La batalla política y mediática en torno a la conspiración del 11mi hermana llegado a los tribunales y allí se va a quedar un largo tiempo a la espera de que unos y otros, que están enfrascados en disputas de competencia, de presunta prevaricación, de amparo y de altas maniobras políticas, saquen de todo esto el partido que esperan sacar en un río revuelto en el que el perdedor inicial será el prestigio del poder judicial, sobre el que reclaman respeto el ministro de Justicia, López Aguilar, y el presidente Zapatero, para acusar al PP de deteriorar la acción e independencia de los jueces, mientras que del lado del PP se dice lo contrario, señalando a Garzón como un agente al servicio del poder, conocidos como son sus antecedentes políticos —número dos de González en las elecciones de 1993— y judiciales (la caza de Gómez de Liaño, entre otras habilidades).
Lo malo de esta crisis que reverdece una y otra vez en el poder judicial es que todos tienen un poco de razón y que en el origen de este conflicto está la larga mano de los partidos políticos, algo que debió prohibirse en la Constitución o limitar lo máximo posible en las distintas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fueron de mal en peor (“Montesquieu ha muerto”, dijo Guerra) hasta convertir este poder del Estado en una caja de influencias y resonancia del debate político y de los partidos políticos. Mientras sean los partidos, a través del Consejo General del Poder Judicial, quienes nombren a los jueces —con natural ventaja para el que tiene la mayoría en dicho organismo— de los altos tribunales del Estado, la crisis del poder judicial no cesará.
Y puede incluso que empeore por causa de las nuevas competencias otorgadas por este Gobierno a los Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas —que tienen esta competencia—, porque a la influencia general de los grandes partidos se le sumará la de los partidos nacionalistas o autonómicos, especialmente en aquellos asuntos que toquen de lleno la política de esas latitudes. Una reforma que daña el principio de la unidad judicial del Estado y que deja fuera de juego al Tribunal Supremo, como consecuencia de otras de las concesiones que Zapatero hizo a los nacionalistas catalanes y a las que se subió con extraño entusiasmo el PP valenciano.
El asunto que está ahora en el centro de la polémica es el empeño de algunos de frenar el juicio del 11M, que presumiblemente está previsto para el mes de febrero, porque los adalides de la teoría de la conspiración del 11M necesitan tener abierto el sumario para crear confusión y expectación porque saben que con lo que hay en las actuaciones del juez Del Olmo la conexión de ETA con el terrorismo islámico no saldrá por ninguna parte.
Y en este intento de frenar el procedimiento se ha cruzado por medio el caso de los documentos del ácido bórico que fue encontrado en casa de un terrorista y tres años antes en la de un etarra, lo que sirvió a unos peritos del Ministerio de Interior para decir que podría haber conexión entre ETA y el terrorismo islámico en los atentados del 11M. Una suposición sin fundamento científico ni pruebas, que en su día fue rechazada por sus superiores de Interior por especulativa, y que de pronto, año y cuatro meses más tarde, fue reactivada y firmada por dichos peritos con fecha de 2005.
El documento fue filtrado al diario El Mundo, abanderado de la conspiración, que lo llevó ante un juez y al final el magistrado, en este caso Garzón, descubrió la firma a posteriori e imputo a los peritos que acudieron a su sala como testigos. Y éstos se han querellado contra el juez por presunta prevaricación, aduciendo malos modos y falta de competencia; mientras Garzón sigue con el sumario y la Sala de lo Penal afirma que debe trasladarse a un juzgado de primera instancia, que ya lo reclama, mientras Garzón pide amparo por las críticas recibidas al Tribunal Constitucional.
Al fondo de toda esta batalla legal, política y mediática no hay nada especial, pero unos quieren que la palabra ETA llegue, como sea, al sumario aunque sea sin prueba alguna que demuestre la participación etarra en la masacre de Madrid y otros pretenden que lo de ETA no aparezca por ninguna parte. Y en medio de todo ello el Consejo del Poder Judicial, que por una lado quiere investigar a Garzón y por otro ya veremos si le da su amparo ante las críticas recibidas, lo que sería de extrañar porque allí por ahora —y ya por poco tiempo, porque su mandato acaba en noviembre— manda el PP. De la misma manera que el Gobierno manda en la Fiscalía General, y de qué manera.
En conclusión, lo dicho: al final de esta palea el gran perdedor es el poder judicial por causa de la politización y el desprestigio que episodios como éste incluyen. Lo del ácido bórico es un asunto menor que, aunque no es explosivo como dicen los expertos, ya ha provocado en la política su onda expansiva particular, y veremos cómo acaba, porque esto sólo acaba de comenzar.
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Lo malo de esta crisis que reverdece una y otra vez en el poder judicial es que todos tienen un poco de razón y que en el origen de este conflicto está la larga mano de los partidos políticos, algo que debió prohibirse en la Constitución o limitar lo máximo posible en las distintas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fueron de mal en peor (“Montesquieu ha muerto”, dijo Guerra) hasta convertir este poder del Estado en una caja de influencias y resonancia del debate político y de los partidos políticos. Mientras sean los partidos, a través del Consejo General del Poder Judicial, quienes nombren a los jueces —con natural ventaja para el que tiene la mayoría en dicho organismo— de los altos tribunales del Estado, la crisis del poder judicial no cesará.
Y puede incluso que empeore por causa de las nuevas competencias otorgadas por este Gobierno a los Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas —que tienen esta competencia—, porque a la influencia general de los grandes partidos se le sumará la de los partidos nacionalistas o autonómicos, especialmente en aquellos asuntos que toquen de lleno la política de esas latitudes. Una reforma que daña el principio de la unidad judicial del Estado y que deja fuera de juego al Tribunal Supremo, como consecuencia de otras de las concesiones que Zapatero hizo a los nacionalistas catalanes y a las que se subió con extraño entusiasmo el PP valenciano.
El asunto que está ahora en el centro de la polémica es el empeño de algunos de frenar el juicio del 11M, que presumiblemente está previsto para el mes de febrero, porque los adalides de la teoría de la conspiración del 11M necesitan tener abierto el sumario para crear confusión y expectación porque saben que con lo que hay en las actuaciones del juez Del Olmo la conexión de ETA con el terrorismo islámico no saldrá por ninguna parte.
Y en este intento de frenar el procedimiento se ha cruzado por medio el caso de los documentos del ácido bórico que fue encontrado en casa de un terrorista y tres años antes en la de un etarra, lo que sirvió a unos peritos del Ministerio de Interior para decir que podría haber conexión entre ETA y el terrorismo islámico en los atentados del 11M. Una suposición sin fundamento científico ni pruebas, que en su día fue rechazada por sus superiores de Interior por especulativa, y que de pronto, año y cuatro meses más tarde, fue reactivada y firmada por dichos peritos con fecha de 2005.
El documento fue filtrado al diario El Mundo, abanderado de la conspiración, que lo llevó ante un juez y al final el magistrado, en este caso Garzón, descubrió la firma a posteriori e imputo a los peritos que acudieron a su sala como testigos. Y éstos se han querellado contra el juez por presunta prevaricación, aduciendo malos modos y falta de competencia; mientras Garzón sigue con el sumario y la Sala de lo Penal afirma que debe trasladarse a un juzgado de primera instancia, que ya lo reclama, mientras Garzón pide amparo por las críticas recibidas al Tribunal Constitucional.
Al fondo de toda esta batalla legal, política y mediática no hay nada especial, pero unos quieren que la palabra ETA llegue, como sea, al sumario aunque sea sin prueba alguna que demuestre la participación etarra en la masacre de Madrid y otros pretenden que lo de ETA no aparezca por ninguna parte. Y en medio de todo ello el Consejo del Poder Judicial, que por una lado quiere investigar a Garzón y por otro ya veremos si le da su amparo ante las críticas recibidas, lo que sería de extrañar porque allí por ahora —y ya por poco tiempo, porque su mandato acaba en noviembre— manda el PP. De la misma manera que el Gobierno manda en la Fiscalía General, y de qué manera.
En conclusión, lo dicho: al final de esta palea el gran perdedor es el poder judicial por causa de la politización y el desprestigio que episodios como éste incluyen. Lo del ácido bórico es un asunto menor que, aunque no es explosivo como dicen los expertos, ya ha provocado en la política su onda expansiva particular, y veremos cómo acaba, porque esto sólo acaba de comenzar.
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