HORCAJO DE SANTIAGO: Es imposible de calcular, porque es una suma de muchísimos...

Es imposible de calcular, porque es una suma de muchísimos conceptos desperdigados por las cuentas públicas de un buen número de ministerios, aunque un ministro actual se atreve a conjeturar que el dinero que el Estado entrega a la Iglesia católica alcanza los 3.500 millones de euros. No deja de ser un cálculo, porque cifras oficiales puede haberlas, pero incompletas y difíciles de encontrar.

La diputada del PSOE valenciano Margarita Pin obtuvo del Gobierno de Aznar una respuesta escrita: la Iglesia recibía 118, 8 millones de euros anuales. Cuando el obispo de Cartagena, Manuel Ureña, reconoció que eran 132, los socialistas comenzaron a indagar, pero con pocos resultados. El turolense Gerardo Torres Sauquillo posee un informe de Hacienda en el que esta cifra se acerca a la que difunde diputado catalán de Izquierda Verde, ir Herrera: 300 millones anuales en subvenciones.

Los socialistas estiman además en 240 millones la “sobrefinanciación” de la Iglesia católica en los últimos diez años. álvaro Cuesta, miembro de la Ejecutiva, afirma que en 2005 los pagos fiscales a la Iglesia están siendo de 11, 78 millones al mes, la cantidad más alta pagada hasta ahora. Mientras los obispos afirman que el dinero público apenas cubre las necesidades de la Iglesia, lo cierto es que la lista del patrimonio eclesial es tan abultada que cada año se hace más difícil mantenerla: nueve universidades, 69 diócesis, 75 seminarios, 5.141 colegios y 225 emisoras de radio. Con la subvención se pagan 20.000 sacerdotes, 18.500 profesores de religión y 990.774 alumnos ven rebajadas sus cuotas en la enseñanza privada.

La enmienda Herrera, que reclamaba “no elevar a definitivas las cantidades entregadas a cuenta hasta que la Iglesia proceda a la devolución de las entregadas, por haber sobrepasado lo efectivamente recaudado ese año”, se perdió en el Congreso, aun con fugas socialistas. Pero la solicitud de que “en ningún caso” se puedan destinar las subvenciones “a la compra de valores mobiliarios, fondos de inversión de renta variable o instrumentos de inversión con alto riesgo”, como en el caso Gescartera, o “a medios de comunicación”, no ha caído en saco roto. El Gobierno desea plantearlo a la Conferencia Episcopal en su próxima negociación.