La intromisión inaceptable de la Iglesia católica en los asuntos del Estado empieza a ser escandalosa. Alguien tendría que decirle a los obispos que se han producido dos grandes cambios: la Constitución de 1978 proclama que España es un pais aconfesional, rompiendo la tradición franquista que tanto añoran; y, por otro lado, tenemos un nuevo gobierno democrático fruto de las elecciones del 14-M. No sería lógico que José Luís Rodríguez Zapatero quisiera nombrar obispos ni cambiar las normas religiosas. Pero tampoco es lógico que estos señores vestidos de señora, riñan al Presidente del Gobierno por legalizar las bodas entre homosexuales. A Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del Cesar.
Fermín Bocos ha escrito un excelente artículo sobre este tema, en el que dice: No es nuevo que un obispo aproveche el púlpito para hacer política. En realidad, la Iglesia católica no ha hecho otra cosa desde los tiempos del Edicto de Milán. Lo que sí puede sonar a nuevo -por extemporáneo- es la oportunidad del arzobispo de Santiago de Compostela para trufar su prédica al apóstol con una crítica directa a la disposición del Gobierno para regular el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Nadie discute el derecho de la Iglesia a pronunciarse acerca de lo divino y lo humano puesto que los creyentes aceptan de buen grado su magisterio, pero la Conferencia Episcopal no puede extender esa tutela a los ciudadanos que no son católicos. El Reino de España es un Estado laico y el laicismo es el punto de encuentro que garantiza y permite el encuentro y la convivencia entre los creyentes y los no creyentes.
La jerarquía católica que tanto se acomodó en el pasado a ordenamientos políticos refractarios a las libertades públicas, no debería olvidar que en los sistemas democráticos es al Parlamento a quien corresponde dictar las leyes. Cualquier ensayo para establecer una estructura de pensamiento ajena a la expresión libre y democrática de las ideas está fuera de lugar. La Iglesia tiene derecho a decir lo que estime oportuno, pero a creyentes y no creyentes les puede llamar la atención que los mismos prelados que no encontraron ocasión para recordarle al anterior presidente, Aznar, que el Papa había dicho que participar en la guerra de Irak era un acto inmoral e ilegal, hayan aprovechado la presencia del Rey para leerle la cartilla a Rodríguez Zapatero.
Fermín Bocos ha escrito un excelente artículo sobre este tema, en el que dice: No es nuevo que un obispo aproveche el púlpito para hacer política. En realidad, la Iglesia católica no ha hecho otra cosa desde los tiempos del Edicto de Milán. Lo que sí puede sonar a nuevo -por extemporáneo- es la oportunidad del arzobispo de Santiago de Compostela para trufar su prédica al apóstol con una crítica directa a la disposición del Gobierno para regular el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Nadie discute el derecho de la Iglesia a pronunciarse acerca de lo divino y lo humano puesto que los creyentes aceptan de buen grado su magisterio, pero la Conferencia Episcopal no puede extender esa tutela a los ciudadanos que no son católicos. El Reino de España es un Estado laico y el laicismo es el punto de encuentro que garantiza y permite el encuentro y la convivencia entre los creyentes y los no creyentes.
La jerarquía católica que tanto se acomodó en el pasado a ordenamientos políticos refractarios a las libertades públicas, no debería olvidar que en los sistemas democráticos es al Parlamento a quien corresponde dictar las leyes. Cualquier ensayo para establecer una estructura de pensamiento ajena a la expresión libre y democrática de las ideas está fuera de lugar. La Iglesia tiene derecho a decir lo que estime oportuno, pero a creyentes y no creyentes les puede llamar la atención que los mismos prelados que no encontraron ocasión para recordarle al anterior presidente, Aznar, que el Papa había dicho que participar en la guerra de Irak era un acto inmoral e ilegal, hayan aprovechado la presencia del Rey para leerle la cartilla a Rodríguez Zapatero.