Paradojas de la vida. La fiebre urbanística que recorre España amenaza con hacer un roto a las arcas de muchos municipios. ¿La causa? Decenas de ayuntamientos de todo el país se han gastado ya -total o parcialmente- los cuantiosos anticipos abonados por los promotores inmobiliarios a cuenta de futuras recalificaciones de suelo. En el caso de Castellar de la Frontera (Cádiz) se riza el rizo, ya que es la propia empresa beneficiada por el cambio de uso de los terrenos (una decisión política del ayuntamiento), la encargada de reformar el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado, precisamente, por el propio consistorio.
El hecho de que un municipio se gaste los anticipos no sería nada extraordinario si no fuera por una circunstancia. En muchos casos, la revisión del Plan General o la elaboración de un plan parcial han sido paralizados -o, incluso, vetados- por parte de los poderes públicos: comunidades autónomas o tribunales de Justicia. Quiere decir esto que los ayuntamientos no podrán hacer frente en un futuro próximo a los convenios urbanísticos suscritos con los promotores inmobiliarios, quienes en aras de conseguir la reclasificación de determinados terrenos habían adelantado sustanciosas contraprestaciones de carácter económico. El problema es más grave, si cabe, teniendo en cuenta que el asunto puede acabar en los tribunales, toda vez que los firmantes pueden reclamar indemnizaciones por incumplimiento de contrato.
Lo que ha pasado en los últimos años es muy simple. Algunos promotores han acudido a los ayuntamientos con un convenio urbanístico bajo el brazo, ofreciendo a los alcaldes dinero o pago en especie a cambio de promover determinadas recalificaciones. Como el procedimiento administrativo es largo -en algunos casos la redacción de un nuevo planeamiento urbanístico puede durar 8 ó 10 años- lo que han hecho los promotores es anticipar el pago de ciertas cantidades o, incluso, costear la construcción de determinados equipamientos sociales o deportivos con el objetivo de que el alcalde de turno pueda mostrar a sus vecinos los éxitos de su gestión.
La vecina curiosa.
El hecho de que un municipio se gaste los anticipos no sería nada extraordinario si no fuera por una circunstancia. En muchos casos, la revisión del Plan General o la elaboración de un plan parcial han sido paralizados -o, incluso, vetados- por parte de los poderes públicos: comunidades autónomas o tribunales de Justicia. Quiere decir esto que los ayuntamientos no podrán hacer frente en un futuro próximo a los convenios urbanísticos suscritos con los promotores inmobiliarios, quienes en aras de conseguir la reclasificación de determinados terrenos habían adelantado sustanciosas contraprestaciones de carácter económico. El problema es más grave, si cabe, teniendo en cuenta que el asunto puede acabar en los tribunales, toda vez que los firmantes pueden reclamar indemnizaciones por incumplimiento de contrato.
Lo que ha pasado en los últimos años es muy simple. Algunos promotores han acudido a los ayuntamientos con un convenio urbanístico bajo el brazo, ofreciendo a los alcaldes dinero o pago en especie a cambio de promover determinadas recalificaciones. Como el procedimiento administrativo es largo -en algunos casos la redacción de un nuevo planeamiento urbanístico puede durar 8 ó 10 años- lo que han hecho los promotores es anticipar el pago de ciertas cantidades o, incluso, costear la construcción de determinados equipamientos sociales o deportivos con el objetivo de que el alcalde de turno pueda mostrar a sus vecinos los éxitos de su gestión.
La vecina curiosa.