oto Minero Cantábrico recibió ayer la orden de paralizar los trabajos en la mina a cielo abierto Nueva Julia, en Cabrillanes, en cumplimiento del auto que acepta la solicitud de medidas cautelares solicitadas por los colectivos ecologistas Montañas de Babia y Luna y Filón Verde. Una paralización que se hace efectiva a partir de hoy.
La empresa, del Grupo Alonso, presentará el lunes un Expediente de Regulación de Empleo con suspensión de los 64 contratos, la totalidad de la plantilla que hasta ahora desarrollaba su trabajo en la corta; con efectos de hoy sábado.
Fuentes de la compañía señalaron ayer que «más adelante» les indicarán qué trabajos pueden llevar a cabo dentro de la explotación para asegurar taludes y otras obras, aunque de momento la suspensión de actividad es «total e inmediata».
Por otra parte, reconocen que los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León trabajan para subsanar los defectos administrativos que han llevado a la paralización de la mina, de forma que las actuaciones judiciales no tengan consecuencias sobre el empleo. Aunque, de momento, no han obtenido solución.
La paralización de Nueva Julia fue decidida por el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de León, que aceptó la medida cautelar solicitada por los grupos ecologistas en su recurso contra la licencia ambiental y urbanística que en su día concedió el Ayuntamiento de Cabrillanes. En dos autos, el juez reconoce que la entonces MSP obtuvo la aprobación de los proyectos de explotación y restauración de Nueva Julia en el 2003, junto con el estudio de impacto ambiental por parte de la Junta.
Sin embargo, considera que las licencias obtenidas no respetan la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que en noviembre dictaminó la necesidad de evaluar adecuadamente la repercusiones (tanto individuales como conjuntas) de las explotaciones para la población de urogallos.
El auto se refiere también a otras explotaciones del mismo grupo minero en la zona a la hora de cuestionar las autorizaciones ambientales y administrativas
La empresa, del Grupo Alonso, presentará el lunes un Expediente de Regulación de Empleo con suspensión de los 64 contratos, la totalidad de la plantilla que hasta ahora desarrollaba su trabajo en la corta; con efectos de hoy sábado.
Fuentes de la compañía señalaron ayer que «más adelante» les indicarán qué trabajos pueden llevar a cabo dentro de la explotación para asegurar taludes y otras obras, aunque de momento la suspensión de actividad es «total e inmediata».
Por otra parte, reconocen que los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León trabajan para subsanar los defectos administrativos que han llevado a la paralización de la mina, de forma que las actuaciones judiciales no tengan consecuencias sobre el empleo. Aunque, de momento, no han obtenido solución.
La paralización de Nueva Julia fue decidida por el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de León, que aceptó la medida cautelar solicitada por los grupos ecologistas en su recurso contra la licencia ambiental y urbanística que en su día concedió el Ayuntamiento de Cabrillanes. En dos autos, el juez reconoce que la entonces MSP obtuvo la aprobación de los proyectos de explotación y restauración de Nueva Julia en el 2003, junto con el estudio de impacto ambiental por parte de la Junta.
Sin embargo, considera que las licencias obtenidas no respetan la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que en noviembre dictaminó la necesidad de evaluar adecuadamente la repercusiones (tanto individuales como conjuntas) de las explotaciones para la población de urogallos.
El auto se refiere también a otras explotaciones del mismo grupo minero en la zona a la hora de cuestionar las autorizaciones ambientales y administrativas