Kabul, marzo de 1998. Llueve desde hace diez días en la capital afgana en ruinas, y las callejuelas del enorme bazar central no son más que inmensos lodazales. Arrastrando los pies, los kabulíes, envueltos en la delgada túnica que les sirve de manto, deambulan por las calles. Hay hombres, pero pocas mujeres. En ese país en guerra desde 1 979, la mujer está sometida actualmente a una ley implacable. En pocos meses han arreciado las prohibiciones sobre una población femenina desarmada y atemorizada. Prohibición de pasear solas por las calles: como fantasmas, las mujeres avanzan rozando las paredes en grupos de dos o de tres, ocultas bajo el chadri, un velo total que sólo deja pasar su mirada a través de una rejilla de tela. Prohibición de trabajar, de estudiar. Y, colmo dé males, de recibir atención médica en los hospitales públicos. Desde 1997 sólo tienen acceso a las clínicas privadas que no pueden pagar o a un hospital destartalado, sin agua, sin electricidad, sin calefacción y sin quirófano. En otras palabras, un sitio al que sólo se va a morir.