Fuentes cercanas a la investigación han revelado que entre las obras supuestamente irregulares detectadas en el municipio hay al menos dos que habrían obtenido licencia pese a que había informes técnicos negativos al respecto. Uno de esos informes procede de los servicios técnicos municipales. Y el otro fue redactado por los técnicos de los delegación provincial de Obras Públicas de la Junta de Andalucía.
El alcalde no quiso ayer hacer ningún tipo de declaración sobre este asunto, aunque anuncia que dará explicaciones en los próximos días. Cubillo también ha apuntado que no se va a presentar a la reelección como alcalde, aunque por razones completamente ajenas a este tema. «En el pueblo todo el mundo sabe que yo no iba a encabezar la lista del PSOE desde el pasado mes de junio», explica. Los agentes del Seprona han tomado también declaración a empleados municipales para esclarecer todas las responsabilidades.
Sobre el resto de imputados -ha trascendido que hay al menos cuatro- las acusaciones se refieren a la realización de obras al margen de la legalidad en distintos puntos de la localidad. En algunos casos, según ha trascendido, se intenta averiguar qué fue primero: la casa o la licencia. Y por qué se construyó sobre terrenos que figuran en los planeamientos urbanísticos vigentes en Cambil como terrenos rústicos no edificables.
Denuncias vecinales
La investigación del Seprona se inició a raíz de denuncias cruzadas -alguna de ellas anónimas- entre vecinos sobre construcciones irregulares en el término municipal. En los últimos años en Cambil -como en prácticamente todos los pueblos de la provincia- nuevas casas y naves se han extendido sobre lo que eran terrenos rústicos. Incluso fuentes de la oposición municipal cambileña indican que «eso pasa en todos los pueblos, no sólo aquí». Sin embargo la desavenencia entre vecinos puso a la Guardia Civil sobre la pista hace ya más de mes y medio.
Ha sido en los últimos días cuando -después de cerrar el 'caso Baños' con 38 imputados- cuando el equipo de investigación de delitos urbanísticos (que ha imputado a 200 personas en la provincia en los dos últimos años) han empezado en Cambil.
El verano pasado, Obras Públicas y la Policía Autonómica ya tuvieron que intervenir para salvaguardar la legalidad urbanística en Cambil. Entonces se paralizó la obra de un complejo geriátrico que se estaba construyendo en un paraje entre pinares. Finalmente sigue adelante el geriátrico, pero no bungalós anexos que se iban a levantar sin todos los permisos en regla.
El alcalde no quiso ayer hacer ningún tipo de declaración sobre este asunto, aunque anuncia que dará explicaciones en los próximos días. Cubillo también ha apuntado que no se va a presentar a la reelección como alcalde, aunque por razones completamente ajenas a este tema. «En el pueblo todo el mundo sabe que yo no iba a encabezar la lista del PSOE desde el pasado mes de junio», explica. Los agentes del Seprona han tomado también declaración a empleados municipales para esclarecer todas las responsabilidades.
Sobre el resto de imputados -ha trascendido que hay al menos cuatro- las acusaciones se refieren a la realización de obras al margen de la legalidad en distintos puntos de la localidad. En algunos casos, según ha trascendido, se intenta averiguar qué fue primero: la casa o la licencia. Y por qué se construyó sobre terrenos que figuran en los planeamientos urbanísticos vigentes en Cambil como terrenos rústicos no edificables.
Denuncias vecinales
La investigación del Seprona se inició a raíz de denuncias cruzadas -alguna de ellas anónimas- entre vecinos sobre construcciones irregulares en el término municipal. En los últimos años en Cambil -como en prácticamente todos los pueblos de la provincia- nuevas casas y naves se han extendido sobre lo que eran terrenos rústicos. Incluso fuentes de la oposición municipal cambileña indican que «eso pasa en todos los pueblos, no sólo aquí». Sin embargo la desavenencia entre vecinos puso a la Guardia Civil sobre la pista hace ya más de mes y medio.
Ha sido en los últimos días cuando -después de cerrar el 'caso Baños' con 38 imputados- cuando el equipo de investigación de delitos urbanísticos (que ha imputado a 200 personas en la provincia en los dos últimos años) han empezado en Cambil.
El verano pasado, Obras Públicas y la Policía Autonómica ya tuvieron que intervenir para salvaguardar la legalidad urbanística en Cambil. Entonces se paralizó la obra de un complejo geriátrico que se estaba construyendo en un paraje entre pinares. Finalmente sigue adelante el geriátrico, pero no bungalós anexos que se iban a levantar sin todos los permisos en regla.