¿Daña el «caso Urdangarín» la imagen de la Monarquía?
Mi repuesta es siiiiiiiiii, y si lo deseáis lo pongo en mayúsculas, y añado que la justicia NO ES IGUAL PARA TODOS y esa es una verdad como puños.
—Creo que debemos estar todos agradecidos a la formidable y constitucionalmente impecable respuesta que su Majestad el Rey dio a través de su mensaje de Navidad a cómo cualquier ciudadano tiene que afrontar sus responsabilidades judiciales.
— ¿Cómo se puede evitar en casos como el de Marta del Castillo la sensación de desamparo ante la Justicia que tienen sus padres?
—Tenemos que realizar reformas no solo en la ley del menor sino en nuestro procedimiento. Uno de los problemas surge cuando se enjuician delitos graves cometidos por mayores y por menores. La diferenciación de procedimiento hace que muchas veces se incurra en contradicción. Debemos buscar y articular un sistema para el enjuiciamiento conjunto, garantizando siempre los derechos del menor, y evitar así que los mismos hechos puedan tener una calificación distinta en un procedimiento u otro.
— ¿No es un poco arriesgado decidir la aplicación de la pena de prisión permanente revisable en función de la alarma social?
—Lo decidirán las Cortes mediante la reforma del Código Penal. Coincido con ustedes en que no debe ser el supuesto individual de alarma social el que determine una modificación de las penas; pero coincidirán conmigo en que cuando no es uno, sino una acumulación de hechos donde la sociedad y el mundo jurídico aprecian que hay una penalización insuficiente, sí debe aplicarse un tratamiento diferenciado. Debemos ser muy prudentes, pero muy firmes también. La impunidad perjudica a todos. Primero a la víctima, pero también a toda la sociedad. El cumplimiento de las penas que corresponden a determinadas conductas no puede ser indiferente al profundo dolor y daño causados. Y en estos casos, solo la constatación de una rehabilitación, de una auténtica posibilidad de reinserción social debe permitir que esa persona vuelva a disponer de libertad.
— ¿Está pensando en casos como el de Marta o los niños de Córdoba?
—La respuesta no puede ir con nombres y apellidos, sino con tipos de conducta incluidos en el Código Penal.
Mi repuesta es siiiiiiiiii, y si lo deseáis lo pongo en mayúsculas, y añado que la justicia NO ES IGUAL PARA TODOS y esa es una verdad como puños.
—Creo que debemos estar todos agradecidos a la formidable y constitucionalmente impecable respuesta que su Majestad el Rey dio a través de su mensaje de Navidad a cómo cualquier ciudadano tiene que afrontar sus responsabilidades judiciales.
— ¿Cómo se puede evitar en casos como el de Marta del Castillo la sensación de desamparo ante la Justicia que tienen sus padres?
—Tenemos que realizar reformas no solo en la ley del menor sino en nuestro procedimiento. Uno de los problemas surge cuando se enjuician delitos graves cometidos por mayores y por menores. La diferenciación de procedimiento hace que muchas veces se incurra en contradicción. Debemos buscar y articular un sistema para el enjuiciamiento conjunto, garantizando siempre los derechos del menor, y evitar así que los mismos hechos puedan tener una calificación distinta en un procedimiento u otro.
— ¿No es un poco arriesgado decidir la aplicación de la pena de prisión permanente revisable en función de la alarma social?
—Lo decidirán las Cortes mediante la reforma del Código Penal. Coincido con ustedes en que no debe ser el supuesto individual de alarma social el que determine una modificación de las penas; pero coincidirán conmigo en que cuando no es uno, sino una acumulación de hechos donde la sociedad y el mundo jurídico aprecian que hay una penalización insuficiente, sí debe aplicarse un tratamiento diferenciado. Debemos ser muy prudentes, pero muy firmes también. La impunidad perjudica a todos. Primero a la víctima, pero también a toda la sociedad. El cumplimiento de las penas que corresponden a determinadas conductas no puede ser indiferente al profundo dolor y daño causados. Y en estos casos, solo la constatación de una rehabilitación, de una auténtica posibilidad de reinserción social debe permitir que esa persona vuelva a disponer de libertad.
— ¿Está pensando en casos como el de Marta o los niños de Córdoba?
—La respuesta no puede ir con nombres y apellidos, sino con tipos de conducta incluidos en el Código Penal.