Las normas de gobierno inauguradas por los Reyes Católicos parecen inspiradas por un principio básico, que no está nunca explícitamente formulado, pero que opera en todos los sectores: la política es cosa reservada exclusivamente a la corona; por consiguiente, los problemas propiamente políticos quedan reducidos a sus aspectos técnicos que deben resolver los Consejos. Este sería el verdadero alcance de la reforma del Consejo Real realizada en 1480, con la exclusión práctica de los Grandes y la preponderancia de los letrados; el Consejo no es un órgano deliberativo en el que se elabora la política de la monarquía, sino un aparato burocrático en el que los especialistas del derecho y de la administración examinan las consecuencias técnicas de las medidas decididas por el poder real. En todos los sectores del Estado parece notarse semejante tendencia a la despolitización: en los Consejos, pero también en las Cortes y en los municipios dirigidos por un cuerpo fijo de regidores sometidos al control de un representante del rey, el corregidor; de esta forma también los regimientos se convierten en simples instrumentos técnicos encargados de solucionar problemas concretos como las obras públicas, el abastecimiento, el urbanismo, etc.; al corregidor le toca velar para que el regimiento no se entrometa en discusiones políticas.