El último auto de la juez incluye a dos hijos del empresario entre los 23 nuevos encausados y el fraude del Gobierno andaluz acumula ya 116 imputados
Los ERE pagaron 21,5 millones a los Ruiz Mateos
EFE
La juez instructora del caso de los «ERE fraudulentos», Mercedes Alaya, en una foto de archivo
Si existiera un Guinness Records de los casos de corrupción en versión española, la trama de los ERE falsos financiados por la Junta de Andalucía ocuparía ya el primer lugar por delante incluso del «caso Malaya». Tras más de dos años y medio de pesquisas, el número total de imputados en el fraude se cuenta ya con tres dígitos: son 116. Pero la lista no está, ni mucho menos, cerrada. La juez Mercedes Alaya atribuye una responsabilidad penal a todo aquel que haya colaborado en el «dispendio» de 721 millones de euros en fondos públicos haya facilitado que se perpetuara durante una década (2001/10) un sistema al margen de los filtros de control de la Intervención. Partiendo de esta tesis, es más que probable que los cargos imputados se multipliquen en las tres consejerías implicadas, alcanzando de lleno a la cúpula del Gobierno andaluz.
Los últimos en engrosar la lista de encausados son Francisco Javier y Pablo Ruiz-Mateos Rivera, dos hijos de José María Ruiz Mateos, fundador del grupo Nueva Rumasa y, al igual que él, pendientes de una retahíla de juicios en varios tribunales y por delitos de blanqueo de capitales, estafa o insolvencia. Entre 2002 y 2010, la Junta concedió hasta 21,53 millones en ayudas para prejubilar trabajadores mediante ERE en cuatro sociedades gestionadas por el clan del empresario jerezano, uno de los más beneficiados con el llamado «fondo de reptiles». Así se desprende del atestado remitido por el Grupo de Delincuencia de la Guardia Civil que indaga en el cobro de sobrecomisiones por tramitar pólizas, al que ha tenido acceso ABC.
Los hijos del polémico empresario figuran, junto a 21 encausados más, en un nuevo auto que la titular de instrucción número seis de Sevilla firmó el 31 de julio, el último día antes de irse de vacaciones y que no se notificará a las partes personadas en el caso hasta septiembre. La magistrada cierra así un mes «horribilis» para el Gobierno de José Antonio Griñán, quien anunció su dimisión tres semanas después de que la magistrada implicara en la causa a otros 20 altos cargos de su Administración.
A excepción de los dos miembros de la saga jerezana, no han trascendido los nombres de los nuevos implicados. Se trata, en su mayoría, de empresarios e intrusos que cobraron ayudas para prejubilarse en empresas que ni siquieran habían pisado. La mayoría de ellos fueron incluidos en ERE gracias a las gestiones del exsindicalista de UGT Juan Lanzas, encarcelado el 22 de marzo y considerado como uno de los cerebros de la trama.
Juan Lanzas, que trabó contactos con los Ruiz Mateos en 1996 como delegado de UGT en la escisión de Dhul SL, movió los hilos en los despachos autonómicos. El resultado fue un goteo de ayudas intermiable: 18 subvenciones millonarias a lo largo nueve años de la Administración andaluza. Quien fuera abogado del empresario durante 27 años, Joaquín Yvancos, declaró a la Guardia Civil que Ruiz Mateos lo definía como el «conseguidor» que facilitaba los trámites ante la Junta. Tenía línea directa con el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, también imputado, quien concedió ayudas entre 2001 y 2008 mediante un procedimiento opaco y discrecional creado para apagar de forma ágil los conflictos laborales.
Seis ayudas de los ERE
La partida de los ERE constituyó un pozo sin fondo para la saga de los Ruiz Mateos. Seis ayudas, valoradas en 11,15 millones, se destinaron a los ERE de Comercial Alimentaria Dhul SL. La firma Zoilo Ruiz Mateos SL concentró dos ayudas que sumaban 1,1 millones. Otros 5,66 millones fueron a parar al Complejo Bodeguero Bellavista. Y, finalmente, la Junta le concedió hasta
Recibieron ayudas sin haber trabajado la hermana y el cuñado de la mujer de Lanzas
nueve subvenciones, 3,62 millones de euros, para prejubilar a trabajadores del Hotel Cervantes en Torremolinos (Málaga). La imputación de los dos miembros de la saga empresarial está relacionada con el ERE del citado hotel, donde Lanzas pasó con su esposa sus vacaciones de agosto sin pagar un euro durante cinco o seis veranos.
La familia Ruiz Mateos supo recompensar sus lucrativas gestiones. El «conseguidor» se las cobró en «especie», colando a tres intrusos de su círculo de familiares y amigos en el ERE de Dhul. Recibieron ayudas sin haber trabajado allí la hermana y el cuñado de la mujer de Lanzas, así como la mujer de un exdirigente de CC. OO. de Jaén.
Pagos en «b»
Lanzas también se cobró sus trabajos en metálico. Su tarifa no estaba al alcance de cualquier bolsillo. El exletrado de Ruiz Mateos reveló pagos por valor de 1,5 millones en «B» por su mediación. «Tenía una tarifa de 100 millones de pesetas (600.000 euros) por cada ERE, independientemente del tamaño», dinero que recibía en sobres semanales de 20.000 y 25.000 euros. Como curiosidad, Yvancos contó que Lanzas recogía sobres con billetes de 500 euros en el chalé de la familia Ruiz Mateos en Somosaguas (Madrid).
Su padre le pagaba honorarios por buscarle empresas «en buenas condiciones» y en apuros para comprarlas
Lanzas ejercía como «asesor privado» del grupo. ERE aparte, Dhul mantuvo relaciones comerciales que reportaron 127.039 euros a empresas controladas por el exsindicalista. Francisco Javier Ruiz Mateos, director financiero de Nueva Rumasa, confirmó que había visto en cuatro ocasiones a Lanzas en la oficina ubicada en la casa de su padre y en la sede de Dhul. Su padre le pagaba honorarios por buscarle empresas «en buenas condiciones», casi siempre en apuros, para adquirirlas.
Entre los 23 nuevos imputados en el auto del 31 de julio, según la agencia Efe, se encuentran personas relacionadas con las ayudas al Matadero de Fuente Obejuna de Córdoba y las empresas sevillanas SOS Cuétara, Saldauto e Intersur. También se implica a personas ligadas a Cespa y beneficiarios de las ayudas a Hijos de Andrés Molina (Hamsa) de Jaén, Hitemasa de Málaga, la granadina Dhul, Sociedad Anónima Manufactura Española del Corcho (Samec) y Cenforpre, esta última vinculada al exfutbolista Pizo Gómez, ya imputado en la causa.
Los ERE pagaron 21,5 millones a los Ruiz Mateos
EFE
La juez instructora del caso de los «ERE fraudulentos», Mercedes Alaya, en una foto de archivo
Si existiera un Guinness Records de los casos de corrupción en versión española, la trama de los ERE falsos financiados por la Junta de Andalucía ocuparía ya el primer lugar por delante incluso del «caso Malaya». Tras más de dos años y medio de pesquisas, el número total de imputados en el fraude se cuenta ya con tres dígitos: son 116. Pero la lista no está, ni mucho menos, cerrada. La juez Mercedes Alaya atribuye una responsabilidad penal a todo aquel que haya colaborado en el «dispendio» de 721 millones de euros en fondos públicos haya facilitado que se perpetuara durante una década (2001/10) un sistema al margen de los filtros de control de la Intervención. Partiendo de esta tesis, es más que probable que los cargos imputados se multipliquen en las tres consejerías implicadas, alcanzando de lleno a la cúpula del Gobierno andaluz.
Los últimos en engrosar la lista de encausados son Francisco Javier y Pablo Ruiz-Mateos Rivera, dos hijos de José María Ruiz Mateos, fundador del grupo Nueva Rumasa y, al igual que él, pendientes de una retahíla de juicios en varios tribunales y por delitos de blanqueo de capitales, estafa o insolvencia. Entre 2002 y 2010, la Junta concedió hasta 21,53 millones en ayudas para prejubilar trabajadores mediante ERE en cuatro sociedades gestionadas por el clan del empresario jerezano, uno de los más beneficiados con el llamado «fondo de reptiles». Así se desprende del atestado remitido por el Grupo de Delincuencia de la Guardia Civil que indaga en el cobro de sobrecomisiones por tramitar pólizas, al que ha tenido acceso ABC.
Los hijos del polémico empresario figuran, junto a 21 encausados más, en un nuevo auto que la titular de instrucción número seis de Sevilla firmó el 31 de julio, el último día antes de irse de vacaciones y que no se notificará a las partes personadas en el caso hasta septiembre. La magistrada cierra así un mes «horribilis» para el Gobierno de José Antonio Griñán, quien anunció su dimisión tres semanas después de que la magistrada implicara en la causa a otros 20 altos cargos de su Administración.
A excepción de los dos miembros de la saga jerezana, no han trascendido los nombres de los nuevos implicados. Se trata, en su mayoría, de empresarios e intrusos que cobraron ayudas para prejubilarse en empresas que ni siquieran habían pisado. La mayoría de ellos fueron incluidos en ERE gracias a las gestiones del exsindicalista de UGT Juan Lanzas, encarcelado el 22 de marzo y considerado como uno de los cerebros de la trama.
Juan Lanzas, que trabó contactos con los Ruiz Mateos en 1996 como delegado de UGT en la escisión de Dhul SL, movió los hilos en los despachos autonómicos. El resultado fue un goteo de ayudas intermiable: 18 subvenciones millonarias a lo largo nueve años de la Administración andaluza. Quien fuera abogado del empresario durante 27 años, Joaquín Yvancos, declaró a la Guardia Civil que Ruiz Mateos lo definía como el «conseguidor» que facilitaba los trámites ante la Junta. Tenía línea directa con el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, también imputado, quien concedió ayudas entre 2001 y 2008 mediante un procedimiento opaco y discrecional creado para apagar de forma ágil los conflictos laborales.
Seis ayudas de los ERE
La partida de los ERE constituyó un pozo sin fondo para la saga de los Ruiz Mateos. Seis ayudas, valoradas en 11,15 millones, se destinaron a los ERE de Comercial Alimentaria Dhul SL. La firma Zoilo Ruiz Mateos SL concentró dos ayudas que sumaban 1,1 millones. Otros 5,66 millones fueron a parar al Complejo Bodeguero Bellavista. Y, finalmente, la Junta le concedió hasta
Recibieron ayudas sin haber trabajado la hermana y el cuñado de la mujer de Lanzas
nueve subvenciones, 3,62 millones de euros, para prejubilar a trabajadores del Hotel Cervantes en Torremolinos (Málaga). La imputación de los dos miembros de la saga empresarial está relacionada con el ERE del citado hotel, donde Lanzas pasó con su esposa sus vacaciones de agosto sin pagar un euro durante cinco o seis veranos.
La familia Ruiz Mateos supo recompensar sus lucrativas gestiones. El «conseguidor» se las cobró en «especie», colando a tres intrusos de su círculo de familiares y amigos en el ERE de Dhul. Recibieron ayudas sin haber trabajado allí la hermana y el cuñado de la mujer de Lanzas, así como la mujer de un exdirigente de CC. OO. de Jaén.
Pagos en «b»
Lanzas también se cobró sus trabajos en metálico. Su tarifa no estaba al alcance de cualquier bolsillo. El exletrado de Ruiz Mateos reveló pagos por valor de 1,5 millones en «B» por su mediación. «Tenía una tarifa de 100 millones de pesetas (600.000 euros) por cada ERE, independientemente del tamaño», dinero que recibía en sobres semanales de 20.000 y 25.000 euros. Como curiosidad, Yvancos contó que Lanzas recogía sobres con billetes de 500 euros en el chalé de la familia Ruiz Mateos en Somosaguas (Madrid).
Su padre le pagaba honorarios por buscarle empresas «en buenas condiciones» y en apuros para comprarlas
Lanzas ejercía como «asesor privado» del grupo. ERE aparte, Dhul mantuvo relaciones comerciales que reportaron 127.039 euros a empresas controladas por el exsindicalista. Francisco Javier Ruiz Mateos, director financiero de Nueva Rumasa, confirmó que había visto en cuatro ocasiones a Lanzas en la oficina ubicada en la casa de su padre y en la sede de Dhul. Su padre le pagaba honorarios por buscarle empresas «en buenas condiciones», casi siempre en apuros, para adquirirlas.
Entre los 23 nuevos imputados en el auto del 31 de julio, según la agencia Efe, se encuentran personas relacionadas con las ayudas al Matadero de Fuente Obejuna de Córdoba y las empresas sevillanas SOS Cuétara, Saldauto e Intersur. También se implica a personas ligadas a Cespa y beneficiarios de las ayudas a Hijos de Andrés Molina (Hamsa) de Jaén, Hitemasa de Málaga, la granadina Dhul, Sociedad Anónima Manufactura Española del Corcho (Samec) y Cenforpre, esta última vinculada al exfutbolista Pizo Gómez, ya imputado en la causa.
