A diferencia de otros países industrializados de Europa como Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, etc., en el Estado español la incorporación de la mujer al mundo laboral fue tardía, pero cuando ésta empezó, lo hizo imprimiendo su propio sello. A principios de siglo el Estado español era un país económicamente atrasado con dos tercios de la población dedicada a la agricultura. El hecho de mantenerse neutral en la y Guerra Mundial tuvo como consecuencia el aumento de las inversiones extranjeras que buscaban nuevos y más seguros mercados dentro de una Europa en guerra. Esto favoreció un auge económico que permitió el desarrollo de la industria y su expansión a otras provincias. Pero este auge no repercutió directamente en las condiciones de vida de la clase obrera y el campesinado, sino todo lo contrario.
La explotación de la mujer
En 1930 había aproximadamente seis millones de familias de las cuales el 85% eran familias obreras y campesinas. En cinco millones de éstas, las mujeres realizaban las tareas del hogar única y exclusivamente. La incorporación de la mujer al trabajo estaba jalonada de dificultades. Por un lado con una tasa de analfabetismo mayor que la de los hombres, superior al 50%, lo que la hacía estar en inferioridad de condiciones a la hora de conseguir un trabajo, y además sin ningún tipo de infraestructura que facilitase a las mujeres con hijos tal incorporación. No existían escuelas infantiles donde las mujeres pudiesen dejar a los niños durante su jornada laboral, y además se carecía de suficientes plazas escolares para todos los niños, menos por supuesto para los hijos de los trabajadores y campesinos. La burguesía no hacia nada para mejorar esta situación, en la medida que le interesaba mantener a la mujer entre las cuatro paredes del hogar, llevando adelante las tareas imprescindibles para la reproducción de la especie y la reposición de la fuerza de trabajo obrera. A pesar de todas estas dificultades, la población activa femenina fue aumentando progresivamente. Una de las razones era que según se iba desarrollando el proceso de industrialización y urbanización, las mujeres jóvenes y solteras emigraban a la ciudad buscando un empleo remunerado y una independencia económica difícil de encontrar en el campo. Además, el incremento del paro obrero en la agricultura, a causa de las malas cosechas y de la existencia de enormes latifundios sin cultivar, impedía que miles de mujeres pudieran acceder a un puesto de trabajo en el campo, donde incluso los patronos llegaban a prohibir expresamente la contratación de mujeres.
En 1930 la población activa femenina era del 24% sobre el total. El 80% de estas mujeres eran solteras y viudas. Cuando el marido moría la mujer se veía obligada a trabajar para sacar adelante a sus familias, porque no existía ningún tipo de pensión de viudedad. Por otra parte las mujeres casadas se encontraban con más dificultades: había leyes que dificultaban su acceso al trabajo, necesitaban tener permiso del marido para poder trabajar, no podían disponer libremente de su salario, y si el marido se oponía a que la mujer cobrase el salario, lo podía cobrar él directamente, e incluso si se separaban judicialmente el marido seguía teniendo el derecho a cobrar el salario de la mujer. Dos tercios de las mujeres asalariadas eran trabajadoras temporales, o estaban en el servicio doméstico (que carecía de todo tipo de derechos laborales), y el otro tercio restante eran obreras cualificadas, fundamentalmente en el sector del textil y vestido (82%). En cuanto a derechos laborales la legislación existente en ese momento concedía pocos derechos a las mujeres por no decir que ninguno.
La explotación de la mujer
En 1930 había aproximadamente seis millones de familias de las cuales el 85% eran familias obreras y campesinas. En cinco millones de éstas, las mujeres realizaban las tareas del hogar única y exclusivamente. La incorporación de la mujer al trabajo estaba jalonada de dificultades. Por un lado con una tasa de analfabetismo mayor que la de los hombres, superior al 50%, lo que la hacía estar en inferioridad de condiciones a la hora de conseguir un trabajo, y además sin ningún tipo de infraestructura que facilitase a las mujeres con hijos tal incorporación. No existían escuelas infantiles donde las mujeres pudiesen dejar a los niños durante su jornada laboral, y además se carecía de suficientes plazas escolares para todos los niños, menos por supuesto para los hijos de los trabajadores y campesinos. La burguesía no hacia nada para mejorar esta situación, en la medida que le interesaba mantener a la mujer entre las cuatro paredes del hogar, llevando adelante las tareas imprescindibles para la reproducción de la especie y la reposición de la fuerza de trabajo obrera. A pesar de todas estas dificultades, la población activa femenina fue aumentando progresivamente. Una de las razones era que según se iba desarrollando el proceso de industrialización y urbanización, las mujeres jóvenes y solteras emigraban a la ciudad buscando un empleo remunerado y una independencia económica difícil de encontrar en el campo. Además, el incremento del paro obrero en la agricultura, a causa de las malas cosechas y de la existencia de enormes latifundios sin cultivar, impedía que miles de mujeres pudieran acceder a un puesto de trabajo en el campo, donde incluso los patronos llegaban a prohibir expresamente la contratación de mujeres.
En 1930 la población activa femenina era del 24% sobre el total. El 80% de estas mujeres eran solteras y viudas. Cuando el marido moría la mujer se veía obligada a trabajar para sacar adelante a sus familias, porque no existía ningún tipo de pensión de viudedad. Por otra parte las mujeres casadas se encontraban con más dificultades: había leyes que dificultaban su acceso al trabajo, necesitaban tener permiso del marido para poder trabajar, no podían disponer libremente de su salario, y si el marido se oponía a que la mujer cobrase el salario, lo podía cobrar él directamente, e incluso si se separaban judicialmente el marido seguía teniendo el derecho a cobrar el salario de la mujer. Dos tercios de las mujeres asalariadas eran trabajadoras temporales, o estaban en el servicio doméstico (que carecía de todo tipo de derechos laborales), y el otro tercio restante eran obreras cualificadas, fundamentalmente en el sector del textil y vestido (82%). En cuanto a derechos laborales la legislación existente en ese momento concedía pocos derechos a las mujeres por no decir que ninguno.