En su todavía breve mandato, Cristina Cifuentes, delegada del gobierno en Madrid, ha hecho méritos suficientes para comparecer ante una comisión parlamentaria de investigación que le ayude a entender la diferencia entre una policía democrática y la de un país fascista.
Desde el momento de su toma de posesión, esta mujer, cuyo marido resulta ser un prófugo de la justicia, mostró profunda hostilidad hacia el movimiento de los indignados y los intentos de la gente de ejercitar sus derechos de reunión
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Su finalidad, que ella cree muy astuta, es esa: provocar alteraciones de orden público para reprimir a mansalva. Y está tan segura de lo acertado de su política que hace unos días se jactaba de tener listas con los nombres de los elementos más activos en las protestas. Solo esta confesión hubiera bastado para que, en cualquier país democrático de Europa, el gobierno la hubiera expulsado del cargo de una patada en el culo. Aquí, no. Aquí, al contrario, Cifuentes tuvo hoy a la policía, empleada como fuerza de choque, guardia pretoriana o guardia de asalto, intimidando y hostigando ciudadanos pacíficos en Madrid, identificando y amenazando a la gente que, en uso de sus derechos constitucionales, estaba reunida en el Retiro. Al que se resiste lo detienen.
Cifuentes, digna discípula del Fraga ministro del Interior de un gobierno fascista, también piensa que la "calle es suya". La calle, la plaza, los jardines, todo espacio público debe estar cerrado a la protesta y emplearse para perseguir a la gente y aporrearla.
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