En 1994, cinco contratistas civiles anónimos y las viudas de los contratistas Walter Kasza y Robert Frost demandaron a la Fuerza Aérea y a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Sus demandas, que estuvieron representadas por el profesor de derecho de la Universidad George Washington Jonathan Turley, afirmó que estos contratistas del Área 51 habían sido expuestos a grandes cantidades de sustancias químicas desconocidas que habían sido quemadas en canteras a cielo abierto y en fosas de Groom Lake. Las biopsias realizadas a los demandantes fueron analizadas por bioquímicos de la Universidad de Rutgers y encontraron altos niveles de dioxina, dibenzofurano y tricloroetileno en su grasa corporal. Los demandantes aseguraron que habián padecido enfermedades respiratorias, lesiones cardiovasculares debidas a su trabajo en Groom Lake, y todo esto había contribuido a la muerte de Frost y Kasza. La demanda judicial pide una indemnización por las lesiones que habían sufrido los antiguos empleados del Área 51, alegando que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha manipulado ilegalmente materiales tóxicos, y que la Agencia de Protección Ambiental ha optado por violar las leyes federales de los Estados Unidos y ha adolecido en su deber de hacer cumplir el Acta Conservación y Recuperación de Recursos (que regula el manejo de materiales peligrosos).