El segundo paso lo da Isabel en 1469, ya admitida como princesa de Asturias, al decidir casarse con Don Fernando, heredero de la corona de Aragón. Lo hace con suma cautela y muchas precauciones. El acuerdo de Cervera reservaba a la sola Isabel la condición de heredera de la corona de Castilla. En Segovia, muerto Enrique IV (1474), Isabel se proclama «reina y propietaria» de Castilla; Fernando queda reducido a la humillante situación de rey consorte, y eso que él se consideraba, por línea de varón, como el más directo sucesor de Enrique IV. Hace falta mucha diplomacia para llegar a la sentencia arbitral de Segovia (enero de 1475) en la que se vuelven a reiterar los derechos de Isabel pero se conceden a Fernando amplios poderes que lo equiparan de hecho con su esposa. Pero aun así no se pierde de vista la meta: la unión definitiva de las dos coronas de Castilla y Aragón. Al redactar su primer testamento, en mayo de 1475, en vísperas de la guerra con Portugal, Fernando instituye a la Infanta Isabel, entonces hija única del matrimonio, como su heredera, incluso para Aragón, donde convendría suprimir la cláusula que excluye a las mujeres de la sucesión al trono. Toma estas disposiciones «por el gran provecho que de los dichos reinos resulta y se sigue de ser así unidos con estos de Castilla y León, que sea un príncipe rey y señor y gobernador de todos ellos».