La nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Esta norma, que entró en vigor hace unos meses, recoge que los responsables municipales que detecten una ilegalidad urbanística en su término deben abrir el correspondiente expediente administrativo y sancionador y, además, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. De no ser así, podrían ser acusados por omitir su deber de perseguir delitos. El aviso a navegantes va dirigido específicamente a los nuevos alcaldes, que tomaron posesión de su cargo el pasado 16 de junio: “Es una obligación que han de conocer”, explica el fiscal responsable del área medioambiental, Juan Ignacio Fernández Amigo.
Basta con tirar de hemeroteca para comprobar que la advertencia de la Fiscalía no debe caer en saco roto. En los últimos meses, la Guardia Civil ha imputado a cuatro alcaldes de la provincia por este motivo: Blas Sabalete (Torredelcampo), Agustín Cubillo (Cambil), Miguel Campillo (Baños de la Encina) y Francisco Vallejo (Quesada). De hecho, el regidor torrecampeño se sentará en el banquillo de los acusados, junto a otras once personas, el próximo mes de septiembre. La Fiscalía pide para él una pena de dos años de inhabilitación para ocupar cargo público, acusado por un delito de omisión del deber de perseguir delito.
Basta con tirar de hemeroteca para comprobar que la advertencia de la Fiscalía no debe caer en saco roto. En los últimos meses, la Guardia Civil ha imputado a cuatro alcaldes de la provincia por este motivo: Blas Sabalete (Torredelcampo), Agustín Cubillo (Cambil), Miguel Campillo (Baños de la Encina) y Francisco Vallejo (Quesada). De hecho, el regidor torrecampeño se sentará en el banquillo de los acusados, junto a otras once personas, el próximo mes de septiembre. La Fiscalía pide para él una pena de dos años de inhabilitación para ocupar cargo público, acusado por un delito de omisión del deber de perseguir delito.