Los cinco detenidos por su presunta implicación en las irregularidades que rodean la construcción del velódromo Palma Arena permanecen aún en dependencias policiales a la espera de continuar con su declaración, que se inició este jueves. El portavoz del PP de las Islas Baleares, Carlos Simarro, aseguró que todos los detenidos son inocentes "hasta que se demuestre lo contrario" y solicitó "celeridad" a la Justicia para que se esclarezcan los casos cuanto antes.
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, Rafa Durán; el ex director general de Deportes, José Luis 'Pepope' Ballester; el ex gerente del Palma Arena, Jorge Moisés; el director de la empresa de comunicación Nimbrus, Miquel Romero; y una quinta persona que responde a las iniciales de I. A. S., iniciaron su declaración en las dependencias policiales tras ser detenidos el pasado miércoles por su presunta implicación en un caso de corrupción sobre la construcción del recinto deportivo Palma Arena. Se les imputan delitos de malversación de fondos públicos, cohecho, prevaricación y falsedad documental.
Del mismo modo, ha prestado declaración el ingeniero industrial, Miquel Ángel Verger, presuntamente implicado en el caso, que sobre la medianoche del pasado miércoles salió en libertad con cargos, según indicó su abogado José Ignacio Herrero. Se le atribuye un delito de malversación de caudales públicos. El letrado de Verger explicó que su representado acudió a declarar "por su propio pie" a las dependencias policiales, por lo que negó que haya sido arrestado. Verger había dirigido el proyecto inicial del Palma Arena junto a los arquitectos Luis y Jaime García Ruiz.
José Manuel Horta, el abogado del portavoz popular Rafa Durán, presentó el pasado miércoles por la noche un 'Habeas Corpus' ante el Juzgado de Guardia con el objetivo de agilizar su puesta a disposición judicial sin agotar el máximo de 72 horas en el que una persona puede permanecer en los calabozos de la Policía Nacional antes de que un juez le tome declaración. El letrado afirmó que ha optado por utilizar esta herramienta jurídica para "agilizar la puesta en libertad de Durán y su puesta a disposición judicial", teniendo en cuenta que el portavoz popular ya anunció que se acogía a su derecho de no declarar ante los agentes policiales y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach sobre su supuesta implicación en los hechos.
Orta explicó que el 'Habeas Corpus' es un procedimiento jurídico que puede ser utilizado en el supuesto en el que el letrado considere que la detención de su cliente se ha llevado a cabo "sin tener las garantías procedimentales legales oportunas" o estime que el arresto es "ilegal, porque en nada beneficia ni ayuda al esclarecimiento de los hechos investigados". No obstante, el propio abogado admitió que "raras veces" prospera un Habeas Corpus, aunque recalcó que tiene la obligación de presentarlo porque, en su opinión, es "injustificable" que Durán fuera arrestado en la Operación Espada. "A nadie beneficia que Durán esté detenido durante 72 horas, salvo que hubiera voluntad de quebrar su estado de ánimo para obligarle a hacer una declaración en dependencias policiales que no quiere hacer", sentenció.
Recordó, además, que el caso Palma Arena se lleva tramitando "desde hace año y medio" y que su cliente únicamente fue miembro del Consorcio para la construcción del Palma Arena, encargado de adjudicar los contratos de obras, pero "no llevaba el día a día de la Fundación Illes Sport, sino que su presencia era institucional y testimonial". En caso de que no salga adelante el Habeas Corpus y Durán siga acogiéndose a su derecho de no declarar en dependencias policiales, permanecerá en los calabozos de la Policía Nacional, situados en la calle Ruiz de Alda de la capital mallorquina, hasta el próximo sábado, agotando así el plazo de 72 horas hasta que sea de nuevo interrogado en dependencias judiciales. De esta forma, tendrá que declarar en los juzgados de Vía Alemanya, donde se decidirá si es puesto en libertad con cargos o si el magistrado decreta medidas cautelares como libertad con fianza o prisión provisional sin fianza.
Por su parte, el portavoz del PP en baleares, Carlos Simarro, insistió en la inocencia de todos los detenidos "hasta que se demuestre lo contrario", hecho que supone una "oportunidad" para todas las personas que hasta el momento han sido imputadas. El portavoz remarcó que "las acusaciones que se vierten a la formación desde hace un año, se tienen que probar", al tiempo que opinó que sigue existiendo "una barra de medir diferente" cuando se trata de imputados del PP o de otras formaciones. Además, exigió "celeridad" a la Justicia para que se esclarezcan los casos cuanto antes.
Por otra parte, aseguró que "nunca he visto un equipo de gobierno que trabajase tanto y para los ciudadanos como el que gobernó durante la pasada legislatura", al entender que las instalaciones son "perfectas" y que se ejecutó la obra en el marco de la legalidad vigente, si bien valoró que el tiempo "normal" de ejecución de las obras "hubiera sido el doble del que duró finalmente". Finalmente, incidió en que esta investigación quedará probada como una "presunta corrupción", al tiempo que afirmó que las partidas presupuestarias, que doblaron el coste del proyecto inicial, "están todas justificadas". No obstante, hizo especial hincapié en que "nos tenemos que sentir orgullosos de esta instalación, puesto que se construyó para dar más calidad a los ciudadanos de Baleares, y a los de Palma, concretamente".
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, Rafa Durán; el ex director general de Deportes, José Luis 'Pepope' Ballester; el ex gerente del Palma Arena, Jorge Moisés; el director de la empresa de comunicación Nimbrus, Miquel Romero; y una quinta persona que responde a las iniciales de I. A. S., iniciaron su declaración en las dependencias policiales tras ser detenidos el pasado miércoles por su presunta implicación en un caso de corrupción sobre la construcción del recinto deportivo Palma Arena. Se les imputan delitos de malversación de fondos públicos, cohecho, prevaricación y falsedad documental.
Del mismo modo, ha prestado declaración el ingeniero industrial, Miquel Ángel Verger, presuntamente implicado en el caso, que sobre la medianoche del pasado miércoles salió en libertad con cargos, según indicó su abogado José Ignacio Herrero. Se le atribuye un delito de malversación de caudales públicos. El letrado de Verger explicó que su representado acudió a declarar "por su propio pie" a las dependencias policiales, por lo que negó que haya sido arrestado. Verger había dirigido el proyecto inicial del Palma Arena junto a los arquitectos Luis y Jaime García Ruiz.
José Manuel Horta, el abogado del portavoz popular Rafa Durán, presentó el pasado miércoles por la noche un 'Habeas Corpus' ante el Juzgado de Guardia con el objetivo de agilizar su puesta a disposición judicial sin agotar el máximo de 72 horas en el que una persona puede permanecer en los calabozos de la Policía Nacional antes de que un juez le tome declaración. El letrado afirmó que ha optado por utilizar esta herramienta jurídica para "agilizar la puesta en libertad de Durán y su puesta a disposición judicial", teniendo en cuenta que el portavoz popular ya anunció que se acogía a su derecho de no declarar ante los agentes policiales y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach sobre su supuesta implicación en los hechos.
Orta explicó que el 'Habeas Corpus' es un procedimiento jurídico que puede ser utilizado en el supuesto en el que el letrado considere que la detención de su cliente se ha llevado a cabo "sin tener las garantías procedimentales legales oportunas" o estime que el arresto es "ilegal, porque en nada beneficia ni ayuda al esclarecimiento de los hechos investigados". No obstante, el propio abogado admitió que "raras veces" prospera un Habeas Corpus, aunque recalcó que tiene la obligación de presentarlo porque, en su opinión, es "injustificable" que Durán fuera arrestado en la Operación Espada. "A nadie beneficia que Durán esté detenido durante 72 horas, salvo que hubiera voluntad de quebrar su estado de ánimo para obligarle a hacer una declaración en dependencias policiales que no quiere hacer", sentenció.
Recordó, además, que el caso Palma Arena se lleva tramitando "desde hace año y medio" y que su cliente únicamente fue miembro del Consorcio para la construcción del Palma Arena, encargado de adjudicar los contratos de obras, pero "no llevaba el día a día de la Fundación Illes Sport, sino que su presencia era institucional y testimonial". En caso de que no salga adelante el Habeas Corpus y Durán siga acogiéndose a su derecho de no declarar en dependencias policiales, permanecerá en los calabozos de la Policía Nacional, situados en la calle Ruiz de Alda de la capital mallorquina, hasta el próximo sábado, agotando así el plazo de 72 horas hasta que sea de nuevo interrogado en dependencias judiciales. De esta forma, tendrá que declarar en los juzgados de Vía Alemanya, donde se decidirá si es puesto en libertad con cargos o si el magistrado decreta medidas cautelares como libertad con fianza o prisión provisional sin fianza.
Por su parte, el portavoz del PP en baleares, Carlos Simarro, insistió en la inocencia de todos los detenidos "hasta que se demuestre lo contrario", hecho que supone una "oportunidad" para todas las personas que hasta el momento han sido imputadas. El portavoz remarcó que "las acusaciones que se vierten a la formación desde hace un año, se tienen que probar", al tiempo que opinó que sigue existiendo "una barra de medir diferente" cuando se trata de imputados del PP o de otras formaciones. Además, exigió "celeridad" a la Justicia para que se esclarezcan los casos cuanto antes.
Por otra parte, aseguró que "nunca he visto un equipo de gobierno que trabajase tanto y para los ciudadanos como el que gobernó durante la pasada legislatura", al entender que las instalaciones son "perfectas" y que se ejecutó la obra en el marco de la legalidad vigente, si bien valoró que el tiempo "normal" de ejecución de las obras "hubiera sido el doble del que duró finalmente". Finalmente, incidió en que esta investigación quedará probada como una "presunta corrupción", al tiempo que afirmó que las partidas presupuestarias, que doblaron el coste del proyecto inicial, "están todas justificadas". No obstante, hizo especial hincapié en que "nos tenemos que sentir orgullosos de esta instalación, puesto que se construyó para dar más calidad a los ciudadanos de Baleares, y a los de Palma, concretamente".