LA OPINION DE MALAGA
URBANISMO | El dirigente andaluz opina que no tendría sentido retirar las competencias a los ayuntamientos
Chaves pide contundencia a los jueces en materia urbanística
El presidente de la Junta de Andalucía quiere más control de las irregularidades y delitos y que se derriben las construcciones ilegales. La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga tilda estas palabras de "amenaza" y asegura que perjudica la imagen de la provincia
J. MARíN de. MáLAGA
Derribar todo lo que no se ajuste a la legalidad. Manuel Chaves solicitó ayer a los jueces, en un programa de televisión de Antena 3 que se emite para toda España, más "contundencia" en lo que se refiere al urbanismo. Esta contundencia se traduce en un mayor celo a la hora de examinar "cualquier indicio de irregularidad, ilegalidad y delito" para que se pueda llevar a cabo el derribo de las construcciones que estén fuera de la Ley.
Chaves puso como ejemplo de lo que considera falta de contundencia judicial al municipio de Marbella: "La Junta impugnó más de 400 licencias concedidas por el ayuntamiento desde 1995 y sólo hubo sentencias anulatorias en 39 casos". Estas palabras no han sentado nada bien en la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, que considera "una amenaza constante" el hecho de hablar de derribos en Marbella.
El secretario general de la ACP, Juan Moreno, declaró ayer que no se puede estar con la actual incertidumbre, porque crea inseguridad jurídica e inversora: "Si se tiene que derribar algo, que se dictamine judicialmente y se haga, pero nos perjudica mucho estar así siempre. Parece que los malos somos los del ladrillo y que la Costa del Sol es lo peor, cuando muchos de los casos no están nada claros".
La ACP denuncia que el `caso Malaya´ ha perjudicado muchísimo al sector, que ha visto cómo caían las inversiones más de un 50% en la localidad que ahora gobierna una comisión gestora presidida por Diego Martín Reyes. Precisamente Martín Reyes ha declarado recientemente que no se llevarían a cabo demoliciones de construcciones ilegales, a no ser por supuesto que éstas fueran ordenadas por resoluciones judiciales.
Esto se debe a la intención de no afectar los derechos de propietarios que compraron "de buena fe", para lo que la gestora prefiere aguardar a que la reposición de la legalidad llegue desde resoluciones judiciales referidas a la entrega de indemnizaciones o compensaciones a los ciudadanos afectados.
Con el caso de Marbella como ejemplo de desastre absoluto, con 30.000 viviendas ilegales que se derivan de unas 1.000 licencias heredadas de la `era Gil´, el presidente andaluz apuesta por combatir la corrupción desde los propios ayuntamientos: "Los partidos deben afrontar con contundencia la situación en la que uno de sus miembros dé indicios graves de corrupción" en su quehacer público. Sin embargo, Chaves ve "injusto" sospechar de las corporaciones locales en general, ya que "la mayoría" gobierna honestamente, y no se muestra partidario de retirar las competencias a los consistorios.
El secretario general de la ACP aduce que las construcciones son siempre "profesionales", con licencias municipales, sin perjuicio de que haya sido el propio órgano de gobierno el que haya cometido irregularidades. Por el momento, lo ocurrido en Marbella ha derivado ya muchas de las inversiones a municipios limítrofes, tanto dentro de la provincia de Málaga como dentro de la de Cádiz.
URBANISMO | El dirigente andaluz opina que no tendría sentido retirar las competencias a los ayuntamientos
Chaves pide contundencia a los jueces en materia urbanística
El presidente de la Junta de Andalucía quiere más control de las irregularidades y delitos y que se derriben las construcciones ilegales. La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga tilda estas palabras de "amenaza" y asegura que perjudica la imagen de la provincia
J. MARíN de. MáLAGA
Derribar todo lo que no se ajuste a la legalidad. Manuel Chaves solicitó ayer a los jueces, en un programa de televisión de Antena 3 que se emite para toda España, más "contundencia" en lo que se refiere al urbanismo. Esta contundencia se traduce en un mayor celo a la hora de examinar "cualquier indicio de irregularidad, ilegalidad y delito" para que se pueda llevar a cabo el derribo de las construcciones que estén fuera de la Ley.
Chaves puso como ejemplo de lo que considera falta de contundencia judicial al municipio de Marbella: "La Junta impugnó más de 400 licencias concedidas por el ayuntamiento desde 1995 y sólo hubo sentencias anulatorias en 39 casos". Estas palabras no han sentado nada bien en la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, que considera "una amenaza constante" el hecho de hablar de derribos en Marbella.
El secretario general de la ACP, Juan Moreno, declaró ayer que no se puede estar con la actual incertidumbre, porque crea inseguridad jurídica e inversora: "Si se tiene que derribar algo, que se dictamine judicialmente y se haga, pero nos perjudica mucho estar así siempre. Parece que los malos somos los del ladrillo y que la Costa del Sol es lo peor, cuando muchos de los casos no están nada claros".
La ACP denuncia que el `caso Malaya´ ha perjudicado muchísimo al sector, que ha visto cómo caían las inversiones más de un 50% en la localidad que ahora gobierna una comisión gestora presidida por Diego Martín Reyes. Precisamente Martín Reyes ha declarado recientemente que no se llevarían a cabo demoliciones de construcciones ilegales, a no ser por supuesto que éstas fueran ordenadas por resoluciones judiciales.
Esto se debe a la intención de no afectar los derechos de propietarios que compraron "de buena fe", para lo que la gestora prefiere aguardar a que la reposición de la legalidad llegue desde resoluciones judiciales referidas a la entrega de indemnizaciones o compensaciones a los ciudadanos afectados.
Con el caso de Marbella como ejemplo de desastre absoluto, con 30.000 viviendas ilegales que se derivan de unas 1.000 licencias heredadas de la `era Gil´, el presidente andaluz apuesta por combatir la corrupción desde los propios ayuntamientos: "Los partidos deben afrontar con contundencia la situación en la que uno de sus miembros dé indicios graves de corrupción" en su quehacer público. Sin embargo, Chaves ve "injusto" sospechar de las corporaciones locales en general, ya que "la mayoría" gobierna honestamente, y no se muestra partidario de retirar las competencias a los consistorios.
El secretario general de la ACP aduce que las construcciones son siempre "profesionales", con licencias municipales, sin perjuicio de que haya sido el propio órgano de gobierno el que haya cometido irregularidades. Por el momento, lo ocurrido en Marbella ha derivado ya muchas de las inversiones a municipios limítrofes, tanto dentro de la provincia de Málaga como dentro de la de Cádiz.