En 1862 el Congreso aprobó tres proyectos importantes que impactaron en el sistema de tierras. El Acta Homestead garantizaba 160 acres a cada habitante que realizara mejoras en la tierra por cinco años, a los ciudadanos y no-ciudadanos (incluyendo a los ilegales), por cuotas pequeñas. Si se cumplía la residencia de seis meses, el habitante tenía la opción de comprar la parcela por $1.25 por acre. La propiedad podía venderse o hipotecarse, y se podía adquirir tierras vecinas si se deseaba la expansión. Aunque el acata fue todo un éxito, las parcelas de 160 acres no eran suficientes para las necesidades de los granjeros y rancheros del oeste, y tampoco contempló las necesidades de los mineros.