La encomiable tozudez de Zapatero
Pablo Sebastián
Puede que no sepa a dónde va, pero va. Porque una de las cualidades del presidente Zapatero es su decisión y tozudez a la hora de marcar el rumbo de su política, aunque en algunas ocasiones lo haya tenido que rectificar con un brusco golpe de timón como le ocurrió con el primer proyecto del Estatuto catalán, cuya reforma pactó con CiU. De la misma manera que la insistencia en su proyecto político, contra viento y marea, que va configurando y a la vez reformando al navegar, Zapatero lo impulsa sin perder de vista al electorado y a su base social, cuidando que nunca se abra un abismo entre su gestión y los ciudadanos como le ocurrió a Aznar con la guerra de Iraq, y por ello, en su día, la reforma del Estatuto catalán cuando vio que los ciudadanos se le echaban encima y que el PP se le acercaba peligrosamente en las encuestas.
Ahora, superada la travesía catalana, que tiene en su etapa los escollos y los vientos de proa que agitan las elecciones catalanas y la incertidumbre que rodea el futuro gobierno de la Generalidad, el presidente —al margen de las presiones circunstanciales que ahora se ejercen, desde IU y los nacionalistas, sobre los Presupuestos y que se solucionarán a base de entregar dinero del Estado— está inmerso en la travesía que lo lleva hacia el Cabo de Hornos, la negociación con ETA que él y muchos ciudadanos consideran como una oportunidad histórica que no hay que dejar escapar, y en ello no le falta razón por más que Zapatero y sus negociadores deben cuidar no solo la fiabilidad y la eficacia del proceso sino también el sentimiento y la voluntad de la gran mayoría de ciudadanos que aunque al día de hoy le son favorables, en cualquier momento se pueden sublevar si el nivel de las concesiones políticas —aunque sean eso que en la Moncloa suelen decir con una cierta frivolidad y oportunismo “solo palabras”— rompe el marco de la convivencia nacional y de las más elementales reglas del juego democrático y constitucional.
Zapatero cuida el flanco zurdo de su nave, y llena las sentinas de babor de provisiones y gestos como son las leyes de dependencia, de igualdad, mejoras de pensiones, ayudas a ONGs, y guiños a la República y a la memoria histórica, mientras intenta equilibrar el peso de la nave articulando a estribor un pacto con la derecha nacionalista y regionalista de Cataluña, País Vasco y Canarias, que podría tener su punto de estabilidad e inflexión si, tras las elecciones catalanas, se constituye en la Generalidad una gran coalición entre CiU y el PSC, liderada por Artur Mas y si la completa en Madrid dando sitio en el seno de su gobierno a dirigentes nacionalistas, como Durán Lérida. Lo que en cierta manera hicieron González y Aznar en las legislaturas de 1993 y 1996, respectivamente, y lo que el ex presidente del Gobierno y del PP tiró por la borda cuando logró mayoría absoluta en el año 2000, y se fue a sus particulares guerras, la carlista con los nacionalistas y a la de Iraq con Bush y Blair.
La consecuencia de la estrategia decidida y la tozudez de Zapatero llevarán al presidente en las elecciones 2008 a la mayoría absoluta, sobre todo si consigue atravesar el Cabo de Hornos de la negociación con ETA sin naufragio o graves percances en su singladura audaz, para lo que cuenta con la ayuda inestimable de un Partido Popular cada vez más metido en la bronca diaria, anclado en la conspiración del 11M y en la fracasada guerra de Iraq, y ciego ante los cambios que se están produciendo en la política autonómica y que no tienen el calado ni la respuesta social contraria que de ellos esperaban en el PP. Ni en Cataluña, ni en Andalucía donde Rajoy, sus agitadores y el propio Arenas se van a equivocar si no negocian un estatuto con el PSOE que cuente con un masivo apoyo de los ciudadanos. Porque una cosa es oponerse a las políticas de un gobierno y otra, bien distinta, es situarse en contra de los ciudadanos por más convicciones políticas que se tengan, o argumentos políticos y jurídicos que los asistan.
Ahí está el ejemplo de la política de inmigración, mal llevada por el Gobierno y muy eficazmente criticada por el PP como muestra de un debate que ha causado problemas al Gobierno con los ciudadanos y beneficiado a la oposición. Pero un debate aislado y a la vez mal llevado por Rajoy y sus dirigentes que se dedican a mezclar todo y que utilizan para todo el mismo lenguaje y descalificaciones, de manera que las criticas certera sobre la inmigración se acaban confundiendo con el ruido autonómico, la conspiración del 11M, la negociación con ETA y todo lo demás, produciendo la imagen de una oposición que dice a todo que NO, que anuncia la ruptura de España, el fin del Estado de Derecho, el regreso de la República y la mano negra de la masacre de Madrid, y en medio de todo ello su particular alternativa en política de emigración.
Es verdad que Zapatero construyó su proyecto de legislatura con un castillo de naipes y no con sólidos cimientos, y que fue alzando pisos sin reforzar la base de su empeño y a la vez poniendo parches y rectificaciones porque su plan inicial, cuando recibió de ETA —¡en la primavera de 2004!— señales de su disposición a negociar y a dejar las armas, era tan sencillo como audaz, partiendo como partía de una debilidad parlamentaria que le obligaba a pactar su estabilidad en el gobierno con los nacionalistas. Y Zapatero hizo el siguiente plan: redactemos un nuevo estatuto para Cataluña con altas cotas de poder y de soberanía, para que ETA y el PNV vean hasta donde somos capaces de llegar, y así facilitaremos las expectativas de la negociación con la banda terrorista y con el PNV de cara a un nuevo estatuto vasco. A la vez, siguiendo el modelo autonómico de “café para todos” del inicio de la transición, pero con copa y puro para vascos y catalanes por el llamado “hecho diferencial” y buscando evitar agravios comparativos de las distintas comunidades autónomas, se pusieron en marcha otras reformas estatutarias que servían también para camuflar ante la opinión pública el salto soberanista de Cataluña y País Vasco, pendientes, eso sí, del veredicto final del Tribunal Constitucional.
Si el presidente completa su plan con el anuncio de ETA el final de la violencia, toda la estructura de cartón piedra de su castillo de naipes se solidificará convirtiéndose en una fortaleza inexpugnable por el PP, y ello le puede garantizar mucho tiempo en el poder, máxime si mantiene una buena relación con los nacionalistas. A la vez que todo ello le llevará a un presidencialismo de corte autocrático y personalista, similar al de aquellos primeros años de González, que incluye el dominio absoluto del PSOE dónde, en estos momentos, no existe alternativa alguna a Zapatero y dónde han desparecido, uno a uno, la gran mayoría de dirigentes y barones del felipismo, muchos de los cuales se oponían —¡hombres de poca fe!, dirán en Moncloa— a la temeraria reforma de la Constitución por la vía de las leyes orgánicas de los estatutos como fueron los casos de González, Guerra, Leguina, Vázquez, Bono e Ibarra, caídos por la patria de la transición.
De manera que Zapatero, tenaz y audaz cuando no temerario e improvisador, solo tiene ante sí dos adversarios: la negociación con ETA y el Tribunal Constitucional. Porque el PP, mal que les pese, se ha convertido en una gran ayuda para el presidente, y no solo por sus ruidosos modales —El Mundo y la COPE de la Conferencia Episcopal son hoy sus más fieles aliados—, sino porque el Gobierno utiliza la bronca del PP para ablandar la exigencias de ETA y de los nacionalistas, poniendo a Rajoy como el malo imparable de la película y diciéndoles a unos y otros: ¿queréis que regrese el PP?
En España nada está escrito por mucha audacia y tenacidad que se tenga. Y prueba de ello es que a Zapatero muchas cosas también le han salido mal, hasta el punto de tener que cortar la cabeza del hombre que le dio el liderazgo del PSOE, Maragall. Y ahí está el fiasco de la candidatura de Bono a la alcaldía de Madrid, o la carencia de banquillo del presidente a la hora de nombrar ministros o candidatos electorales, consecuencia todo ello de su modelo presidencialista autocrático y popular, así como también de los riesgos excesivos que muchas veces asume o de la incertidumbre del proyecto político, entre federal y confederal que difícilmente casará con el Tribunal Constitucional, por mas que en el Gobierno no pierden la esperanza de influir y condicionar el veredicto de esta alta corte para que legalice como constitucionales los estatutos que no lo son. Nada está escrito en la política española, y de aquí a las elecciones cualquier cosa siempre puede pasar —que se lo pregunten a Aznar—, pero de momento manda la tozudez del presidente Zapatero y eso, le guste o no al PP, es al día de hoy la cruda realidad.
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