Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León obligará a Itevelesa a desmantelar la estación de ITV de Toro, después de reconocer que el Ayuntamiento incurrió en diversas irregularidades durante el proceso de adjudicación de una parcela de propiedad municipal a esta empresa para instalar el servicio. Ante este fallo judicial, contra el que no cabe recurso, el grupo socialista estudiará ahora la posibilidad de denunciar al alcalde, Jesús Sedano, y a los concejales del grupo popular que en un pleno aprobaron la adjudicación de esta parcela a Itevelesa, por un presunto delito de prevaricación.
Además, el concejal de la oposición Ángel Vázquez exigió a Sedano que presente su dimisión, como alcalde y como senador, porque «está perjudicando a los ciudadanos de Toro» ya que, se ha llegado a esta situación «por su prepotencia que no le permitió dar marcha atrás cuando se le dijo en un pleno que estaba cometiendo una irregularidad». Recordó el grupo socialista que ya advirtió al alcalde que podía estar incurriendo en un presunto delito de prevaricación y «en este caso, sabía que estaba haciendo las cosas mal porque había informes técnicos del Secretario», por lo que los concejales de la oposición se mostraron convencidos de que «si Sedano no fuera aforado, por su condición de senador, tendría un pie en la cárcel».
Reconoció Vázquez que esta sentencia «a quien más perjudica es a los ciudadanos de Toro, no porque se tenga que desmantelar la estación ya que la concesión fue aprobada», sino porque el alcalde «lo que hizo fue escriturar la parcela a nombre de Itevelesa, a pesar de que había un proceso judicial abierto y en la firma del acuerdo, cuando se hace la cesión a Itevelesa, se dice claramente que si la sentencia es desfavorable, el Ayuntamiento debería indemnizar a Itevelesa».
En principio, Itevelesa reclamará ahora al Ayuntamiento esta indemnización y que, según avanzó el PSOE, «va a ascender a todo lo que se ha gastado la empresa en montar la estación». No obstante, Vázquez no ocultó su sospecha de que «en este caso hay algo raro, ya que si no no se puede entender que adjudicaran la parcela a Itevelesa», cuando los técnicos municipales emitieron informes desfavorables sobre esta concesión.
El concejal José Luis Martín Arroyo recordó que en mayo del 2004 Itevelesa presentó un escrito en el Ayuntamiento en el que anunciaba su intención de asentarse en Toro. Dos meses más tarde, el concejal de Urbanismo, emitió un informe para la desafectación de una parcela de 2.000 metros cuadrados que de equipamiento social y deportivo se pasó a patrimonial. A la adjudicación de esta parcela se presentaron tres ofertas y, con el voto de calidad del alcalde, la concesión se realizó a Itevelesa, que presentó la oferta económica más baja, y que fue ratificada un mes después por el pleno. La empresa Gil y Prada, que había presentado una oferta, tras considerar que según las bases debería haber sido la adjudicataria de esta parcela, presentó un recurso, al margen del que interpuso el PSOE. En pleno proceso judicial, este empresario decidió retirar el recurso, coincidiendo, según el PSOE, con la aprobación de una licencia final de obra y apertura para una nave y una vivienda de un familiar de este empresario. Tras varios recursos, el Ayuntamiento deberá ahora ejecutar esta sentencia
Además, el concejal de la oposición Ángel Vázquez exigió a Sedano que presente su dimisión, como alcalde y como senador, porque «está perjudicando a los ciudadanos de Toro» ya que, se ha llegado a esta situación «por su prepotencia que no le permitió dar marcha atrás cuando se le dijo en un pleno que estaba cometiendo una irregularidad». Recordó el grupo socialista que ya advirtió al alcalde que podía estar incurriendo en un presunto delito de prevaricación y «en este caso, sabía que estaba haciendo las cosas mal porque había informes técnicos del Secretario», por lo que los concejales de la oposición se mostraron convencidos de que «si Sedano no fuera aforado, por su condición de senador, tendría un pie en la cárcel».
Reconoció Vázquez que esta sentencia «a quien más perjudica es a los ciudadanos de Toro, no porque se tenga que desmantelar la estación ya que la concesión fue aprobada», sino porque el alcalde «lo que hizo fue escriturar la parcela a nombre de Itevelesa, a pesar de que había un proceso judicial abierto y en la firma del acuerdo, cuando se hace la cesión a Itevelesa, se dice claramente que si la sentencia es desfavorable, el Ayuntamiento debería indemnizar a Itevelesa».
En principio, Itevelesa reclamará ahora al Ayuntamiento esta indemnización y que, según avanzó el PSOE, «va a ascender a todo lo que se ha gastado la empresa en montar la estación». No obstante, Vázquez no ocultó su sospecha de que «en este caso hay algo raro, ya que si no no se puede entender que adjudicaran la parcela a Itevelesa», cuando los técnicos municipales emitieron informes desfavorables sobre esta concesión.
El concejal José Luis Martín Arroyo recordó que en mayo del 2004 Itevelesa presentó un escrito en el Ayuntamiento en el que anunciaba su intención de asentarse en Toro. Dos meses más tarde, el concejal de Urbanismo, emitió un informe para la desafectación de una parcela de 2.000 metros cuadrados que de equipamiento social y deportivo se pasó a patrimonial. A la adjudicación de esta parcela se presentaron tres ofertas y, con el voto de calidad del alcalde, la concesión se realizó a Itevelesa, que presentó la oferta económica más baja, y que fue ratificada un mes después por el pleno. La empresa Gil y Prada, que había presentado una oferta, tras considerar que según las bases debería haber sido la adjudicataria de esta parcela, presentó un recurso, al margen del que interpuso el PSOE. En pleno proceso judicial, este empresario decidió retirar el recurso, coincidiendo, según el PSOE, con la aprobación de una licencia final de obra y apertura para una nave y una vivienda de un familiar de este empresario. Tras varios recursos, el Ayuntamiento deberá ahora ejecutar esta sentencia
