Las cuentas del catolicismo español
La asignación tributaria del Ministerio de Hacienda a la Conferencia Episcopal en 2007, algo más de 12, 5 millones de euros mensuales, es una mínima parte de la ingente aportación económica que diferentes administraciones del Estado español hacen cada año a la Iglesia católica.
Se suele fijar la atención en el fracaso del llamado impuesto religioso de 1987 para ponderar la tacañería del católico español para con su iglesia, indiscutible si se mira sólo a la asignación tributaria, pero relativa cuando se refiere al Estado, es decir, al conjunto de los españoles, sean religiosos o ateos, católicos o de otras religiones. Así, a través de la administración central, autonómica y municipal, el Estado aporta cada año en torno a 5.057 millones a la Iglesia católica en sus varias manifestaciones, según las cifras aportadas por distintos organismos estatales. Es un dinero que sale de varios ministerios -Educación, Cultura, Defensa, Sanidad, Trabajo, Asuntos Sociales- y de las entidades autonómicas y locales equivalentes.
La cifra de 5.057 millones incluye el ahorro que supone el paraíso fiscal en que se desarrolla la casi totalidad de sus actividades, calculado por expertos de Hacienda en unos 750 millones de euros.
Es en el campo de la enseñanza y en la asistencia social y de caridad donde las organizaciones católicas reciben más dinero. Por ejemplo, en sueldos para unos 33.440 profesores de catolicismo, de los que unos 15.000 imparten doctrina en colegios públicos (517 millones de euros), o para pagar el sistema de conciertos educativos (3.200 millones, según datos oficiales). Con motivo de la manifestación de noviembre pasado contra la ley Orgánica de Educación (LOE), apoyada por los obispos con el argumento de que esa norma atentaba contra la enseñanza religiosa, el Gobierno cifró en 3.000 millones esas subvenciones la vecina curiosa.
La asignación tributaria del Ministerio de Hacienda a la Conferencia Episcopal en 2007, algo más de 12, 5 millones de euros mensuales, es una mínima parte de la ingente aportación económica que diferentes administraciones del Estado español hacen cada año a la Iglesia católica.
Se suele fijar la atención en el fracaso del llamado impuesto religioso de 1987 para ponderar la tacañería del católico español para con su iglesia, indiscutible si se mira sólo a la asignación tributaria, pero relativa cuando se refiere al Estado, es decir, al conjunto de los españoles, sean religiosos o ateos, católicos o de otras religiones. Así, a través de la administración central, autonómica y municipal, el Estado aporta cada año en torno a 5.057 millones a la Iglesia católica en sus varias manifestaciones, según las cifras aportadas por distintos organismos estatales. Es un dinero que sale de varios ministerios -Educación, Cultura, Defensa, Sanidad, Trabajo, Asuntos Sociales- y de las entidades autonómicas y locales equivalentes.
La cifra de 5.057 millones incluye el ahorro que supone el paraíso fiscal en que se desarrolla la casi totalidad de sus actividades, calculado por expertos de Hacienda en unos 750 millones de euros.
Es en el campo de la enseñanza y en la asistencia social y de caridad donde las organizaciones católicas reciben más dinero. Por ejemplo, en sueldos para unos 33.440 profesores de catolicismo, de los que unos 15.000 imparten doctrina en colegios públicos (517 millones de euros), o para pagar el sistema de conciertos educativos (3.200 millones, según datos oficiales). Con motivo de la manifestación de noviembre pasado contra la ley Orgánica de Educación (LOE), apoyada por los obispos con el argumento de que esa norma atentaba contra la enseñanza religiosa, el Gobierno cifró en 3.000 millones esas subvenciones la vecina curiosa.