Al adquirir, preparar, y distribuir las tierras públicas a entidades privadas, el gobierno federal siguió el sistema de la Ordenanza de Tierras de 1785. La explotación federal y los equipos científicos se ocupaban del reconocimiento de la tierra y determinaban la cantidad de habitantes nativo-americanos. A través de tratados, los títulos de las tierras serían cedidos a las tribus residentes. Luego los investigadores podrían crear mapas detallados marcando la tierra en cuadrados de seis millas (10 Km.) de cada lado. Los pueblos se formarían a partir de los lotes y se venderían en subastas públicas. La tierra que no se vendiera podría ser comprada en las oficinas de tierra por un precio mínimo de $1,25 por acre.