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Cuando los ciudadanos participan en la producción de energía
Por Ferran Martínez-Aira
La regulación española de las comunidades energética locales podría suponer un gran avance, revolucionando el actual panorama del sistema eléctrico español y facilitando la participación e inclusión de la ciudadanía en él. Gracias a las comunidades energéticas, algunos de los aspectos claves de la transición energética en las ciudades, como la climatización, la eficiencia, la generación con renovables o la movilidad eléctrica podrían estar en manos de la ciudadanía, aumentando su empoderamiento energético, su concienciación sobre el consumo responsable y su apoyo a la sostenibilidad ambiental.
Su definición se ha transpuesto a la legislación española (más allá de la diferencia terminológica que habrá que solventar), pero solo de manera parcial, sin entrar en su desarrollo jurídico, técnico y financiero. En junio de 2020, el Real Decreto Ley 23/2020 introducía la figura de las comunidades de energías renovables en la normativa de nuestro país, con el fin de incrementar la participación de los ciudadanos y de las autoridades locales en los proyectos de energías renovables, lo que permitiría una mayor aceptación local de estas energías y una mayor participación de los ciudadanos en la transición energética.
Más allá de su todavía necesario desarrollo normativo a nivel nacional, muchos habitantes de diferentes países europeos ya gozan de los beneficios de las comunidades energéticas, hasta ahora promovidas por los movimientos cooperativistas. El impulso y fomento de este movimiento comunitario en torno a la energía lo lleva a cabo la Federación Europea de Cooperativas de Energía Renovable, una organización que lleva desde 2011 apoyando la implantación de este nuevo modelo de asociaciones energéticas a través de diferentes proyectos, dotándolos de apoyo financiero y regulatorio, organizando eventos y elaborando numerosos informes técnicos.
En total, engloban alrededor de 1.500 cooperativas activas en eficiencia energética, generación de electricidad y calor a partir de fuentes renovables y movilidad eléctrica, siendo ya más de un millón de socios en 12 Estados Europeos. En España, esa labor de apoyo se realiza desde Unión Renovables, la unión de cooperativas de personas consumidoras y usuarias de energías renovables que agrupa a 19 cooperativas de ámbito municipal y regional, contando con más de 85.000 socios.
Entre los múltiples beneficios que podrían aportar las comunidades energéticas destacan el abanico de posibilidades para que los ciudadanos participen en la producción de energía (autoconsumo fotovoltaico compartido), en el consumo y en la distribución o reparto de la energía renovable. Según las directivas europeas, se les permitirá operar a lo largo de toda la cadena de valor de la electricidad. Por tanto, habrá una interacción continua con la red de distribución de cada ciudad al aproximar los sistemas de generación de electricidad a los puntos de consumo, generando un debate futuro sobre quien deberá ser propietario y gestor de las redes.
Por todo ello, parecen una excelente oportunidad para acelerar la transición energética en las ciudades, sobre todo en localizaciones de la España vaciada, fijando empleo y aunando intereses comunes en torno a asociaciones locales basadas en estrategias colectivas, inclusivas y participadas por socios. En este caso, el socio de la comunidad energética podría ser propietario de la instalación, una novedad que no ofrece ningún otro tipo de actor energético más allá de las instalaciones de autoconsumo.
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