La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a nuestro paisano Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por el delito de prevaricación al ordenar la interceptación de las comunicaciones (escuchas) que mantuvieron en prisión los imputados en el caso Gürtel y sus abogados. La sentencia, que se ha aprobado por unanimidad, supone la "perdida definitiva" de la condición de juez. La sentencia no se puede recurrir.
"La Justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia", afirma la sentencia, que también señala que Garzón admitió "prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios, en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado".
Este no es el único reproche que el Supremo realiza al magistrado, ya que insiste en valorar su actuación como una vulneración de los derechos fundamentales porque "la investigación criminal no justifica por sí misma cualquier clase de actuación" y "la verdad no puede alcanzarse a cualquier precio".
Esa decisión de Garzón, a juicio del tribunal, "se revelaba, a ojos de cualquiera, como un acto de mero voluntarismo" que se alejaba de modo "arbitrario y absoluto" de la aplicación razonada del Derecho causando "un daño totalmente injustificado y difícilmente reparable en los derechos de defensa" de los imputados y el secreto profesional de los abogados.
Tras insistir en que el juez se separó "absolutamente" de la doctrina del Tribunal Constitucional y del propio Supremo, la Sala indica que Garzón vulneró el Estado de Derecho, ya que a pesar de no existir indicios de delito contra los letrados, ordenó que sus comunicaciones fueran intervenidas, e incluyó a todos los abogados, fueran quienes fueran.
Asimismo, defiende la confidencialidad de las conversaciones entre abogado y cliente y dice que no puede aceptarse como motivación la simple suposición de que los sospechosos continuaban cometiendo delitos, o la mera posibilidad de que lo hicieran, como alegaron Garzón y su abogado defensor durante el juicio y la Fiscalía, que también pedía su absolución.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ya ha hecho efectiva la expulsión de la carrera judicial de Garzón, y la perdida de su condición de juez y con ella, los honores y reconocimientos que acompañan al cargo.
Lo siento por nuestro querido paisano, pero así lo dice la sentencia, y así lo cuento yo.
"La Justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia", afirma la sentencia, que también señala que Garzón admitió "prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios, en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado".
Este no es el único reproche que el Supremo realiza al magistrado, ya que insiste en valorar su actuación como una vulneración de los derechos fundamentales porque "la investigación criminal no justifica por sí misma cualquier clase de actuación" y "la verdad no puede alcanzarse a cualquier precio".
Esa decisión de Garzón, a juicio del tribunal, "se revelaba, a ojos de cualquiera, como un acto de mero voluntarismo" que se alejaba de modo "arbitrario y absoluto" de la aplicación razonada del Derecho causando "un daño totalmente injustificado y difícilmente reparable en los derechos de defensa" de los imputados y el secreto profesional de los abogados.
Tras insistir en que el juez se separó "absolutamente" de la doctrina del Tribunal Constitucional y del propio Supremo, la Sala indica que Garzón vulneró el Estado de Derecho, ya que a pesar de no existir indicios de delito contra los letrados, ordenó que sus comunicaciones fueran intervenidas, e incluyó a todos los abogados, fueran quienes fueran.
Asimismo, defiende la confidencialidad de las conversaciones entre abogado y cliente y dice que no puede aceptarse como motivación la simple suposición de que los sospechosos continuaban cometiendo delitos, o la mera posibilidad de que lo hicieran, como alegaron Garzón y su abogado defensor durante el juicio y la Fiscalía, que también pedía su absolución.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ya ha hecho efectiva la expulsión de la carrera judicial de Garzón, y la perdida de su condición de juez y con ella, los honores y reconocimientos que acompañan al cargo.
Lo siento por nuestro querido paisano, pero así lo dice la sentencia, y así lo cuento yo.
