En el siglo XVIII,
Santa Pola carecía de entidad Municipal al no tener reconocido estatuto jurídico alguno, por lo que estaba considerada como lugar. Ello queda reflejado en un plano de Salomón y Camacho, de 1782, en el que se le denomina "Lugar Nuevo" de Santa Pola. Esta consideración de lugar, mostraba una total dependencia con respecto a Elche, ciudad de mayor rango Municipal. Por tanto Santa Pola no gozaba de territorio propio y separado y las funciones de gobierno y administración local estaban delegadas en el Alcaide del
Castillo mientras que Elche tuvo la condición de señorío. Posteriormente, cuando la fortaleza pasó a la Corona, dichas funciones recayeron en un Gobernador con competencias jurisdiccionales.