El PP acusó al Gobierno de “dictatorial” y “mentiroso”
Caso Bono : El Supremo fulmina dos años de insultos al Gobierno
JESúS NIETO
Tras cerca de dos años, el Tribunal Supremo ha puesto fin al caso Bono con la sentencia en la que absuelve a los policías que fueron acusados por la Audiencia Provincial de Madrid de detenciones ilegales. Con la decisión del Supremo se pone el punto y final a una campaña del Partido Popular basada en la descalificación continua al Gobierno socialista, al que se le había acusado, incluso, de ejercer prácticas dictatoriales.
Las declaraciones del PP contra el Gobierno por motivo del caso Bono vienen de atrás; fue Mariano Rajoy en un acto de El Mundo en mayo de 2005 quien dijo que “era la primera vez que en la historia” que se producía “una condena por detención ilegal de dos militantes del PP”. En la misma alocución, el líder del Partido Popular exigió “responsabilidades políticas en el Congreso de los Diputados al Presidente del Gobierno", a quien exhortó a que solicitase a Alonso su dimisión. Rajoy pidió la dimisión de Alonso alegando que la detención de los militantes populares había sido un “acto claramente antidemocrático declarado como tal por los tribunales de justicia”.
El Congreso estaba manchado para Rajoy
Mariano Rajoy, incluso, llegó a afirmar que el Consejo de Ministros estará "manchado" mientras en él “continúe el ministro de Defensa” y Zapatero “no asuma su responsabilidad política por atentar contra derechos fundamentales de militantes de un partido”.
Rajoy acusó ese mismo mes a Zapatero de ser el primer jefe de Gobierno español "que tiene una Administración condenada por violar derechos fundamentales de un partido político".
Las equis de Acebes
Más lejos aún que Rajoy se pronunció ángel Acebes, quien dijo que “el Parlamento tiene que investigar quién es la equis del Gobierno de las detenciones ilegales” y avisó de que el Grupo Popular Europeo presentaría “una serie de cuestiones y preguntas dirigidas a la Comisión y el Consejo europeos con el objetivo de que opinen” sobre lo que para Acebes era “una clara vulneración de los derechos y libertades de los ciudadanos" y una “persecución política inédita en la Unión Europea".
Rajoy pedía la cabeza de Alonso
Ya en 2006, el Partido Popular volvió a utilizar el tema de la detención ilegal como arma arrojadiza y sentenció que “el antiguo ministro del Interior no puede continuar en el Consejo de Ministros porque dirigía un ministerio que ha sido condenado por atentar contra derechos fundamentales de las personas, por detener ilegalmente a dos personas por la sola circunstancia de ser militantes de un partido político”. Rajoy, además, se permitió calibrar el asunto de las detenciones de dos militantes del PP como un hecho que medía “la calidad de la democracia”. Más tarde, en un acto en Coslada el 19 de mayo ese mismo año, y movido quizá por esa tendencia mediática de inculpar en las conspiraciones a cuanta más gente mejor, Rajoy pidió la comparecencia en el Congreso del ministro Alonso y del director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, con objeto de que aclarasen “quién dio las instrucciones políticas" para detener a los militantes del PP, en lo que para Rajoy consistía en "uno de los espectáculos más lamentables ocurridos en la democracia en España desde 1977".
Zaplana y lo dictatorial para el PP
En las declaraciones del PP contra el Gobierno en lo relativo al caso Bono participaron los integrantes del núcleo duro del Partido Popular. Esperanza Aguirre, para quien la detención de los militantes constituía toda una afrenta política del Gobierno, no dudó en referir que se habían “producido hechos gravísimos", y que, por tanto, el Ejecutivo “no contesta a la verdad”.
Quien más lejos llegó en los ataques al Gobierno fue Eduardo Zaplana, que basó sus descalificaciones en tachar la actitud del Gobierno poco menos que de “dictatorial”. Zaplana aseguró que "los sistemas de inseguridad jurídica son propios de otros regímenes políticos, no de la democracia", muy en la línea de Acebes, que fue el que más se duro se reveló contra el Gobierno tachándole de realizar “una acción político-policial de una gran envergadura y trascendencia, impropia de un Estado democrático y propia de las dictaduras”; de cometer “una de las actuaciones político-policiales más graves que se han producido en la reciente historia democrática de España” a través de la “agresión consciente, querida y continuada en el tiempo contra el PP y contra principios democráticos”.
El fin del caso Bono
Tras más de dos años en los que el Partido Popular ha intentado por todos los medios vapulear al Gobierno amparándose en la calumnia, la Justicia ha dictaminado que los policías condenados por la Audiencia Provincial de Madrid son inocentes. A pesar de lo que ha dictado el Supremo, en el PP siguen creyendo, especialmente tras las palabras de Acebes de ayer en la COPE, que son a ellos a quien el Gobierno debe pedir perdón.
Caso Bono : El Supremo fulmina dos años de insultos al Gobierno
JESúS NIETO
Tras cerca de dos años, el Tribunal Supremo ha puesto fin al caso Bono con la sentencia en la que absuelve a los policías que fueron acusados por la Audiencia Provincial de Madrid de detenciones ilegales. Con la decisión del Supremo se pone el punto y final a una campaña del Partido Popular basada en la descalificación continua al Gobierno socialista, al que se le había acusado, incluso, de ejercer prácticas dictatoriales.
Las declaraciones del PP contra el Gobierno por motivo del caso Bono vienen de atrás; fue Mariano Rajoy en un acto de El Mundo en mayo de 2005 quien dijo que “era la primera vez que en la historia” que se producía “una condena por detención ilegal de dos militantes del PP”. En la misma alocución, el líder del Partido Popular exigió “responsabilidades políticas en el Congreso de los Diputados al Presidente del Gobierno", a quien exhortó a que solicitase a Alonso su dimisión. Rajoy pidió la dimisión de Alonso alegando que la detención de los militantes populares había sido un “acto claramente antidemocrático declarado como tal por los tribunales de justicia”.
El Congreso estaba manchado para Rajoy
Mariano Rajoy, incluso, llegó a afirmar que el Consejo de Ministros estará "manchado" mientras en él “continúe el ministro de Defensa” y Zapatero “no asuma su responsabilidad política por atentar contra derechos fundamentales de militantes de un partido”.
Rajoy acusó ese mismo mes a Zapatero de ser el primer jefe de Gobierno español "que tiene una Administración condenada por violar derechos fundamentales de un partido político".
Las equis de Acebes
Más lejos aún que Rajoy se pronunció ángel Acebes, quien dijo que “el Parlamento tiene que investigar quién es la equis del Gobierno de las detenciones ilegales” y avisó de que el Grupo Popular Europeo presentaría “una serie de cuestiones y preguntas dirigidas a la Comisión y el Consejo europeos con el objetivo de que opinen” sobre lo que para Acebes era “una clara vulneración de los derechos y libertades de los ciudadanos" y una “persecución política inédita en la Unión Europea".
Rajoy pedía la cabeza de Alonso
Ya en 2006, el Partido Popular volvió a utilizar el tema de la detención ilegal como arma arrojadiza y sentenció que “el antiguo ministro del Interior no puede continuar en el Consejo de Ministros porque dirigía un ministerio que ha sido condenado por atentar contra derechos fundamentales de las personas, por detener ilegalmente a dos personas por la sola circunstancia de ser militantes de un partido político”. Rajoy, además, se permitió calibrar el asunto de las detenciones de dos militantes del PP como un hecho que medía “la calidad de la democracia”. Más tarde, en un acto en Coslada el 19 de mayo ese mismo año, y movido quizá por esa tendencia mediática de inculpar en las conspiraciones a cuanta más gente mejor, Rajoy pidió la comparecencia en el Congreso del ministro Alonso y del director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, con objeto de que aclarasen “quién dio las instrucciones políticas" para detener a los militantes del PP, en lo que para Rajoy consistía en "uno de los espectáculos más lamentables ocurridos en la democracia en España desde 1977".
Zaplana y lo dictatorial para el PP
En las declaraciones del PP contra el Gobierno en lo relativo al caso Bono participaron los integrantes del núcleo duro del Partido Popular. Esperanza Aguirre, para quien la detención de los militantes constituía toda una afrenta política del Gobierno, no dudó en referir que se habían “producido hechos gravísimos", y que, por tanto, el Ejecutivo “no contesta a la verdad”.
Quien más lejos llegó en los ataques al Gobierno fue Eduardo Zaplana, que basó sus descalificaciones en tachar la actitud del Gobierno poco menos que de “dictatorial”. Zaplana aseguró que "los sistemas de inseguridad jurídica son propios de otros regímenes políticos, no de la democracia", muy en la línea de Acebes, que fue el que más se duro se reveló contra el Gobierno tachándole de realizar “una acción político-policial de una gran envergadura y trascendencia, impropia de un Estado democrático y propia de las dictaduras”; de cometer “una de las actuaciones político-policiales más graves que se han producido en la reciente historia democrática de España” a través de la “agresión consciente, querida y continuada en el tiempo contra el PP y contra principios democráticos”.
El fin del caso Bono
Tras más de dos años en los que el Partido Popular ha intentado por todos los medios vapulear al Gobierno amparándose en la calumnia, la Justicia ha dictaminado que los policías condenados por la Audiencia Provincial de Madrid son inocentes. A pesar de lo que ha dictado el Supremo, en el PP siguen creyendo, especialmente tras las palabras de Acebes de ayer en la COPE, que son a ellos a quien el Gobierno debe pedir perdón.