CASAS DE LáZARO
Demoledor informe sobre el caos económico en Casas de Lázaro
Se hace eco de la situación vivida en el Consistorio entre los años 1998 y 2002
G. GONZáLEZ
El Pleno del Ayuntamiento de Casas de Lázaro se hizo eco de un informe demoledor del letrado municipal, Juan Modesto Cebrián, «confirmando la situación de caos económico y administrativo del municipio entre 1998 y 2002». Según la alcaldesa, María Eugenia Cuartero, esa situación contrasta con la actual, en la que las cuentas son ampliamente conocidas por los vecinos e incluso cuenta con un remanente de tesorería de 347.000 euros.
En la elaboración del documento, al que todavía podrían incorporarse nuevas aportaciones documentales, se ha tomado en consideración la documentación obrante en los autos pertenecientes al procedimiento que se sigue ante el juzgado de Instrucción de Alcaraz, contra el entonces secretario de la corporación, «por un presunto delito de malversación de caudales públicos». El Pleno del ayuntamiento decidió, con los votos en contra del Partido Popular, tomarlo en consideración y remitirlo al Tribunal de Cuentas.
Falta de control contable. Según asegura la alcaldesa, María Eugenia Cuartero, «en el informe queda bien a las claras, que en el Ayuntamiento en ese periodo, no se llevaba ningún tipo de contabilidad, y por tanto no se pueden realizar valoraciones, por el gran caos administrativo y contable que ha sufrido el ayuntamiento». En el documento se dice que la inexistencia del más mínimo libro de control de ingresos y gastos por caja (tesorería), «impide determinar cuál ha podido ser la cuantía de dinero gestionada a través de ella». Y tampoco se pueden conocer «cuáles han sido todas las operaciones económicas que se han llevado a cabo».
Para el autor del informe, «lo anterior es relevante, porque la presunción de gestión honorable de la misma no parece sostenerse, toda vez que está acreditado que el secretario de la corporación, por las razones que sean, y bajo los condicionantes que sean, se apropió de recursos económicos del ayuntamiento a través de alteraciones en su nómina y de la realización de duplicados de la misma».
Y si esta actuación fue realizada, «pese a requerir una compleja instrumentación, nada impide que una disposición más fácil de fondos como los que se encuentran en la caja de caudales que custodia, haya podido tener lugar». En este caso «debe de cargar en su contra la presunción negativa por su directa responsabilidad no sólo en la custodia de los fondos, sino en la llevanza de los libros de ingresos y gastos».
En otro punto del informe, se afirma que «las irregularidades detectadas en el ayuntamiento de Casas de Lázaro deben ponerse en relación con las que se hallen, en su caso, en la empresa municipal suministradora de electricidad, ya que hasta el año 2001 existió caja única ayuntamiento - empresa, y está acreditado que muchos vecinos pagaban sus recibos de la luz en el ayuntamiento». También se ha acreditado «que muchos recibos de luz que eran girados a través de remesas bancarias, posteriormente se devolvían por impago, sin que pueda constar en el ayuntamiento si la gestión de recobro se intentaba o no, o si se conseguía o no; incluso resulta posible que algunos de estos vecinos pagaran el importe en la caja del ayuntamiento».
Todo lo anterior tiene relevancia «en relación con la falta de control del dinero gestionado a través de la caja municipal», y se podrán extraer consecuencias relevantes «en relación al dinero que sin ningún control ha sido gestionado en el Ayuntamiento».
Muchos cheques al portador. Otra de las pruebas del gran «caos y descontrol municipal», se da en que «existen gran cantidad de cheques emitidos al portador, y con falta de alguna de las firmas preceptivas, no resultando creíble que el secretario ignorase la ilicitud de emitirlo así, máxime cuando no existe justificación respecto del concepto con que se expidieron».
El hecho de que muchos de ellos sean de importe inferior a 3.000 euros, «y que por lo tanto no resultase preceptivo identificar al perceptor, impide determinar qué personas fueron las que lo cobraron».
Finalmente el informe propone «la práctica de diligencias de investigación por parte de los servicios Administrativos del ayuntamiento, que podrían determinar la aparición de hechos nuevos, de relevancia suficiente, para determinar nuevas responsabilidades».
Demoledor informe sobre el caos económico en Casas de Lázaro
Se hace eco de la situación vivida en el Consistorio entre los años 1998 y 2002
G. GONZáLEZ
El Pleno del Ayuntamiento de Casas de Lázaro se hizo eco de un informe demoledor del letrado municipal, Juan Modesto Cebrián, «confirmando la situación de caos económico y administrativo del municipio entre 1998 y 2002». Según la alcaldesa, María Eugenia Cuartero, esa situación contrasta con la actual, en la que las cuentas son ampliamente conocidas por los vecinos e incluso cuenta con un remanente de tesorería de 347.000 euros.
En la elaboración del documento, al que todavía podrían incorporarse nuevas aportaciones documentales, se ha tomado en consideración la documentación obrante en los autos pertenecientes al procedimiento que se sigue ante el juzgado de Instrucción de Alcaraz, contra el entonces secretario de la corporación, «por un presunto delito de malversación de caudales públicos». El Pleno del ayuntamiento decidió, con los votos en contra del Partido Popular, tomarlo en consideración y remitirlo al Tribunal de Cuentas.
Falta de control contable. Según asegura la alcaldesa, María Eugenia Cuartero, «en el informe queda bien a las claras, que en el Ayuntamiento en ese periodo, no se llevaba ningún tipo de contabilidad, y por tanto no se pueden realizar valoraciones, por el gran caos administrativo y contable que ha sufrido el ayuntamiento». En el documento se dice que la inexistencia del más mínimo libro de control de ingresos y gastos por caja (tesorería), «impide determinar cuál ha podido ser la cuantía de dinero gestionada a través de ella». Y tampoco se pueden conocer «cuáles han sido todas las operaciones económicas que se han llevado a cabo».
Para el autor del informe, «lo anterior es relevante, porque la presunción de gestión honorable de la misma no parece sostenerse, toda vez que está acreditado que el secretario de la corporación, por las razones que sean, y bajo los condicionantes que sean, se apropió de recursos económicos del ayuntamiento a través de alteraciones en su nómina y de la realización de duplicados de la misma».
Y si esta actuación fue realizada, «pese a requerir una compleja instrumentación, nada impide que una disposición más fácil de fondos como los que se encuentran en la caja de caudales que custodia, haya podido tener lugar». En este caso «debe de cargar en su contra la presunción negativa por su directa responsabilidad no sólo en la custodia de los fondos, sino en la llevanza de los libros de ingresos y gastos».
En otro punto del informe, se afirma que «las irregularidades detectadas en el ayuntamiento de Casas de Lázaro deben ponerse en relación con las que se hallen, en su caso, en la empresa municipal suministradora de electricidad, ya que hasta el año 2001 existió caja única ayuntamiento - empresa, y está acreditado que muchos vecinos pagaban sus recibos de la luz en el ayuntamiento». También se ha acreditado «que muchos recibos de luz que eran girados a través de remesas bancarias, posteriormente se devolvían por impago, sin que pueda constar en el ayuntamiento si la gestión de recobro se intentaba o no, o si se conseguía o no; incluso resulta posible que algunos de estos vecinos pagaran el importe en la caja del ayuntamiento».
Todo lo anterior tiene relevancia «en relación con la falta de control del dinero gestionado a través de la caja municipal», y se podrán extraer consecuencias relevantes «en relación al dinero que sin ningún control ha sido gestionado en el Ayuntamiento».
Muchos cheques al portador. Otra de las pruebas del gran «caos y descontrol municipal», se da en que «existen gran cantidad de cheques emitidos al portador, y con falta de alguna de las firmas preceptivas, no resultando creíble que el secretario ignorase la ilicitud de emitirlo así, máxime cuando no existe justificación respecto del concepto con que se expidieron».
El hecho de que muchos de ellos sean de importe inferior a 3.000 euros, «y que por lo tanto no resultase preceptivo identificar al perceptor, impide determinar qué personas fueron las que lo cobraron».
Finalmente el informe propone «la práctica de diligencias de investigación por parte de los servicios Administrativos del ayuntamiento, que podrían determinar la aparición de hechos nuevos, de relevancia suficiente, para determinar nuevas responsabilidades».