición de que acuda a la Cámara a dar explicaciones sobre uno de los «mayores escándalos de la democracia».
También arremetió contra el «papelón» del fiscal general del Estado, por «haber dejado indefensos los derechos de dos ciudadanos por el mero hecho de ser militantes del PP». El Grupo Popular ha elaborado un informe, centrado especialmente en la comparecencia de Alonso del 3 de febrero de 2005, que recoge diez «evidencias, confirmadas por el auto judicial», que el ministro negó.
1. La supuesta agresión a Bono. El ministro mantuvo que si «Bono dice que fue sujeto pasivo de agresiones, empujones, patadas... Merece una credibilidad clara». «Les recuerdo que la Policía dispone de vídeos, fotos, partes de lesiones y resto de evidencias, así como de las manifestaciones públicas del ministro de Defensa», añadió el 29 de junio de 2005.
2. Manipulación de las diligencias. Justificó las diligencias en que se había cometido un «delito de atentado». El auto judicial, sin embargo, considera probado que, desde el primer momento, los funcionarios policiales disponían de «material probatorio suficiente para la exculpación» de los militantes.
3. Cambio de instructores. Afirmó que «es falso que hubiera habido tres instructores de las diligencias» -la sentencia le desmiente.
4. Expulsión del segundo instructor. El auto considera probado que el segundo de los instructores fue relegado el 25 de enero de 2005 por su negativa a practicar la detención. Alonso lo negó: «Es falso que el comisario-jefe expulsara de dependencias policiales a un funcionario antes mencionado, e igualmente falso que hubiera habido tres instructores».
5. Fraudulenta identificación de militantes. El ministro mantuvo que «la Policía cruza las fotos y los vídeos de la manifestación con los archivos del DNI, identifica a esas dos personas, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz. La Policía determina, después de analizar todas esas evidencias -vídeos, fotos, declaraciones...- que existen motivos racionales para entenderlos implicados en los hechos». La sentencia, en la línea de lo que le replicó en su día Zaplana, demuestra que en el material visionado y en las comparecencias no había constancia de agresión ni de que los detenidos «hubieran participado en actos de hostigamiento».
6. Falsa imputación. «Hay motivos racionales y suficientes para entender que existe tal tipo penal», sostuvo Alonso. La sentencia considera probado que la detención se produce sobre una falsa imputación en la comisión del delito de atentado.
7. Detención ilegal. «Nada de detención ilegal», dijo en su comparecencia parlamentaria -el fallo condena a tres policías por ese delito.
8. Responsabilidad del delegado del Gobierno. Exculpó al delegado del Gobierno de cualquier responsabilidad política, a pesar de que Zaplana le recordó que Méndez hizo el anuncio de las detenciones cuando todavía, el 24 de enero, no había identificaciones.
9. Intencionalidad política. «Ni el ministro ni ninguna persona de la estructura política dirigió ninguna orden o consigna alguna», proclamó, negando la afirmación de Zaplana de que le constaba que sí hubo voluntad política, que el fallo confirma.
10 Falta de pruebas. Defendió la profesionalidad de los funcionarios implicados en la detención, asegurando que existían «indicios de autoría» para detener a los militantes. ... (ver texto completo)
El portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, le acusó ayer, con el diario de sesiones en la mano, de «mentir» cuando ocupaba la cartera de Interior, al tiempo que emplazó a Rodríguez Zapatero a tener la «gallardía» de responder a la petición de que acuda a la Cámara a dar explicaciones sobre uno de los «mayores escándalos de la democracia».
También arremetió contra el «papelón» del fiscal general del Estado, por «haber dejado indefensos los derechos de dos ciudadanos por el mero hecho de ser militantes del PP». El Grupo Popular ha elaborado un informe, centrado especialmente en la comparecencia de Alonso del 3 de febrero de 2005, que recoge diez «evidencias, confirmadas por el auto judicial», que el ministro negó.
1. La supuesta agresión a Bono. El ministro mantuvo que si «Bono dice que fue sujeto pasivo de agresiones, empujones, patadas... Merece una credibilidad clara». «Les recuerdo que la Policía dispone de vídeos, fotos, partes de lesiones y resto de evidencias, así como de las manifestaciones públicas del ministro de Defensa», añadió el 29 de junio de 2005.
2. Manipulación de las diligencias. Justificó las diligencias en que se había cometido un «delito de atentado». El auto judicial, sin embargo, considera probado que, desde el primer momento, los funcionarios policiales disponían de «material probatorio suficiente para la exculpación» de los militantes.
3. Cambio de instructores. Afirmó que «es falso que hubiera habido tres instructores de las diligencias» -la sentencia le desmiente.
4. Expulsión del segundo instructor. El auto considera probado que el segundo de los instructores fue relegado el 25 de enero de 2005 por su negativa a practicar la detención. Alonso lo negó: «Es falso que el comisario-jefe expulsara de dependencias policiales a un funcionario antes mencionado, e igualmente falso que hubiera habido tres instructores».
5. Fraudulenta identificación de militantes. El ministro mantuvo que «la Policía cruza las fotos y los vídeos de la manifestación con los archivos del DNI, identifica a esas dos personas, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz. La Policía determina, después de analizar todas esas evidencias -vídeos, fotos, declaraciones...- que existen motivos racionales para entenderlos implicados en los hechos». La sentencia, en la línea de lo que le replicó en su día Zaplana, demuestra que en el material visionado y en las comparecencias no había constancia de agresión ni de que los detenidos «hubieran participado en actos de hostigamiento».
6. Falsa imputación. «Hay motivos racionales y suficientes para entender que existe tal tipo penal», sostuvo Alonso. La sentencia considera probado que la detención se produce sobre una falsa imputación en la comisión del delito de atentado.
7. Detención ilegal. «Nada de detención ilegal», dijo en su comparecencia parlamentaria -el fallo condena a tres policías por ese delito.
8. Responsabilidad del delegado del Gobierno. Exculpó al delegado del Gobierno de cualquier responsabilidad política, a pesar de que Zaplana le recordó que Méndez hizo el anuncio de las detenciones cuando todavía, el 24 de enero, no había identificaciones.
9. Intencionalidad política. «Ni el ministro ni ninguna persona de la estructura política dirigió ninguna orden o consigna alguna», proclamó, negando la afirmación de Zaplana de que le constaba que sí hubo voluntad política, que el fallo confirma.
10 Falta de pruebas. Defendió la profesionalidad de los funcionarios implicados en la detención, asegurando que existían «indicios de autoría» para detener a los militantes. ... (ver texto completo)
