Las sospechas de un mal funcionamiento de la Sección de la Audiencia Provincial de Málaga que rige en Melilla fue uno de los temas más comentados en el ambiente judicial de la Ciudad Autónoma, especialmente en el periodo en que ostentó la presidencia el magistrado José Luis Ruiz Martínez. Éste abandonó su cargo y se trasladó a Granda como titular de un Juzgado de Instrucción (cargo más bajo), después de que en agosto de 2004 varios reportajes periodísticos cuestionaran su independencia e hicieran tambalear su reputación.
El hermano del presidente
De todos conocida es su amistad con Blas Jesús Imbroda, hermano del presidente de la ciudad autónoma, quien desde la presidencia del Colegio de Abogados fomenta sus relaciones con magistrados afines, que apoyan las tesis de los Imbroda en sus embrollos judiciales y hacen lo posible por silenciar las escasas voces críticas contra el presidente y su entorno. Así ocurrió, por ejemplo, con el periodista Enrique Bohórquez, demandado en reiteradas ocasiones y condenado a pagar indemnizaciones millonarias por las opiniones vertidas en los editoriales de su diario, Melilla hoy.
Jueces perseguidos
Blas Jesús Imbroda tampoco ha dudado en perseguir a jueces como Luis Miguel álvarez López, quien ordenó el ingreso en prisión del ex consejero de Economía de la ciudad, envuelto en una trama de blanqueo de capitales. El Colegio de Abogados ejecutó una campaña contra álvarez, que desembocó en una sanción de seis días de suspensión interpuesta por el Consejo General del Poder Judicial.
Jueces y narcotráfico
Además, el magistrado José Luis Ruiz Martínez ha mantenido estrechas relaciones con otros jueces polémicos, algunos de ellos también pertenecientes a la Sección 7ª de la Audiencia Provincial. Junto con los magistrados Izquierdo Fraile y Mariano Santos Peñalver, quienes gozan de fuertes vínculos con la familia del presidente melillense, protagonizó un escándalo relacionado con el narcotráfico.
La Guardia Civil, que investigaba al narcotraficante Ouassani Mohamed, incautó unas conversaciones en las que Izquierdo solicitaba al traficante un pago de 2.000 euros, y Santos le recomendaba que atendiera a la petición. Pese a que los hechos se demostraron probados, el juzgado que llevaba el caso archivó las diligencias contra ambos jueces primero, y contra el resto de los imputados después.
Benítez Yébenes y la Administración de Imbroda
Un episodio parecido vivió el juez Juan Rafael Benítez Yébenes, sustituto de Izquierdo. Al investigar al narcotraficante Mohamed Halifa, numerosas grabaciones telefónicas ordenadas judicialmente sacaron a la luz la existencia de una auténtica red de institucional de corrupción, y se detuvo, entre otros al consejero de Economía del Gobierno de Imbroda, Francisco Suárez. En el escándalo también estaban implicados Blas Jesús Imbroda, Ernesto Rodríguez, presidente de la empresa municipal del suelo público, y el propio presidente de la ciudad, a quien se le atribuían delitos de cobro de dietas dobles como alcalde y senador.
Tras un enfrentamiento del Gobierno popular con los jueces, policías y fiscales que les resultaban incómodos, la Sección 7ª de la Audiencia Provincial dictó un oportuno auto, cuyo ponente fue el magistrado Benítez, que decretaba la “nulidad de todas las intervenciones telefónicas practicadas”, por lo que se procedió a la destrucción de todas las grabaciones.
Plataforma Ya está bien
La situación judicial se ha vuelto escandalosa incluso para muchos ciudadanos, que se han agrupado en la plataforma Ya está bien, que hace un seguimiento de las actuaciones de la familia Imbroda y denuncia casos relativos a la justicia, la cultura, la educación y el medio ambiente, entre otros. Además recoge datos sobre las faltas de los Imbroda, así como de otros miembros el Gobierno popular de Melilla.
El hermano del presidente
De todos conocida es su amistad con Blas Jesús Imbroda, hermano del presidente de la ciudad autónoma, quien desde la presidencia del Colegio de Abogados fomenta sus relaciones con magistrados afines, que apoyan las tesis de los Imbroda en sus embrollos judiciales y hacen lo posible por silenciar las escasas voces críticas contra el presidente y su entorno. Así ocurrió, por ejemplo, con el periodista Enrique Bohórquez, demandado en reiteradas ocasiones y condenado a pagar indemnizaciones millonarias por las opiniones vertidas en los editoriales de su diario, Melilla hoy.
Jueces perseguidos
Blas Jesús Imbroda tampoco ha dudado en perseguir a jueces como Luis Miguel álvarez López, quien ordenó el ingreso en prisión del ex consejero de Economía de la ciudad, envuelto en una trama de blanqueo de capitales. El Colegio de Abogados ejecutó una campaña contra álvarez, que desembocó en una sanción de seis días de suspensión interpuesta por el Consejo General del Poder Judicial.
Jueces y narcotráfico
Además, el magistrado José Luis Ruiz Martínez ha mantenido estrechas relaciones con otros jueces polémicos, algunos de ellos también pertenecientes a la Sección 7ª de la Audiencia Provincial. Junto con los magistrados Izquierdo Fraile y Mariano Santos Peñalver, quienes gozan de fuertes vínculos con la familia del presidente melillense, protagonizó un escándalo relacionado con el narcotráfico.
La Guardia Civil, que investigaba al narcotraficante Ouassani Mohamed, incautó unas conversaciones en las que Izquierdo solicitaba al traficante un pago de 2.000 euros, y Santos le recomendaba que atendiera a la petición. Pese a que los hechos se demostraron probados, el juzgado que llevaba el caso archivó las diligencias contra ambos jueces primero, y contra el resto de los imputados después.
Benítez Yébenes y la Administración de Imbroda
Un episodio parecido vivió el juez Juan Rafael Benítez Yébenes, sustituto de Izquierdo. Al investigar al narcotraficante Mohamed Halifa, numerosas grabaciones telefónicas ordenadas judicialmente sacaron a la luz la existencia de una auténtica red de institucional de corrupción, y se detuvo, entre otros al consejero de Economía del Gobierno de Imbroda, Francisco Suárez. En el escándalo también estaban implicados Blas Jesús Imbroda, Ernesto Rodríguez, presidente de la empresa municipal del suelo público, y el propio presidente de la ciudad, a quien se le atribuían delitos de cobro de dietas dobles como alcalde y senador.
Tras un enfrentamiento del Gobierno popular con los jueces, policías y fiscales que les resultaban incómodos, la Sección 7ª de la Audiencia Provincial dictó un oportuno auto, cuyo ponente fue el magistrado Benítez, que decretaba la “nulidad de todas las intervenciones telefónicas practicadas”, por lo que se procedió a la destrucción de todas las grabaciones.
Plataforma Ya está bien
La situación judicial se ha vuelto escandalosa incluso para muchos ciudadanos, que se han agrupado en la plataforma Ya está bien, que hace un seguimiento de las actuaciones de la familia Imbroda y denuncia casos relativos a la justicia, la cultura, la educación y el medio ambiente, entre otros. Además recoge datos sobre las faltas de los Imbroda, así como de otros miembros el Gobierno popular de Melilla.