Este marco jurídico establece un régimen de protección a los espacios naturales más sobresalientes que han sido clasificados en diferentes categorías de protección. Como
órgano colaborador en la gestión se creó el Patronato del
Parque en el que están representados todos los sectores involucrados (Administración General del Estado, Cabildo, Comunidad Autónoma,
Ayuntamientos, Universidades, y Asociaciones conservacionistas, etc.)
