El juez pide a Peleas los expedientes de contratación de las esposas de ediles
El magistrado inicia la investigación sobre presunta prevaricación del actual alcalde, cuatro concejales y políticos de «El Pueblo» y sus mujeres
07:18
El actual alcalde, Roncero, junto al teniente de alcalde Ribera. Foto L. O. Z.
SUSANA ARIZAGA
El juez solicita al Ayuntamiento de Peleas de Abajo los expedientes de las contrataciones de varios empleados de la residencia de ancianos Virgen del Carmen una vez que ha admitido a trámite la querella interpuesta por el exalcalde, Marcelo Jurado, contra el actual regidor municipal, Félix Roncero, el teniente de alcalde, un concejal y dos integrantes de la candidatura municipal de la Agrupación «El Pueblo para el Pueblo».
A todos ellos les acusa de haber cometido irregularidades para contratar a sus esposas, a las que también incluye en la denuncia interpuesta a finales de julio y que investiga ya el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la capital.
En la querella se afirma que hubo «omisión de la aprobación de las plazas a cubrir dentro de la Oferta Pública de Empleo» del Ayuntamiento de Peleas, lo que implica que la propuesta nunca pasó por los órganos de Gobierno de la institución, apunta el abogado de Jurado. Los puestos de trabajo se cubrieron sin realizar la convocatoria pública, asegura el denunciante.
Jurado acusa a los cargos políticos y sus parejas de incurrir en delitos de prevaricación, cohecho y malversación. El letrado, Felipe Gómez Ferrero, llega a asegurar que se procedió a despedir a trabajadores de la residencia «ex profeso» para dejar sus plazas vacantes y poder contratar a los familiares del alcalde, de los concejales Santiago Garrote y Lorenzo Ribera Prieto; y de dos responsables de la Agrupación Independiente, Ignacio Crespo Calvo y José Luis Tamame. Los acusados recurrieron a una praxis ilegal «para contratar a sus familiares» en la residencia de ancianos, asevera el letrado. Y se muestra convencido de que no existen expedientes, tal y como recoge en la querella al sostener que se llevaron a cabo las contrataciones sin cumplir con lo que estipula la Ley, «sin mediar el procedimiento administrativo pertinente y obligatorio». En definitiva, Gómez Ferrero considera que hubo una «omisión total y deliberada» del Estatuto Básico del Empleado Público, «dado que ningún trámite se ha realizado» en todo este procedimiento administrativo.
Además, considera que «fueron infringidos los principios rectores del acceso al empleo público» que velan por el derecho de todos los ciudadanos a entrar a formar parte de la Función Pública, lo que requiere que se observen «los principios de igualdad, mérito y capacidad», que en este caso se habrían contravenido. Gómez Ferrero recuerda que las administraciones públicas están obligadas a «garantizar la transparencia, publicidad, imparcialidad y profesionalidad» de las personas que integran los órganos de selección de los empleados públicos, así como la «independencia y discrecionalidad técnica» en la selección.
El abogado declara que lo ocurrido con estas contrataciones es «de extrema gravedad tanto desde el punto de vista administrativo como penal. Al mismo tiempo, apunta que «no se puede nombrar personal interino en plazas incluidas en la Oferta Pública de Empleo, salvo en el caso de que se hayan producido vacantes con posterioridad a su aprobación o cuando no se cubran las ofertas». Estas circunstancias no se dieron, agrega, tras asegurar que se despidió a personal para poder contratar a las esposas de los políticos.
El magistrado inicia la investigación sobre presunta prevaricación del actual alcalde, cuatro concejales y políticos de «El Pueblo» y sus mujeres
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El actual alcalde, Roncero, junto al teniente de alcalde Ribera. Foto L. O. Z.
SUSANA ARIZAGA
El juez solicita al Ayuntamiento de Peleas de Abajo los expedientes de las contrataciones de varios empleados de la residencia de ancianos Virgen del Carmen una vez que ha admitido a trámite la querella interpuesta por el exalcalde, Marcelo Jurado, contra el actual regidor municipal, Félix Roncero, el teniente de alcalde, un concejal y dos integrantes de la candidatura municipal de la Agrupación «El Pueblo para el Pueblo».
A todos ellos les acusa de haber cometido irregularidades para contratar a sus esposas, a las que también incluye en la denuncia interpuesta a finales de julio y que investiga ya el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la capital.
En la querella se afirma que hubo «omisión de la aprobación de las plazas a cubrir dentro de la Oferta Pública de Empleo» del Ayuntamiento de Peleas, lo que implica que la propuesta nunca pasó por los órganos de Gobierno de la institución, apunta el abogado de Jurado. Los puestos de trabajo se cubrieron sin realizar la convocatoria pública, asegura el denunciante.
Jurado acusa a los cargos políticos y sus parejas de incurrir en delitos de prevaricación, cohecho y malversación. El letrado, Felipe Gómez Ferrero, llega a asegurar que se procedió a despedir a trabajadores de la residencia «ex profeso» para dejar sus plazas vacantes y poder contratar a los familiares del alcalde, de los concejales Santiago Garrote y Lorenzo Ribera Prieto; y de dos responsables de la Agrupación Independiente, Ignacio Crespo Calvo y José Luis Tamame. Los acusados recurrieron a una praxis ilegal «para contratar a sus familiares» en la residencia de ancianos, asevera el letrado. Y se muestra convencido de que no existen expedientes, tal y como recoge en la querella al sostener que se llevaron a cabo las contrataciones sin cumplir con lo que estipula la Ley, «sin mediar el procedimiento administrativo pertinente y obligatorio». En definitiva, Gómez Ferrero considera que hubo una «omisión total y deliberada» del Estatuto Básico del Empleado Público, «dado que ningún trámite se ha realizado» en todo este procedimiento administrativo.
Además, considera que «fueron infringidos los principios rectores del acceso al empleo público» que velan por el derecho de todos los ciudadanos a entrar a formar parte de la Función Pública, lo que requiere que se observen «los principios de igualdad, mérito y capacidad», que en este caso se habrían contravenido. Gómez Ferrero recuerda que las administraciones públicas están obligadas a «garantizar la transparencia, publicidad, imparcialidad y profesionalidad» de las personas que integran los órganos de selección de los empleados públicos, así como la «independencia y discrecionalidad técnica» en la selección.
El abogado declara que lo ocurrido con estas contrataciones es «de extrema gravedad tanto desde el punto de vista administrativo como penal. Al mismo tiempo, apunta que «no se puede nombrar personal interino en plazas incluidas en la Oferta Pública de Empleo, salvo en el caso de que se hayan producido vacantes con posterioridad a su aprobación o cuando no se cubran las ofertas». Estas circunstancias no se dieron, agrega, tras asegurar que se despidió a personal para poder contratar a las esposas de los políticos.
