CUANDO LAS BARBAS DE TU VECINO VEAS CORTAR PON LAS TUYAS A REMOJAR
SE VA POR EL MISMO CAMINO QUE EL ALCALDE DE TORREDELCAMPO
Fiscalía pide la inhabilitación del alcalde de Torredelcampo por los chalés ilegales
El 'caso Megatín' se abrió en 2005 con casi medio centenar de imputados, de los que irán a juicio menos de una decena
La Fiscalía ha solicitado la inhabilitación durante dos años del alcalde de Torredelcampo, Blas Sabalete (PSOE), por no perseguir y denunciar una operación urbanística de construcción de chalés en una cañada real. Este caso fue denunciado por la Guardia Civil en 2005 y hay imputados otras once personas más, entre ellas el promotor la urbanización.
En el escrito de calificación del fiscal dice que el alcalde de Torredelcampo «no sólo no ordenó la iniciación de expedientes sancionadores contra los infractores de las normas urbanísticas, sino que ni tan siquiera denunció a la autoridad judicial».
Según el Ministerio Público, el alcalde «dio lugar a la consolidación de una situación de ilegalidad administrativa y penal en este ámbito urbanístico de perjuicio difícilmente valorable para los intereses protegidos por la legislación medioambiental y urbanística».
Por ello, la Fiscalía acusa a Blas Sabalete de un delito de omisión de perseguir delito al considerar que el alcalde obró faltando a la obligación de su cargo al dejar «intencionadamente» de denunciar unos hechos que conocía y que pretendió solucionar intentando una modificación de las normas urbanísticas municipales contraria a la legislación.
La Fiscalía ha pedido la pena máxima establecida para este tipo de casos, que va desde los 6 meses a los dos años de inhabilitación especial para empleo y cargo público.
Para el promotor de las viviendas pide tres años de prisión y multa de 7.200 euros como presunto autor de un delito continuado contra la ordenación del territorio, además de tres años de inhabilitación especial para la profesión u oficio de promotor.
Los otros diez encausados, propietarios de las viviendas que se construyeron ilegalmente sin ningún tipo de licencia, se enfrentan a la petición de un año de cárcel y 1.080 euros.
La zona en la que se construyeron estas viviendas, conocida como El Megatín, es suelo clasificado en las normas subsidiarias de Torredelcampo como no urbanizable protegido afectado en parte por el Plan Especial de Protección del Medio Físico
Las investigaciones del Seprona llegaron a encontrar indicios de delito contra la ordenación del territorio en 47 personas. Sin embargo, muchos de estos supuestos delitos han prescrito.
El propio Sabalete, antes de conocer su imputación, había reivindicado que no ha cometido delito alguno por omisión. «No nos hemos estado quietos», afirmó sobre sus actuaciones en materia de urbanismo en la zona del Megatín. Incluso antes de ser él el alcalde, el Ayuntamiento procedió en 1998 a aprobar las modificaciones del PGOU pertinentes para declarar ese suelo como urbanizable. Lo que realmente se hizo era adaptar la normativa a la realidad, puesto que desde el año 1964 se habían hecho parcelaciones.
En su etapa en el Ayuntamiento, Sabalete indica que ha realizado gestiones directamente en Sevilla junto a la antigua delegada de Medio Ambiente, Mercedes Fernández, y ante las instancias oportunas. «Yo no le he dado licencia de forma indebida a nadie», insiste el regidor. La Junta de Andalucía ya salió en su apoyo al estallar el caso.
SE VA POR EL MISMO CAMINO QUE EL ALCALDE DE TORREDELCAMPO
Fiscalía pide la inhabilitación del alcalde de Torredelcampo por los chalés ilegales
El 'caso Megatín' se abrió en 2005 con casi medio centenar de imputados, de los que irán a juicio menos de una decena
La Fiscalía ha solicitado la inhabilitación durante dos años del alcalde de Torredelcampo, Blas Sabalete (PSOE), por no perseguir y denunciar una operación urbanística de construcción de chalés en una cañada real. Este caso fue denunciado por la Guardia Civil en 2005 y hay imputados otras once personas más, entre ellas el promotor la urbanización.
En el escrito de calificación del fiscal dice que el alcalde de Torredelcampo «no sólo no ordenó la iniciación de expedientes sancionadores contra los infractores de las normas urbanísticas, sino que ni tan siquiera denunció a la autoridad judicial».
Según el Ministerio Público, el alcalde «dio lugar a la consolidación de una situación de ilegalidad administrativa y penal en este ámbito urbanístico de perjuicio difícilmente valorable para los intereses protegidos por la legislación medioambiental y urbanística».
Por ello, la Fiscalía acusa a Blas Sabalete de un delito de omisión de perseguir delito al considerar que el alcalde obró faltando a la obligación de su cargo al dejar «intencionadamente» de denunciar unos hechos que conocía y que pretendió solucionar intentando una modificación de las normas urbanísticas municipales contraria a la legislación.
La Fiscalía ha pedido la pena máxima establecida para este tipo de casos, que va desde los 6 meses a los dos años de inhabilitación especial para empleo y cargo público.
Para el promotor de las viviendas pide tres años de prisión y multa de 7.200 euros como presunto autor de un delito continuado contra la ordenación del territorio, además de tres años de inhabilitación especial para la profesión u oficio de promotor.
Los otros diez encausados, propietarios de las viviendas que se construyeron ilegalmente sin ningún tipo de licencia, se enfrentan a la petición de un año de cárcel y 1.080 euros.
La zona en la que se construyeron estas viviendas, conocida como El Megatín, es suelo clasificado en las normas subsidiarias de Torredelcampo como no urbanizable protegido afectado en parte por el Plan Especial de Protección del Medio Físico
Las investigaciones del Seprona llegaron a encontrar indicios de delito contra la ordenación del territorio en 47 personas. Sin embargo, muchos de estos supuestos delitos han prescrito.
El propio Sabalete, antes de conocer su imputación, había reivindicado que no ha cometido delito alguno por omisión. «No nos hemos estado quietos», afirmó sobre sus actuaciones en materia de urbanismo en la zona del Megatín. Incluso antes de ser él el alcalde, el Ayuntamiento procedió en 1998 a aprobar las modificaciones del PGOU pertinentes para declarar ese suelo como urbanizable. Lo que realmente se hizo era adaptar la normativa a la realidad, puesto que desde el año 1964 se habían hecho parcelaciones.
En su etapa en el Ayuntamiento, Sabalete indica que ha realizado gestiones directamente en Sevilla junto a la antigua delegada de Medio Ambiente, Mercedes Fernández, y ante las instancias oportunas. «Yo no le he dado licencia de forma indebida a nadie», insiste el regidor. La Junta de Andalucía ya salió en su apoyo al estallar el caso.