Cáceres, 23 jul (EFE).- El juicio seguido hoy en la Sala número 3 del Juzgado de lo Penal de Cáceres contra el alcalde de Ceclavín (Cáceres), Pedro Martín González (PSOE), por un delito de continuado de prevaricación urbanística, ha quedado visto para sentencia y aunque el regidor ha reiterado su inocencia.
Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular han mantenido su petición de pena de 2 años de prisión y 10 de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público, al quedar, en su opinión probado, que Martín González concedió licencias urbanísticas vulnerando la normativa legal.
Por su parte, el alcalde de Ceclavín, que desempeña este cargo de 1995, ha incidido en que uno de los denunciantes estuvo con él como teniente de alcalde en Comisión de Gobierno cuando se vieron los informes relativos a las licencias municipales de obras concedidas para la construcción de seis viviendas unifamiliares, entre los años 2005 y 2006.
Tras prestar declaración varios testigos y peritos, en el turno de conclusiones finales el Ministerio Fiscal ha subrayado que Ceclavín "es un caos urbanístico", debido a la "mala" gestión de su alcalde.
Este Ministerio ha aseverado que esta localidad cacereña vive "una situación de locura, fruto del delito continuado de prevaricación del que se le acusa a su alcalde", y ha añadido que la Unidad de Ejecución número 5 no puede ser objeto de edificación, "sin haber seguido antes su tramitación correcta".
"Creemos que ha quedado probado que en los últimos, en Ceclavín se ha construido al margen de la legalidad, y además con pleno conocimiento de su alcalde, que ha firmado licencias en contra de la Ley del Suelo de Extremadura (Lesotex)", ha apuntado.
Por su parte, el abogado defensor ha vuelto a solicitar la libre absolución del acusado, al entender que "aquí nos traen cuatro actuaciones urbanísticas que crean bastantes contrasentidos, sin contar con que ningún técnico le dijo que esa concesión de licencias era ilegal".
Asimismo, ha declarado que su defendido "ha actuado mal", al tiempo que ha referido que "esta causa nunca debería haber ido por el procedimiento penal, sino por vía administrativa".
Al término del juicio, Pedro Martín González ha señalado que para él, "todo esto no es más que una confrontación de intereses políticos, como queda de manifiesto que la acusación particular actúa por denuncia del Grupo Independiente de Ceclavín".
También ha precisado que su modo de actuar en relación a la concesión de viviendas en las calles presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Avenida de los Emigrantes y la Calle Madrid "fue el mismo que yo me encontré cuando llegué a la Alcaldía en 1995".
El regidor ha reconocido sentirse "tranquilo" y ha asegurado que confía "plenamente" en la Administración de Justicia. EFE.
Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular han mantenido su petición de pena de 2 años de prisión y 10 de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público, al quedar, en su opinión probado, que Martín González concedió licencias urbanísticas vulnerando la normativa legal.
Por su parte, el alcalde de Ceclavín, que desempeña este cargo de 1995, ha incidido en que uno de los denunciantes estuvo con él como teniente de alcalde en Comisión de Gobierno cuando se vieron los informes relativos a las licencias municipales de obras concedidas para la construcción de seis viviendas unifamiliares, entre los años 2005 y 2006.
Tras prestar declaración varios testigos y peritos, en el turno de conclusiones finales el Ministerio Fiscal ha subrayado que Ceclavín "es un caos urbanístico", debido a la "mala" gestión de su alcalde.
Este Ministerio ha aseverado que esta localidad cacereña vive "una situación de locura, fruto del delito continuado de prevaricación del que se le acusa a su alcalde", y ha añadido que la Unidad de Ejecución número 5 no puede ser objeto de edificación, "sin haber seguido antes su tramitación correcta".
"Creemos que ha quedado probado que en los últimos, en Ceclavín se ha construido al margen de la legalidad, y además con pleno conocimiento de su alcalde, que ha firmado licencias en contra de la Ley del Suelo de Extremadura (Lesotex)", ha apuntado.
Por su parte, el abogado defensor ha vuelto a solicitar la libre absolución del acusado, al entender que "aquí nos traen cuatro actuaciones urbanísticas que crean bastantes contrasentidos, sin contar con que ningún técnico le dijo que esa concesión de licencias era ilegal".
Asimismo, ha declarado que su defendido "ha actuado mal", al tiempo que ha referido que "esta causa nunca debería haber ido por el procedimiento penal, sino por vía administrativa".
Al término del juicio, Pedro Martín González ha señalado que para él, "todo esto no es más que una confrontación de intereses políticos, como queda de manifiesto que la acusación particular actúa por denuncia del Grupo Independiente de Ceclavín".
También ha precisado que su modo de actuar en relación a la concesión de viviendas en las calles presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Avenida de los Emigrantes y la Calle Madrid "fue el mismo que yo me encontré cuando llegué a la Alcaldía en 1995".
El regidor ha reconocido sentirse "tranquilo" y ha asegurado que confía "plenamente" en la Administración de Justicia. EFE.
