CESIONES DEL GOBIERNO A ETA
1. Ruptura del Pacto antiterrorista.
2. Internacionalización del “conflicto” con su debate en la Eurocámara: es una demanda histórica de ETA.
3. Resolución del Congreso autorizando la negociación. Dicha negociación no se interrumpe a pesar de que no se cumplen los requisitos que en ella se establecen.
4. Anuncio en un pasillo del Congreso, en la fecha elegida por ETA, del inicio de la negociación. El Congreso se limita ser el escenario para evitar entrar a debatir sobre las condiciones concretas de diálogo.
5. No ilegalización del PCTV a pesar de la multitud de indicios que lo señalan como una marca más de ETA-Batasuna.
6. Conversaciones con ETA mientras persiste el terrorismo urbano y la extorsión a los empresarios.
7. Aceptación de la metodología para la resolución del conflicto propuesta en Anoeta, mediante la constitución de dos mesas, una política y otra “técnica” sobre excarcelaciones y presos, lo que implica el reconocimiento del carácter político del conflicto y su resolución extraparlamentaria.
8. Visualización de esa metodología el 6 de julio en la reunión entre el PSE y Batasuna, siendo ésta una formación ilegal, y por tanto reconociéndole un papel político en el proceso de negociación.
9. PSE, PNV y Batasuna, mantienen reuniones secretas para la constitución de la mesa de partidos en la que se pretende debatir el futuro del País Vasco, Navarra y el conjunto de España.
10. Abandono a las víctimas que se han manifestado claramente en contra de cualquier cesión en pago del abandono de las armas. En cinco ocasiones han protagonizado manifestaciones multitudinarias contra la negociación política con ETA.
11. Destitución de Fungairiño como Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional.
12. El Ministerio del Interior se niega a aclarar el chivatazo a miembros de la red de extorsión de ETA.
13. Rebaja de la petición del Fiscal a De Juana Chaos de la pena de 96 a 6 años, para poner fin a la huelga de hambre que ponía en riesgo el proceso.
14. Presiones del Gobierno a la Justicia por su falta de colaboración con el proceso. Zapatero critica algunas decisiones judiciales que en su opinión “dificultan” el proceso. El Fiscal General ha llegado a afirmar que la Justicia debe adaptarse a las circunstancias.
1. Ruptura del Pacto antiterrorista.
2. Internacionalización del “conflicto” con su debate en la Eurocámara: es una demanda histórica de ETA.
3. Resolución del Congreso autorizando la negociación. Dicha negociación no se interrumpe a pesar de que no se cumplen los requisitos que en ella se establecen.
4. Anuncio en un pasillo del Congreso, en la fecha elegida por ETA, del inicio de la negociación. El Congreso se limita ser el escenario para evitar entrar a debatir sobre las condiciones concretas de diálogo.
5. No ilegalización del PCTV a pesar de la multitud de indicios que lo señalan como una marca más de ETA-Batasuna.
6. Conversaciones con ETA mientras persiste el terrorismo urbano y la extorsión a los empresarios.
7. Aceptación de la metodología para la resolución del conflicto propuesta en Anoeta, mediante la constitución de dos mesas, una política y otra “técnica” sobre excarcelaciones y presos, lo que implica el reconocimiento del carácter político del conflicto y su resolución extraparlamentaria.
8. Visualización de esa metodología el 6 de julio en la reunión entre el PSE y Batasuna, siendo ésta una formación ilegal, y por tanto reconociéndole un papel político en el proceso de negociación.
9. PSE, PNV y Batasuna, mantienen reuniones secretas para la constitución de la mesa de partidos en la que se pretende debatir el futuro del País Vasco, Navarra y el conjunto de España.
10. Abandono a las víctimas que se han manifestado claramente en contra de cualquier cesión en pago del abandono de las armas. En cinco ocasiones han protagonizado manifestaciones multitudinarias contra la negociación política con ETA.
11. Destitución de Fungairiño como Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional.
12. El Ministerio del Interior se niega a aclarar el chivatazo a miembros de la red de extorsión de ETA.
13. Rebaja de la petición del Fiscal a De Juana Chaos de la pena de 96 a 6 años, para poner fin a la huelga de hambre que ponía en riesgo el proceso.
14. Presiones del Gobierno a la Justicia por su falta de colaboración con el proceso. Zapatero critica algunas decisiones judiciales que en su opinión “dificultan” el proceso. El Fiscal General ha llegado a afirmar que la Justicia debe adaptarse a las circunstancias.