El nuevo estatuto propuesto por el tripartito rompe la unidad de mercado en España, es intervencionista, autárquico y limita las libertades económicas y personales de los ciudadanos. Estas son sólo algunas de las conclusiones del Observatorio Económico FAES sobre el Estatuto catalán, que ha tenido lugar este viernes 28 en Madrid, con la presencia de José María Aznar y Mariano Rajoy. Los siete economistas que han sido convocados por el instituto de análisis expusieron las consecuencias del texto para la economía catalana y española, con un balance netamente desfavorable.
INTERVENCIONISMO Y PLANIFICACIóN
Alberto Recarte, presidente de Libertad Digital, fue el primero de los expertos en tomar la palabra, para advertir de que si se adopta el Estatuto, "a Cataluña la gobernará, como hoy, una teocracia nacionalista, dispuesta a reglamentar toda su vida". El texto prevé una "regulación exhaustiva y despótica del conjunto de las actividades económicas que se desarrolla en su autonomía". No es el único que ha destacado este punto, ya que Juan Iranzo dice del texto que propone un "modelo muy totalitario, tanto en el plano económico como en la libertad personal".
Según destacó Juan Velarde, “el artículo 152 señala que 'la Generalidad puede establecer una planificación de la actividad económica (…)', incluyendo un conjunto de lindezas que hoy parecen reservadas para países como Cuba o Corea del Norte. En el mundo actual se huye de este tipo de modelos, que siempre acaban por generar un rechazo en un mundo empresarial globalizado.” Pero el Estatuto propuesto por el tripartito no lo considera tan desfasado.
Este intervencionismo y este afán por la planificación es paralela a la desatención por la propiedad. Francisco Cabrillo ha destacado que "el artículo 45 enumera los principios rectores de la política económica: 'la solidaridad, la cohesión, el desarrollo sostenible y la igualdad de oportunidades'. Para nada se habla del respeto a la propiedad, ni tampoco de la libertad de mercado.”
De este modo, lo que se propone según Cabrillo es "un intento de regular la vida privada de quienes viven en Cataluña hasta unos extremos realmente preocupantes”; o en palabras de Alberto Recarte, "un estatuto opresivo, donde los ciudadanos han desaparecido para transformarse en súbditos. Se acabaron sus derechos".
UNIDAD DE MERCADO
El Estatuto busca no sólo una ruptura de la Constitución y de las relaciones con el resto de España, sino también una ruptura del mercado interior. El párrafo 2 del artículo 110 dice: “El derecho catalán, en materia de las competencias exclusivas de la Generalidad, es el derecho aplicable en su territorio con preferencia sobre cualquier otro”. El artículo 50, en su apartado 4 menciona "la obligatoriedad de traducir al catalán las etiquetas y las instrucciones de uso de cuantos productos se distribuyan en Cataluña", y en el apartado 5 se determina que los concesionarios de servicios públicos deben utilizar esta lengua no sólo en sus relaciones con el gobierno y sus clientes, sino también en sus “actuaciones internas”. Juan Velarde considera que “el aumento de los costes a que obligará el artículo 6 (imposición obligatoria del catalán) generará, con toda probabilidad, más de una deslocalización empresarial en Cataluña”.
No es el único ámbito de ruptura del mercado español. “El artículo 45 puede entrañar, de forma lisa y llana, la ruptura del mercado laboral español, al crearse un espacio catalán de relaciones laborales”, según declaró en el Observatorio Juan Iranzo. De este modo "un trabajador inmigrante en situación legal en España no podrá moverse libremente por todo el territorio nacional. Aparte de otras consideraciones relativas a derechos fundamentales, esta posibilidad implicaría una pérdida de eficiencia económica”.
Al respecto, Francisco Cabrillo añade que “un licenciado por una universidad situada en otra región española puede ver dificultado el ejercicio de su profesión en Cataluña y podría llegar a verse obligado a acudir a las normas europeas de reconocimiento de títulos para poder ejercerla”.
Por otro lado, como destaca el catedrático Francisco Cabrillo, "el artículo 25 puede dar pie a la introducción de modelos de cogestión en las empresas, desconocidos hasta la fecha en nuestro país”. Joaquín Trigo Portela considera que merece “especial mención la parte relativa a la renta garantizada de ciudadanía. Reducirá el incentivo a trabajar, se traducirá en más presión fiscal para los contribuyentes, tendrá un impacto inflacionista y actuará como un elemento adicional de llamada para la atracción de inmigrantes”.
Juan Velarde ha recordado al gran economista español Perpiñá Grau, que argumentaba en 1936 que uno de los problemas del desarrollo español ha sido su escasa extensión, lo que a su vez limitaba el desarrollo catalán, por lo que esta región debía comprometerse en extenderlo. Lo que propone el Estatuto es lo contrario. El resultado de todo ello es que "el Estatuto dividirá España en dos mercados con diferente capacidad de atracción de inversiones. Habrá uno, más o menos atractivo para la inversión, en casi todo el territorio nacional, y otro, residenciado en Cataluña, dominado por el intervencionismo ‑y todo hay que decirlo, la arbitrariedad, porque su enlace con la corrupción parece una ley de la Naturaleza‑, que será rehuido por los buenos inversores".
AUTARQUíA
El modelo del Estatuto no se agota en la planificación y ruptura del mercado español. Francisco Cabrillo apuntó en el Observatorio que “el nacionalismo es, casi siempre, intervencionista en la política económica interna y proteccionista en las relaciones comerciales internacionales”. A este respecto, Juan Iranzo destacó que el mundo camina hacia una mayor integración económica, con mercados globales, que están extendiendo la creación de riqueza allá donde van. Estos mercados, al hacerse más globales, son a su vez más eficientes y "están cambiando el ciclo económico", permitiendo crecimientos sostenidos sin inflación.
Nada de ello está en el texto del tripartito, "que se basa en la autarquía". Iranzo destaca que va en contra de esa realidad". Si a ello se le suma el aumento de los costes de transacción por el uso del idioma y las regulaciones, lo que se obtiene es "una pérdida de competitividad, que traerá menos inversiones y acelerará la deslocalización hacia otras zonas", que llevaría "a la destrucción de empleo".
CONTROL DE LA HACIENDA Y LAS CAJAS
El texto votado en el Parlamento catalán prevé la creación de una agencia tributaria propia y la gestión de los impuestos desde la Generalidad. Según un estudio coordinado por José Barea y presentado en el Observatorio, de haberse aplicado el Estatuto en el año 2003, último para el que hay datos completos, el Estatuto propuesto por el tripartito habría destinado 18.260 millones más de euros a la Generalidad, "lo que prácticamente habría doblado su presupuesto".
En concreto, “la propuesta del Estatuto supondría una pérdida de recaudación directa para el Estado del 2, 3% del PIB de 2003”. Todo ello es una "reducción de la solidaridad supondría una pérdida media de recursos para las Comunidades Autónomas (excepto para Cataluña) de 544 euros por habitante”. Y apostilla, "esta es la 'solidaridad' prevista en el Estatuto: mayores ingresos para Cataluña, región rica, a costa de las regiones más pobres". De hecho, “si la propuesta de Estatuto se aprobara y se generalizara a todas las CC.AA., para 2003 la pérdida de recaudación para el Estado sería del 11por ciento del PIB. El modelo supone la quiebra de la Hacienda estatal y el fin de la solidaridad interregional.”
Un aspecto destacado por José Raga es el que se refiere al mercado financiero, y en concreto a las Cajas de ahorro. Raga señala que en el artículo 120 del Estatuto "se habla de las Cajas de Ahorro como si fueran patrimonio propio, sin hacer mención a la voluntad fundacional". De hecho, el texto afirma que corresponde a la Generalidad decidir sobre el destino de los fondos excedentes y destinados a fines sociales, lo que pone en manos del gobierno regional unos fondos considerables, que irán a unas manos u otras según la decisión arbitraria del Ejecutivo catalán.
Por todo ello, apuntó Alberto Recarte en su intervención, “resulta incomprensible la actitud de silencio de una parte del empresariado catalán y, peor aún, de apoyo por parte de otra parte del empresariado a un Estatuto tan intervencionista y tan perjudicial”.
2006-01-19 00:22:36
Nos estamos poniendo pesaiyos ya con la politica...
Amos a ir cambiando de tema, y si no juntaros un dia en el riñón y charlais sobre vuestros temas tan amenos y tan divertidos.
Viva la torre y viva yo!
Asquipe ha hablado.
2006-01-18 20:31:57
En unos dias, la plataforma ciudadana que lidera el jurista Francesc de Carreras, experto en derecho constitutional, se constituirá en partido político de centro izquierda, y se convertirá en una alternativa al Partido Socialista de Cataluña, lo cual tiene histéricos a políticos como el (ministro)Bachiller Montilla. Se nos ha pasado el tiempo sin darnos cuenta. Aunque no le tiente la política activa, F. De Carreras es uno de los intelectuales más sólidos del movimiento No Nacionalista y quien mas ha influido en divulgar los peligros de un Estatuto innecesario, inconstitucional, inconveniente e insolidario
Entrevista.
Hace tiempo que ha tomado una posición crítica ante el nacionalismo, aunque procede de una familia catalana de profundas raíces catalanistas ¿por qué?
Lo que me hizo ser crítico fue estudiar el pensamiento liberal y democrático y ver las contradicciones que podía llegar a haber entre nacionalismo y democracia. También ver que Cataluña a partir de los años 80 las cuestiones de la “identidad “ se enfocaban mal, se convertía en el único tema de discusión y se convertía en una ideología transversal a todos los partidos políticos. Todo ello empeoró en los años 90 con una política en materia de lengua que no respondía al pluralismo lingüístico de la sociedad catalana. Cataluña había experimentado profundos cambios en los 30 años anteriores y ello no se tenía en cuenta. Una cosa es la cooficialidad del catalán y su necesaria protección como lengua minoritaria, con lo que estoy totalmente de acuerdo, y otra cosa muy distinta que se imponga como lengua oficial única, que se tienda al monolingüismo, que es la situación en la que estamos.
El nacionalismo ha ido ganando terreno político y social. Hoy tiene una representación parlamentaria que no se corresponde con el número de votantes ¿habría que cambiar la ley electoral?
No creo que sea problema de ley electoral. Una gran mayoría de votantes socialistas y buena parte de votantes de CiU no son nacionalistas. En cambio sus partidos respectivos lo son. Además, la política de la Generalidad ha sido tan sectaria en el tema identitario que muchos votantes en las elecciones autonómicas no han ido a votar porque creen que el Gobierno de la Generalidad les es ajeno. Una parte de la sociedad se desentiende de la política autonómica y ello representa un serio déficit democrático para Cataluña.
¿Había verdadera necesidad de reformar el Estatuto catalán?
Toda ley se puede reformar. Después de tantos años algún sector puede pensar que es necesario cambiar el Estatuto, pero las razones que han dado oficialmente han sido muy poco convincentes: la emigración, las nuevas tecnologías, la globalización. En estos supuestos se pueden reformar unos artículos o añadir otros. Pero una revisión total no se puede justificar por cuestiones puntuales.
¿Cuáles han sido las verdaderas razones?
Pues son razones nacionalistas. Los nacionalistas siempre necesitan ir a más, y necesitan subir peldaños para ir acercándose a la soberanía, a la independencia. Creen que es el momento oportuno para dar un empujón, la autonomía para ellos es un mero instrumento, no una finalidad. Además, como se ha llegado a una situación de igualdad sustancial de competencias entre las distintas autonomías (como corresponde a los modelos federales, que son igualitarios) necesitan diferenciarse del resto de comunidades autónomas porque consideran que Cataluña es una nación. Por eso aspira a un Estado y aunque ahora no lo tienen a su alcance, aspiran a tener algo que sea lo mas parecido a un Estado.
¿Nuestro Estado de las Autonomías es un modelo federal?
No todos los federalismos son iguales, hay diferencias entre ellos, pero creo que nuestro sistema pertenece a la familia federal, se puede comparar con Estados federales como EEUU o Alemania.
¿Las demás comunidades Autónomas no van a pretender las mismas atribuciones que le den a Cataluña?
Constitucionalmente tienen el mismo derecho, no hay duda. Con la excepción de los hechos diferenciales, que en Cataluña son, básicamente, la lengua y el derecho civil. A nadie se le puede negar lo que se reclama para uno mismo. Imagino que una buena parte de comunidades querrán tener un modelo lo más parecido posible al catalán.
Hay un estado de alarma social y de inquietud en toda España por este Estatuto
Sí, sí, lo sé, lo sé y el problema ha pasado de las tertulias radiofónicas y los periódicos a la calle, a las conversaciones cotidianas. El problema no es tanto que se rompa España, que se rompa la unidad de España. El problema es que el Estatuto, tal como está planteado, trata de regular no solo cuestiones que afectan a Cataluña sino también las que afectan al resto de las autonomías y al mismo Estado. Desde decisiones en las cuales el Estado tiene que pedir “permiso” a la Generalidad a través de una relación bilateral, hasta el sistema de financiación. Es lógico que haya alarma en España porque el proyecto de Estatuto va más allá de su territorio. El nuevo estatuto reforma el modelo de Estado de la Autonomías. Desde el Estatuto se pretende cambiar el modelo de reparto competencial, lo cual desde el punto de vista jurídico es absolutamente inviable. Si este Estatuto se generaliza, es decir, si las demás autonomías pretenden llegar al mismo techo, a tener las mismas atribuciones que las que pretende el proyecto para Cataluña, el Estado resultante será inviable. Podemos entrar en una fase desestabilizadora que rompa con una trayectoria de construcción del Estado de las autonomías que, con cuidado y con prudencia en una materia complicada y difícil, se había hecho bien. Es natural que exista inquietud y alarma.
“Cataluña es una nación” se lee en los libros de texto escolares desde Primaria y la mayoría de los catalanes ha asumido el concepto de manera errónea, sin saber la distinción entre “nación”, como “cultura especifica” y Nación como espacio político-jurídico, que se refiere al Estado. ¿cree que puede figurar en el Estatuto que “Cataluña es una Nación”, siendo un término jurídico que entraña soberanía?
Este tema lo he estudiado recientemente. La Constitución española emplea la palabra Nación en el sentido de pueblo, es decir, la base humana del Estado. Cuando el artículo 1.2 dice “la.
INTERVENCIONISMO Y PLANIFICACIóN
Alberto Recarte, presidente de Libertad Digital, fue el primero de los expertos en tomar la palabra, para advertir de que si se adopta el Estatuto, "a Cataluña la gobernará, como hoy, una teocracia nacionalista, dispuesta a reglamentar toda su vida". El texto prevé una "regulación exhaustiva y despótica del conjunto de las actividades económicas que se desarrolla en su autonomía". No es el único que ha destacado este punto, ya que Juan Iranzo dice del texto que propone un "modelo muy totalitario, tanto en el plano económico como en la libertad personal".
Según destacó Juan Velarde, “el artículo 152 señala que 'la Generalidad puede establecer una planificación de la actividad económica (…)', incluyendo un conjunto de lindezas que hoy parecen reservadas para países como Cuba o Corea del Norte. En el mundo actual se huye de este tipo de modelos, que siempre acaban por generar un rechazo en un mundo empresarial globalizado.” Pero el Estatuto propuesto por el tripartito no lo considera tan desfasado.
Este intervencionismo y este afán por la planificación es paralela a la desatención por la propiedad. Francisco Cabrillo ha destacado que "el artículo 45 enumera los principios rectores de la política económica: 'la solidaridad, la cohesión, el desarrollo sostenible y la igualdad de oportunidades'. Para nada se habla del respeto a la propiedad, ni tampoco de la libertad de mercado.”
De este modo, lo que se propone según Cabrillo es "un intento de regular la vida privada de quienes viven en Cataluña hasta unos extremos realmente preocupantes”; o en palabras de Alberto Recarte, "un estatuto opresivo, donde los ciudadanos han desaparecido para transformarse en súbditos. Se acabaron sus derechos".
UNIDAD DE MERCADO
El Estatuto busca no sólo una ruptura de la Constitución y de las relaciones con el resto de España, sino también una ruptura del mercado interior. El párrafo 2 del artículo 110 dice: “El derecho catalán, en materia de las competencias exclusivas de la Generalidad, es el derecho aplicable en su territorio con preferencia sobre cualquier otro”. El artículo 50, en su apartado 4 menciona "la obligatoriedad de traducir al catalán las etiquetas y las instrucciones de uso de cuantos productos se distribuyan en Cataluña", y en el apartado 5 se determina que los concesionarios de servicios públicos deben utilizar esta lengua no sólo en sus relaciones con el gobierno y sus clientes, sino también en sus “actuaciones internas”. Juan Velarde considera que “el aumento de los costes a que obligará el artículo 6 (imposición obligatoria del catalán) generará, con toda probabilidad, más de una deslocalización empresarial en Cataluña”.
No es el único ámbito de ruptura del mercado español. “El artículo 45 puede entrañar, de forma lisa y llana, la ruptura del mercado laboral español, al crearse un espacio catalán de relaciones laborales”, según declaró en el Observatorio Juan Iranzo. De este modo "un trabajador inmigrante en situación legal en España no podrá moverse libremente por todo el territorio nacional. Aparte de otras consideraciones relativas a derechos fundamentales, esta posibilidad implicaría una pérdida de eficiencia económica”.
Al respecto, Francisco Cabrillo añade que “un licenciado por una universidad situada en otra región española puede ver dificultado el ejercicio de su profesión en Cataluña y podría llegar a verse obligado a acudir a las normas europeas de reconocimiento de títulos para poder ejercerla”.
Por otro lado, como destaca el catedrático Francisco Cabrillo, "el artículo 25 puede dar pie a la introducción de modelos de cogestión en las empresas, desconocidos hasta la fecha en nuestro país”. Joaquín Trigo Portela considera que merece “especial mención la parte relativa a la renta garantizada de ciudadanía. Reducirá el incentivo a trabajar, se traducirá en más presión fiscal para los contribuyentes, tendrá un impacto inflacionista y actuará como un elemento adicional de llamada para la atracción de inmigrantes”.
Juan Velarde ha recordado al gran economista español Perpiñá Grau, que argumentaba en 1936 que uno de los problemas del desarrollo español ha sido su escasa extensión, lo que a su vez limitaba el desarrollo catalán, por lo que esta región debía comprometerse en extenderlo. Lo que propone el Estatuto es lo contrario. El resultado de todo ello es que "el Estatuto dividirá España en dos mercados con diferente capacidad de atracción de inversiones. Habrá uno, más o menos atractivo para la inversión, en casi todo el territorio nacional, y otro, residenciado en Cataluña, dominado por el intervencionismo ‑y todo hay que decirlo, la arbitrariedad, porque su enlace con la corrupción parece una ley de la Naturaleza‑, que será rehuido por los buenos inversores".
AUTARQUíA
El modelo del Estatuto no se agota en la planificación y ruptura del mercado español. Francisco Cabrillo apuntó en el Observatorio que “el nacionalismo es, casi siempre, intervencionista en la política económica interna y proteccionista en las relaciones comerciales internacionales”. A este respecto, Juan Iranzo destacó que el mundo camina hacia una mayor integración económica, con mercados globales, que están extendiendo la creación de riqueza allá donde van. Estos mercados, al hacerse más globales, son a su vez más eficientes y "están cambiando el ciclo económico", permitiendo crecimientos sostenidos sin inflación.
Nada de ello está en el texto del tripartito, "que se basa en la autarquía". Iranzo destaca que va en contra de esa realidad". Si a ello se le suma el aumento de los costes de transacción por el uso del idioma y las regulaciones, lo que se obtiene es "una pérdida de competitividad, que traerá menos inversiones y acelerará la deslocalización hacia otras zonas", que llevaría "a la destrucción de empleo".
CONTROL DE LA HACIENDA Y LAS CAJAS
El texto votado en el Parlamento catalán prevé la creación de una agencia tributaria propia y la gestión de los impuestos desde la Generalidad. Según un estudio coordinado por José Barea y presentado en el Observatorio, de haberse aplicado el Estatuto en el año 2003, último para el que hay datos completos, el Estatuto propuesto por el tripartito habría destinado 18.260 millones más de euros a la Generalidad, "lo que prácticamente habría doblado su presupuesto".
En concreto, “la propuesta del Estatuto supondría una pérdida de recaudación directa para el Estado del 2, 3% del PIB de 2003”. Todo ello es una "reducción de la solidaridad supondría una pérdida media de recursos para las Comunidades Autónomas (excepto para Cataluña) de 544 euros por habitante”. Y apostilla, "esta es la 'solidaridad' prevista en el Estatuto: mayores ingresos para Cataluña, región rica, a costa de las regiones más pobres". De hecho, “si la propuesta de Estatuto se aprobara y se generalizara a todas las CC.AA., para 2003 la pérdida de recaudación para el Estado sería del 11por ciento del PIB. El modelo supone la quiebra de la Hacienda estatal y el fin de la solidaridad interregional.”
Un aspecto destacado por José Raga es el que se refiere al mercado financiero, y en concreto a las Cajas de ahorro. Raga señala que en el artículo 120 del Estatuto "se habla de las Cajas de Ahorro como si fueran patrimonio propio, sin hacer mención a la voluntad fundacional". De hecho, el texto afirma que corresponde a la Generalidad decidir sobre el destino de los fondos excedentes y destinados a fines sociales, lo que pone en manos del gobierno regional unos fondos considerables, que irán a unas manos u otras según la decisión arbitraria del Ejecutivo catalán.
Por todo ello, apuntó Alberto Recarte en su intervención, “resulta incomprensible la actitud de silencio de una parte del empresariado catalán y, peor aún, de apoyo por parte de otra parte del empresariado a un Estatuto tan intervencionista y tan perjudicial”.
2006-01-19 00:22:36
Nos estamos poniendo pesaiyos ya con la politica...
Amos a ir cambiando de tema, y si no juntaros un dia en el riñón y charlais sobre vuestros temas tan amenos y tan divertidos.
Viva la torre y viva yo!
Asquipe ha hablado.
2006-01-18 20:31:57
En unos dias, la plataforma ciudadana que lidera el jurista Francesc de Carreras, experto en derecho constitutional, se constituirá en partido político de centro izquierda, y se convertirá en una alternativa al Partido Socialista de Cataluña, lo cual tiene histéricos a políticos como el (ministro)Bachiller Montilla. Se nos ha pasado el tiempo sin darnos cuenta. Aunque no le tiente la política activa, F. De Carreras es uno de los intelectuales más sólidos del movimiento No Nacionalista y quien mas ha influido en divulgar los peligros de un Estatuto innecesario, inconstitucional, inconveniente e insolidario
Entrevista.
Hace tiempo que ha tomado una posición crítica ante el nacionalismo, aunque procede de una familia catalana de profundas raíces catalanistas ¿por qué?
Lo que me hizo ser crítico fue estudiar el pensamiento liberal y democrático y ver las contradicciones que podía llegar a haber entre nacionalismo y democracia. También ver que Cataluña a partir de los años 80 las cuestiones de la “identidad “ se enfocaban mal, se convertía en el único tema de discusión y se convertía en una ideología transversal a todos los partidos políticos. Todo ello empeoró en los años 90 con una política en materia de lengua que no respondía al pluralismo lingüístico de la sociedad catalana. Cataluña había experimentado profundos cambios en los 30 años anteriores y ello no se tenía en cuenta. Una cosa es la cooficialidad del catalán y su necesaria protección como lengua minoritaria, con lo que estoy totalmente de acuerdo, y otra cosa muy distinta que se imponga como lengua oficial única, que se tienda al monolingüismo, que es la situación en la que estamos.
El nacionalismo ha ido ganando terreno político y social. Hoy tiene una representación parlamentaria que no se corresponde con el número de votantes ¿habría que cambiar la ley electoral?
No creo que sea problema de ley electoral. Una gran mayoría de votantes socialistas y buena parte de votantes de CiU no son nacionalistas. En cambio sus partidos respectivos lo son. Además, la política de la Generalidad ha sido tan sectaria en el tema identitario que muchos votantes en las elecciones autonómicas no han ido a votar porque creen que el Gobierno de la Generalidad les es ajeno. Una parte de la sociedad se desentiende de la política autonómica y ello representa un serio déficit democrático para Cataluña.
¿Había verdadera necesidad de reformar el Estatuto catalán?
Toda ley se puede reformar. Después de tantos años algún sector puede pensar que es necesario cambiar el Estatuto, pero las razones que han dado oficialmente han sido muy poco convincentes: la emigración, las nuevas tecnologías, la globalización. En estos supuestos se pueden reformar unos artículos o añadir otros. Pero una revisión total no se puede justificar por cuestiones puntuales.
¿Cuáles han sido las verdaderas razones?
Pues son razones nacionalistas. Los nacionalistas siempre necesitan ir a más, y necesitan subir peldaños para ir acercándose a la soberanía, a la independencia. Creen que es el momento oportuno para dar un empujón, la autonomía para ellos es un mero instrumento, no una finalidad. Además, como se ha llegado a una situación de igualdad sustancial de competencias entre las distintas autonomías (como corresponde a los modelos federales, que son igualitarios) necesitan diferenciarse del resto de comunidades autónomas porque consideran que Cataluña es una nación. Por eso aspira a un Estado y aunque ahora no lo tienen a su alcance, aspiran a tener algo que sea lo mas parecido a un Estado.
¿Nuestro Estado de las Autonomías es un modelo federal?
No todos los federalismos son iguales, hay diferencias entre ellos, pero creo que nuestro sistema pertenece a la familia federal, se puede comparar con Estados federales como EEUU o Alemania.
¿Las demás comunidades Autónomas no van a pretender las mismas atribuciones que le den a Cataluña?
Constitucionalmente tienen el mismo derecho, no hay duda. Con la excepción de los hechos diferenciales, que en Cataluña son, básicamente, la lengua y el derecho civil. A nadie se le puede negar lo que se reclama para uno mismo. Imagino que una buena parte de comunidades querrán tener un modelo lo más parecido posible al catalán.
Hay un estado de alarma social y de inquietud en toda España por este Estatuto
Sí, sí, lo sé, lo sé y el problema ha pasado de las tertulias radiofónicas y los periódicos a la calle, a las conversaciones cotidianas. El problema no es tanto que se rompa España, que se rompa la unidad de España. El problema es que el Estatuto, tal como está planteado, trata de regular no solo cuestiones que afectan a Cataluña sino también las que afectan al resto de las autonomías y al mismo Estado. Desde decisiones en las cuales el Estado tiene que pedir “permiso” a la Generalidad a través de una relación bilateral, hasta el sistema de financiación. Es lógico que haya alarma en España porque el proyecto de Estatuto va más allá de su territorio. El nuevo estatuto reforma el modelo de Estado de la Autonomías. Desde el Estatuto se pretende cambiar el modelo de reparto competencial, lo cual desde el punto de vista jurídico es absolutamente inviable. Si este Estatuto se generaliza, es decir, si las demás autonomías pretenden llegar al mismo techo, a tener las mismas atribuciones que las que pretende el proyecto para Cataluña, el Estado resultante será inviable. Podemos entrar en una fase desestabilizadora que rompa con una trayectoria de construcción del Estado de las autonomías que, con cuidado y con prudencia en una materia complicada y difícil, se había hecho bien. Es natural que exista inquietud y alarma.
“Cataluña es una nación” se lee en los libros de texto escolares desde Primaria y la mayoría de los catalanes ha asumido el concepto de manera errónea, sin saber la distinción entre “nación”, como “cultura especifica” y Nación como espacio político-jurídico, que se refiere al Estado. ¿cree que puede figurar en el Estatuto que “Cataluña es una Nación”, siendo un término jurídico que entraña soberanía?
Este tema lo he estudiado recientemente. La Constitución española emplea la palabra Nación en el sentido de pueblo, es decir, la base humana del Estado. Cuando el artículo 1.2 dice “la.