MADRID.- La diferencia entre la versión difundida por el Ministerio de Industria del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno el 24 de febrero para frenar la compra de Endesa por la alemana E.ON y el texto publicado cuatro días después en el Boletín Oficial del Estado obedece a «un error». Esta es la respuesta que dio ayer el departamento que dirige José Montilla.
El Ministerio niega que existan diferencias entre ambas versiones y subraya que el texto aparecido en el boletín coincide con el aprobado en el Consejo de Ministros.
Los servicios de Montilla explicaron que el «error» se produjo al trasladar a la nota de prensa del Ministerio el contenido del decreto. El Gobierno también aseguró ayer que no ha cambiado la redacción de la norma.
«Lo que se aprueba en un Consejo de Ministros es lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado». Con esta frase, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, salió al paso de la información publicada ayer por EL MUNDO en relación a presuntas discrepancias entre el texto del Real Decreto Ley publicado en el BOE, el 28 de febrero, facultando a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para analizar la oferta de compra de E.ON sobre Endesa y el documento que el Ministerio de Industria facilitó a la prensa el día 24 del mismo mes, tras el visto bueno del Consejo de Ministros.
La vicepresidenta quiso dejar claro que el Gobierno no ha variado el texto del decreto que fue aprobado en el Consejo. En la redacción dada a conocer por Montilla en la tarde del viernes 24 se exponían tres motivos por los que la CNE podía autorizar o denegar una operación empresarial. En cambio, en el texto publicado en el BOE, son cuatro las cláusulas que aparecen reflejadas.
La nueva causa refuerza los poderes discrecionales del organismo y establece su capacidad para poder vetar una OPA (Oferta Pública de Adquisición de acciones). En concreto, deniega «cualquier autorización ante la posibilidad de que la entidad que realice las actividades mencionadas de la función 14º [las reguladas por la Administración española] quede expuesta a no poder desarrollarlas con garantías como consecuencia de cualesquiera otras actividades desarrolladas por la entidad adquiriente o por la adquirida».
Antes de que la vicepresidenta hiciese estas declaraciones (a mediodía de ayer, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros), el Departamento de Montilla, del que depende la CNE, ya había admitido que hubo un «error» en la nota de prensa que el Ministerio de Industria dio a los medios de comunicación en la tarde del día 24.
El Ministerio explicó que la diferencia entre la versión del decreto difundida por su Departamento y la literalidad de la norma publicada el pasado martes en el BOE no obedeció a una alteración del texto del boletín, ya que «no se puede modificar una norma aprobada en un Consejo», según informaron a Servimedia fuentes de Industria.
Este escenario de discrepancias, junto con la crispación levantada a raíz del citado decreto, motivó ayer que el PP decidiese presentar el 14 de marzo una moción para pedir el cese de Montilla. Los populares acusaron al ministro de «incompetencia en sus funciones» y de haber llevado al sector energético español a una «situación de incertidumbre y de inestabilidad nociva». El PP culpa Montilla de «patrocinar» la OPA de Gas Natural sobre Endesa y adoptar «medidas ad hoc» para aumentar las competencias de la Comisión Nacional de la Energía y bloquear así la oferta de E.ON.
El PP pedirá que se adopten las medidas oportunas que permitan a los organismos reguladores -en concreto, a la CNE y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores- «recuperar la independencia y el crédito perdidos», procediendo a la elección de los miembros de sus respectivos consejos con el apoyo de las tres quintas partes de la Cámara Baja.
El Ministerio niega que existan diferencias entre ambas versiones y subraya que el texto aparecido en el boletín coincide con el aprobado en el Consejo de Ministros.
Los servicios de Montilla explicaron que el «error» se produjo al trasladar a la nota de prensa del Ministerio el contenido del decreto. El Gobierno también aseguró ayer que no ha cambiado la redacción de la norma.
«Lo que se aprueba en un Consejo de Ministros es lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado». Con esta frase, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, salió al paso de la información publicada ayer por EL MUNDO en relación a presuntas discrepancias entre el texto del Real Decreto Ley publicado en el BOE, el 28 de febrero, facultando a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para analizar la oferta de compra de E.ON sobre Endesa y el documento que el Ministerio de Industria facilitó a la prensa el día 24 del mismo mes, tras el visto bueno del Consejo de Ministros.
La vicepresidenta quiso dejar claro que el Gobierno no ha variado el texto del decreto que fue aprobado en el Consejo. En la redacción dada a conocer por Montilla en la tarde del viernes 24 se exponían tres motivos por los que la CNE podía autorizar o denegar una operación empresarial. En cambio, en el texto publicado en el BOE, son cuatro las cláusulas que aparecen reflejadas.
La nueva causa refuerza los poderes discrecionales del organismo y establece su capacidad para poder vetar una OPA (Oferta Pública de Adquisición de acciones). En concreto, deniega «cualquier autorización ante la posibilidad de que la entidad que realice las actividades mencionadas de la función 14º [las reguladas por la Administración española] quede expuesta a no poder desarrollarlas con garantías como consecuencia de cualesquiera otras actividades desarrolladas por la entidad adquiriente o por la adquirida».
Antes de que la vicepresidenta hiciese estas declaraciones (a mediodía de ayer, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros), el Departamento de Montilla, del que depende la CNE, ya había admitido que hubo un «error» en la nota de prensa que el Ministerio de Industria dio a los medios de comunicación en la tarde del día 24.
El Ministerio explicó que la diferencia entre la versión del decreto difundida por su Departamento y la literalidad de la norma publicada el pasado martes en el BOE no obedeció a una alteración del texto del boletín, ya que «no se puede modificar una norma aprobada en un Consejo», según informaron a Servimedia fuentes de Industria.
Este escenario de discrepancias, junto con la crispación levantada a raíz del citado decreto, motivó ayer que el PP decidiese presentar el 14 de marzo una moción para pedir el cese de Montilla. Los populares acusaron al ministro de «incompetencia en sus funciones» y de haber llevado al sector energético español a una «situación de incertidumbre y de inestabilidad nociva». El PP culpa Montilla de «patrocinar» la OPA de Gas Natural sobre Endesa y adoptar «medidas ad hoc» para aumentar las competencias de la Comisión Nacional de la Energía y bloquear así la oferta de E.ON.
El PP pedirá que se adopten las medidas oportunas que permitan a los organismos reguladores -en concreto, a la CNE y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores- «recuperar la independencia y el crédito perdidos», procediendo a la elección de los miembros de sus respectivos consejos con el apoyo de las tres quintas partes de la Cámara Baja.