¿Independencia judicial?
El juez Garzón, con la decisión de imputar a los tres peritos por falsedad documental -uno de los cuales se derrumbó en pleno juicio confesando su mentira-, tuvo que sufrir una auténtica campaña por parte de la prensa conservadora (al frente de la cual figuraba El Mundo) y parte del poder político y judicial, que ahora claman por la independencia de los jueces, cuando sus decisiones les son favorables. Tanto el diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo como el vocal conservador del Consejo General del Poder Judicial, José Luis Requero, participaron de esta campaña de acoso y derribo, en la que los jueces del CGPJ se negaron a amparar al hostigado magistrado.
Cambio de jueces
Para entonces, la causa había pasado al Juzgado de Instrucción noº6 de Castilla, en el que Garzón sería sustituido por la jueza de instrucción Gemma Gallego, afín a los conservadores y mucho más cómoda para tratar este tema. Esta deriva no supuso, en cambio, que los medios instigadores de las teorías conspiratorias pudieran probar nada, como se ha podido ahora demostrar, pero puso de manifiesto los extremos a los que la derecha estaba dispuesta a llegar para conseguir sus objetivos.
Se pide el archivo del caso
Por otro lado, la Abogacía del Estado ha solicitado a la juez Gemma Gallego que archive la causa en la que están imputados por un delito de falsedad y/o falso testimonio cuatro mandos de la Policía Científica. En el escrito remitido a Gallego la Abogacía del Estado señala que el dictamen pericial formulado por los peritos Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique “estaba sujeto a la supervisión de sus superiores”, y la decisión de éstos de eliminar las vinculaciones de ETA con el 11-M “estaba totalmente justificada, dada su falta de rigor científico”.
El archivo del caso supondría el portazo definitivo al caso del ácido bórico, a través del cual medios conservadores y partidos políticos como el PP no han dudado en deslegitimar y mostrar escaso respeto por las instituciones españolas, de las que tanto acostumbran a apropiarse sólo simbólicamente. ... (ver texto completo)
El juez Garzón, con la decisión de imputar a los tres peritos por falsedad documental -uno de los cuales se derrumbó en pleno juicio confesando su mentira-, tuvo que sufrir una auténtica campaña por parte de la prensa conservadora (al frente de la cual figuraba El Mundo) y parte del poder político y judicial, que ahora claman por la independencia de los jueces, cuando sus decisiones les son favorables. Tanto el diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo como el vocal conservador del Consejo General del Poder Judicial, José Luis Requero, participaron de esta campaña de acoso y derribo, en la que los jueces del CGPJ se negaron a amparar al hostigado magistrado.
Cambio de jueces
Para entonces, la causa había pasado al Juzgado de Instrucción noº6 de Castilla, en el que Garzón sería sustituido por la jueza de instrucción Gemma Gallego, afín a los conservadores y mucho más cómoda para tratar este tema. Esta deriva no supuso, en cambio, que los medios instigadores de las teorías conspiratorias pudieran probar nada, como se ha podido ahora demostrar, pero puso de manifiesto los extremos a los que la derecha estaba dispuesta a llegar para conseguir sus objetivos.
Se pide el archivo del caso
Por otro lado, la Abogacía del Estado ha solicitado a la juez Gemma Gallego que archive la causa en la que están imputados por un delito de falsedad y/o falso testimonio cuatro mandos de la Policía Científica. En el escrito remitido a Gallego la Abogacía del Estado señala que el dictamen pericial formulado por los peritos Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique “estaba sujeto a la supervisión de sus superiores”, y la decisión de éstos de eliminar las vinculaciones de ETA con el 11-M “estaba totalmente justificada, dada su falta de rigor científico”.
El archivo del caso supondría el portazo definitivo al caso del ácido bórico, a través del cual medios conservadores y partidos políticos como el PP no han dudado en deslegitimar y mostrar escaso respeto por las instituciones españolas, de las que tanto acostumbran a apropiarse sólo simbólicamente. ... (ver texto completo)
