¡De Cándido, solo el nombre!
Resulta patético ver cómo todo un máximo dirigente sindical acostumbrado a ser la voz que atemoriza a la patronal y a los gobiernos anunciando huelgas generales, se queda sin palabras ante la avalancha de informaciones que apuntan a un sistemático enriquecimiento del sindicato que representa con el falseamiento de facturas. Su defensa no puede ser más torpe aduciendo desconocimiento total. Eso sí, solo se atreve a decirlo en el medio estandarte y comodín de toda la izquierda, El país, que se presta a transcribir las declaraciones, mientras el interfecto se niega a ir a sede parlamentaria, aunque sea la de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y es que de cándido, este sujeto solo tiene el nombre.
Un Secretario General no puede afirmar desconocimiento por el comportamiento delictivo que se le imputa a altos representantes de su Sindicato en Andalucía. Las evidencias de las facturas falsas son abrumadoras y apuntan a una sistemática financiación ilegal con fondos públicos a través de la Junta de Andalucía. Por supuesto que deberá ser la juez Alaya -a la que la Audiencia Nacional le ha endosado el caso sin una justificación creíble-, la que deba establecer las imputaciones definitivas y el monto de lo defraudado. En principio, la propia Junta de Andalucía ha pedido ya explicaciones y la devolución sobre facturas por una suma global de hasta casi dos millones de euros.
El borrado voluntario de archivos informáticos resulta ser un episodio espepéntico dentro del macarronismo general y comportamiento hortera de dirigentes del sindicato con las comilonas, mariscadas y regalos de mercadillo. Y todo eso dice el bueno de Cándido que lo desconocía y que la estructura del sindicato- una especie de federalismo sin control-, le impide conocer todo lo que pasa. Y dando esto por cierto, entonces cabe preguntarse si ante la falta efectiva de control centralizado, no deberíán ser los Organismos estatales y autonómicos que otorgan las subvenciones millonarias, los que deban hacer el control riguroso de esos fondos públicos.
Es ampliamente sabido que "el desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento". Por consiguiente, Cándido no puede aducir desconocimiento de lo que se hace en la organización sindical de la que es el máximo responsable. Su deber es exigir los controles internos y externos para garantizar la transparencia de la gestión y el buen uso de los millonarios fondos públicos que se ponen a su disposición para mejorar las condiciones de los trabajadores, sobre todo aquellos que están sufriendo la plaga del paro. Es doblemente despreciable el que esos fondos supuestamente hayan servido para otros fines, incluída la financiación ilegal.
No puede creerse Cándido que con haber salido en las páginas de El país ya todo está aclarado. Supongo que la juez Alaya tendrá otra opinión y es posible que a no tardar esté pidiéndole que se presente a declarar bien como imputado o como testigo. Se enorgullece de que Fernández Sevilla haya dimitido de su cargo, pero él sigue aferrándose al suyo y negandolo todo, como si su palabra tuviera la mínima credibilidad. No se da cuenta de que los trabajadores no necesitan a sindicatos que les traicionan y les usan como excusa para su legitimación y mantenimiento a costa de los fondos públicos. Lo único honrado que puede hacer Cándido es imitar a su compañero de Andalucía y dimitir.
Resulta patético ver cómo todo un máximo dirigente sindical acostumbrado a ser la voz que atemoriza a la patronal y a los gobiernos anunciando huelgas generales, se queda sin palabras ante la avalancha de informaciones que apuntan a un sistemático enriquecimiento del sindicato que representa con el falseamiento de facturas. Su defensa no puede ser más torpe aduciendo desconocimiento total. Eso sí, solo se atreve a decirlo en el medio estandarte y comodín de toda la izquierda, El país, que se presta a transcribir las declaraciones, mientras el interfecto se niega a ir a sede parlamentaria, aunque sea la de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y es que de cándido, este sujeto solo tiene el nombre.
Un Secretario General no puede afirmar desconocimiento por el comportamiento delictivo que se le imputa a altos representantes de su Sindicato en Andalucía. Las evidencias de las facturas falsas son abrumadoras y apuntan a una sistemática financiación ilegal con fondos públicos a través de la Junta de Andalucía. Por supuesto que deberá ser la juez Alaya -a la que la Audiencia Nacional le ha endosado el caso sin una justificación creíble-, la que deba establecer las imputaciones definitivas y el monto de lo defraudado. En principio, la propia Junta de Andalucía ha pedido ya explicaciones y la devolución sobre facturas por una suma global de hasta casi dos millones de euros.
El borrado voluntario de archivos informáticos resulta ser un episodio espepéntico dentro del macarronismo general y comportamiento hortera de dirigentes del sindicato con las comilonas, mariscadas y regalos de mercadillo. Y todo eso dice el bueno de Cándido que lo desconocía y que la estructura del sindicato- una especie de federalismo sin control-, le impide conocer todo lo que pasa. Y dando esto por cierto, entonces cabe preguntarse si ante la falta efectiva de control centralizado, no deberíán ser los Organismos estatales y autonómicos que otorgan las subvenciones millonarias, los que deban hacer el control riguroso de esos fondos públicos.
Es ampliamente sabido que "el desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento". Por consiguiente, Cándido no puede aducir desconocimiento de lo que se hace en la organización sindical de la que es el máximo responsable. Su deber es exigir los controles internos y externos para garantizar la transparencia de la gestión y el buen uso de los millonarios fondos públicos que se ponen a su disposición para mejorar las condiciones de los trabajadores, sobre todo aquellos que están sufriendo la plaga del paro. Es doblemente despreciable el que esos fondos supuestamente hayan servido para otros fines, incluída la financiación ilegal.
No puede creerse Cándido que con haber salido en las páginas de El país ya todo está aclarado. Supongo que la juez Alaya tendrá otra opinión y es posible que a no tardar esté pidiéndole que se presente a declarar bien como imputado o como testigo. Se enorgullece de que Fernández Sevilla haya dimitido de su cargo, pero él sigue aferrándose al suyo y negandolo todo, como si su palabra tuviera la mínima credibilidad. No se da cuenta de que los trabajadores no necesitan a sindicatos que les traicionan y les usan como excusa para su legitimación y mantenimiento a costa de los fondos públicos. Lo único honrado que puede hacer Cándido es imitar a su compañero de Andalucía y dimitir.
