El subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna, afirmó ayer que, a su juicio, «no ha habido ningún delito ecológico» en relación a la rotura de los acuíferos de Valle de Abdalajís durante las obras del AVE. López Luna, que respondía así al hecho de que la Fiscalía de Málaga haya remitido al Juzgado Decano de Antequera la denuncia presentada por IU por lo que considera «un desastre ecológico», precisó, no obstante, que el ministerio público «es muy libre de actuar».
«Estamos en un Estado libre, democrático, en el que la Justicia tiene la última palabra, y será ésta la que decida en último término», declaró el subdelegado, quien ayer asistió en la Comandancia de Málaga al acto organizado con motivo de la celebración de la patrona de la Guardia Civil.
El fiscal coordinador de Medio Ambiente decidió remitir al juzgado las investigaciones llevadas a cabo por el ministerio público a raíz de la denuncia firmada por el coordinador provincial de IU, José Antonio Castro, y el parlamentario Antonio Romero, en octubre de 2005, que, posteriormente, fue ampliada.
Con esta decisión se pretende la incoación de diligencias previas «por si los hechos fuesen constitutivos de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente», de los artículos 325 y siguientes del Código Penal, que regulan los hechos que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas.
IU formuló una denuncia en la que se alertaba a la Fiscalía de que las obras del AVE habían destruido unos acuíferos de los que se perdían entre 400 y 500 litros de agua por segundo. El escrito se presentó contra el responsable de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el director de la obra y el responsable de las empresas que trabajan en dichas actuaciones.
«Estamos en un Estado libre, democrático, en el que la Justicia tiene la última palabra, y será ésta la que decida en último término», declaró el subdelegado, quien ayer asistió en la Comandancia de Málaga al acto organizado con motivo de la celebración de la patrona de la Guardia Civil.
El fiscal coordinador de Medio Ambiente decidió remitir al juzgado las investigaciones llevadas a cabo por el ministerio público a raíz de la denuncia firmada por el coordinador provincial de IU, José Antonio Castro, y el parlamentario Antonio Romero, en octubre de 2005, que, posteriormente, fue ampliada.
Con esta decisión se pretende la incoación de diligencias previas «por si los hechos fuesen constitutivos de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente», de los artículos 325 y siguientes del Código Penal, que regulan los hechos que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas.
IU formuló una denuncia en la que se alertaba a la Fiscalía de que las obras del AVE habían destruido unos acuíferos de los que se perdían entre 400 y 500 litros de agua por segundo. El escrito se presentó contra el responsable de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el director de la obra y el responsable de las empresas que trabajan en dichas actuaciones.