Tienes razón Emigrante, este no es un foro político aunque a veces lo parezca. Solo quería dejar claro algunos errores que a propósito se han ido difundiendo sobre la figura de J. Antonio.
Mi último ladrillazo, lo prometo.
El Presidente del PSOE y Presidente del Gobierno en la fecha del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, Francisco Largo Caballero, consideró “lamentable” la muerte del fundador de Falange e intentó exculpar, en su libro de memorias “Mis Recuerdos” (México, 1954) al ejecutivo, aunque ciertamente su testimonio es contradicho por muchos historiadores: “El fusilamiento de Primo de Rivera fue motivo de profundo disgusto para mí y creo que para todos los ministros del Gobierno. Como en todos los casos de condena a muerte por los Consejos de Guerra –y Primo de Rivera fue sometido y juzgado por uno de estos consejos- la sentencia pasó al Consejo Supremo; éste la confirmó y, cumplido este trámite, debería pasar al Consejo de Ministros para ser o no aprobada, costumbre establecida por mi Gobierno. Estábamos en sesión con el expediente sobre la mesa, cuando se recibió un telegrama comunicando haber sido fusilado José Antonio Primo de Rivera en Alicante. El Consejo no quiso tratar una cosa ya ejecutada y yo me negué a firmar el enterado para no legalizar un hecho realizado a falta de un trámite impuesto por mí, a fin de evitar fusilamientos ejecutados por la pasión política. En Alicante sospechaban que el Consejo conmutaría la pena. Acaso hubiera sido así, pero no hubo lugar. Ésta es la estricta verdad respecto a este episodio, tan lamentable y que tan malas consecuencias ha tenido”.
Sí avala la tesis de Largo Caballero un veterano socialista fallecido en 1994, José Prat, que fue senador por el PSOE ya en la actual democracia. En su intervención en un programa de “La Clave” dedicado a José Antonio en 1981, aseguraba: “Me preocupó mucho su situación en Alicante. Y puedo asegurar que el ‘enterado’ de la sentencia de pena de muerte no lo dio el Gobierno y no tiene jurídicamente, yo creo que históricamente, ninguna responsabilidad en la muerte de Primo de Rivera el Gobierno que presidía don Francisco Largo Caballero. Fui testigo de mayor excepción, porque fui asesor jurídico del Ministerio de la Guerra hasta días después de que Largo Caballero formó Gobierno. La costumbre de no ejecutar sentencia dictada legalmente sin el ‘enterado’ del Gobierno era disposición del Código de Justicia Militar y se cumplió rigurosamente, como con el General Goded. En cuanto a la ejecución, no fue ejecución, fue una muerte ilegal la de José Antonio Primo de Rivera. Yo hablé con Largo Caballero, él como ministro y yo como asesor. Le dije lo que había ocurrido y me dijo: el Gobierno no puede dar el ‘enterado’ a una cosa que se ha hecho sin su consentimiento”.
Mi último ladrillazo, lo prometo.
El Presidente del PSOE y Presidente del Gobierno en la fecha del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, Francisco Largo Caballero, consideró “lamentable” la muerte del fundador de Falange e intentó exculpar, en su libro de memorias “Mis Recuerdos” (México, 1954) al ejecutivo, aunque ciertamente su testimonio es contradicho por muchos historiadores: “El fusilamiento de Primo de Rivera fue motivo de profundo disgusto para mí y creo que para todos los ministros del Gobierno. Como en todos los casos de condena a muerte por los Consejos de Guerra –y Primo de Rivera fue sometido y juzgado por uno de estos consejos- la sentencia pasó al Consejo Supremo; éste la confirmó y, cumplido este trámite, debería pasar al Consejo de Ministros para ser o no aprobada, costumbre establecida por mi Gobierno. Estábamos en sesión con el expediente sobre la mesa, cuando se recibió un telegrama comunicando haber sido fusilado José Antonio Primo de Rivera en Alicante. El Consejo no quiso tratar una cosa ya ejecutada y yo me negué a firmar el enterado para no legalizar un hecho realizado a falta de un trámite impuesto por mí, a fin de evitar fusilamientos ejecutados por la pasión política. En Alicante sospechaban que el Consejo conmutaría la pena. Acaso hubiera sido así, pero no hubo lugar. Ésta es la estricta verdad respecto a este episodio, tan lamentable y que tan malas consecuencias ha tenido”.
Sí avala la tesis de Largo Caballero un veterano socialista fallecido en 1994, José Prat, que fue senador por el PSOE ya en la actual democracia. En su intervención en un programa de “La Clave” dedicado a José Antonio en 1981, aseguraba: “Me preocupó mucho su situación en Alicante. Y puedo asegurar que el ‘enterado’ de la sentencia de pena de muerte no lo dio el Gobierno y no tiene jurídicamente, yo creo que históricamente, ninguna responsabilidad en la muerte de Primo de Rivera el Gobierno que presidía don Francisco Largo Caballero. Fui testigo de mayor excepción, porque fui asesor jurídico del Ministerio de la Guerra hasta días después de que Largo Caballero formó Gobierno. La costumbre de no ejecutar sentencia dictada legalmente sin el ‘enterado’ del Gobierno era disposición del Código de Justicia Militar y se cumplió rigurosamente, como con el General Goded. En cuanto a la ejecución, no fue ejecución, fue una muerte ilegal la de José Antonio Primo de Rivera. Yo hablé con Largo Caballero, él como ministro y yo como asesor. Le dije lo que había ocurrido y me dijo: el Gobierno no puede dar el ‘enterado’ a una cosa que se ha hecho sin su consentimiento”.