El catalán inaugura en el Senado la era de oro del pinganilloCada sesión de la Cámara Alta costará a partir de ahora 12.000 euros en traductores
LVL
Madrid.- Los pinganillos ya son un elemento más del Senado, imprescindibles para que a partir de ahora los allí presentes puedan entender los debates. Eso sí, están a precio de oro, porque la Cámara Alta se gastará en cada sesión 12.000 euros en traductores.
Los senadores de todos los grupos parlamentarios podrán utilizar cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el Pleno, una medida que inauguró en la tarde de este martes, 18 de enero, el portavoz de la Entesa Catalana del Progrés, Ramón Aleu (PSC), quien antes de pasar a defender la iniciativa sobre el abandono escolar quiso dirigirse a sus compañeros para agradecerles la oportunidad de poder expresarse en catalán.
Poco antes de las ocho de la tarde, comenzaba el debate de la primera moción consecuencia de interpelación en la que los senadores ya tenían la oportunidad de intervenir en cualquiera de las lenguas cooficiales.
Todos los senadores comenzaron su discurso en su turno de intervención haciendo referencia a esta novedad. Durante este primer debate que admite las lenguas cooficiales se han podido escuchar, además del castellano, el catalán, el valenciano, el gallego y el euskera, que son traducidos simultáneamente a través de siete intérpretes.
La que no celebró esta novedad fue la senadora gallega del PP, María Jesús Sáinz. "Quiero que mis primeras palabras sean para manifestar que amo a Galicia y a mi lengua, de la que me siento muy orgullosa, pero voy a usar el castellano porque es un tema que afecta a todos los españoles y en la que todos me van a entender", explicó la senadora popular
La misma posición tomó su compañera de partido María Dolores Pan, también gallega y que en el debate de otra iniciativa sobre sanidad aseguró amar a su tierra, sus costumbres y su lengua pero prefirió hablar en castellano, "la lengua en la que se entienden todos los ciudadanos".
A favor de la medida se ha mostrado, sin embargo, el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, que ha recordado que las lenguas cooficiales están reconocidas en la Constitución y calificó como "correcto" que se utilicen en la Cámara de representación territorial.
El Senado se gastará 350.000 euros al año en llevar a cabo esta medida. Sólo el uso de los auriculares comprados para la ocasión ya han supuesto a la Cámara un desembolso de 4.500 euros. El presupuesto de la Cámara para 2011 contempla casi 12.000 euros por cada sesión plenaria.
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Madrid.- Los pinganillos ya son un elemento más del Senado, imprescindibles para que a partir de ahora los allí presentes puedan entender los debates. Eso sí, están a precio de oro, porque la Cámara Alta se gastará en cada sesión 12.000 euros en traductores.
Los senadores de todos los grupos parlamentarios podrán utilizar cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el Pleno, una medida que inauguró en la tarde de este martes, 18 de enero, el portavoz de la Entesa Catalana del Progrés, Ramón Aleu (PSC), quien antes de pasar a defender la iniciativa sobre el abandono escolar quiso dirigirse a sus compañeros para agradecerles la oportunidad de poder expresarse en catalán.
Poco antes de las ocho de la tarde, comenzaba el debate de la primera moción consecuencia de interpelación en la que los senadores ya tenían la oportunidad de intervenir en cualquiera de las lenguas cooficiales.
Todos los senadores comenzaron su discurso en su turno de intervención haciendo referencia a esta novedad. Durante este primer debate que admite las lenguas cooficiales se han podido escuchar, además del castellano, el catalán, el valenciano, el gallego y el euskera, que son traducidos simultáneamente a través de siete intérpretes.
La que no celebró esta novedad fue la senadora gallega del PP, María Jesús Sáinz. "Quiero que mis primeras palabras sean para manifestar que amo a Galicia y a mi lengua, de la que me siento muy orgullosa, pero voy a usar el castellano porque es un tema que afecta a todos los españoles y en la que todos me van a entender", explicó la senadora popular
La misma posición tomó su compañera de partido María Dolores Pan, también gallega y que en el debate de otra iniciativa sobre sanidad aseguró amar a su tierra, sus costumbres y su lengua pero prefirió hablar en castellano, "la lengua en la que se entienden todos los ciudadanos".
A favor de la medida se ha mostrado, sin embargo, el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, que ha recordado que las lenguas cooficiales están reconocidas en la Constitución y calificó como "correcto" que se utilicen en la Cámara de representación territorial.
El Senado se gastará 350.000 euros al año en llevar a cabo esta medida. Sólo el uso de los auriculares comprados para la ocasión ya han supuesto a la Cámara un desembolso de 4.500 euros. El presupuesto de la Cámara para 2011 contempla casi 12.000 euros por cada sesión plenaria.
19 Enero 11 - - F. Velasco MADRID- El pleno del Tribunal Constitucional se reunirá mañana para elegir a los nuevos presidente y vicepresidente, cargos que ocupaban hasta la pasada semana María Emilia Casas y Guillermo Jiménez, respectivamente. Todo parece indicar que Pascual Sala y Manuel Aragón son quienes a priori tienen más opciones para sustituir a Casas, cargo que ocupa en funciones Javier Delgado.
Tanto Sala como Aragón están encuadrados en el denominado «sector progresista» del Alto Tribunal, que, con la nueva composición tras la última renovación parcial, cuenta con mayoría. Sin embargo, distintas fuentes jurídicas consultadas por este periódico vinieron a coincidir en que Pascual Sala es quien parte con ventaja en esa «carrera». Y ello porque, a priori, tendría el aval de los otros cinco magistrados «progresistas», lo que sería suficiente para resultar elegido, ya que en estos momentos el TC está formado por once magistrados, al no haberse cubierto la vacante producida tras el fallecimiento de Roberto García-Calvo.
El hecho de que Aragón mantuviese desde un principio que la sentencia del Estatut tenía que reconocer del Estatut que no hay más nación que la española, recortando en este aspecto esencial la norma catalana impugnada, es algo que causó un profundo malestar en el «sector progresista». Estos magistrados no están ahora por la labor de auparle a la presidencia del TC.
Pascual Sala, por contra, siempre se alineó con quienes defendían una sentencia más «blanda» del Estatut, en la línea defendida por Elisa Pérez Vera –primera ponente de la resolución–, en la que la declaración de inconstitucionalidad de preceptos de esa norma era sensiblemente inferior a la finalmente sentenciada. Este magistrado fue designado miembro del Tribunal Constitucional en junio de 2004 a instancias del Consejo General del Poder Judicial, mientras que Aragón fue nombrado, ese mismo año, a propuesta del Gobierno.
Por otro lado, Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde Martín de Hijas se reincorporarán la próxima semana al Tribunal Supremo, una vez que cesaron en el TC. Formarán parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
La pugna
- Pascual Sala
Fue presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. En junio de 2004, el Consejo General del Poder Judicial le propuso como magistrado del Tribunal Constitucional, junto al también juez del Supremo Ramón Rodríguez Arribas. En ese momento, el nombre de Conde-Pumpido también fue defendido por algunos vocales progresistas. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, Sala (Valencia, 1935) es experto en Derecho Administrativo y Proceso Contencioso Administrativo, y ha publicando varias obras sobre estas materias.
- Manuel Aragón
Designado a propuesta del Gobierno también en 2004, se mantuvo firme desde el principio en todo lo que se refería a que la Constitución no reconoce más nación que la española. Aragón (Córdoba, 1944) es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid. Sus trabajos se centran en la monarquía parlamentaria, la interpretación de la Constitución, la Justicia constitucional, el procedimiento legislativo, el control parlamentario, el modelo territorial del Estado y el funcionamiento de las comunidades autónomas.
Tanto Sala como Aragón están encuadrados en el denominado «sector progresista» del Alto Tribunal, que, con la nueva composición tras la última renovación parcial, cuenta con mayoría. Sin embargo, distintas fuentes jurídicas consultadas por este periódico vinieron a coincidir en que Pascual Sala es quien parte con ventaja en esa «carrera». Y ello porque, a priori, tendría el aval de los otros cinco magistrados «progresistas», lo que sería suficiente para resultar elegido, ya que en estos momentos el TC está formado por once magistrados, al no haberse cubierto la vacante producida tras el fallecimiento de Roberto García-Calvo.
El hecho de que Aragón mantuviese desde un principio que la sentencia del Estatut tenía que reconocer del Estatut que no hay más nación que la española, recortando en este aspecto esencial la norma catalana impugnada, es algo que causó un profundo malestar en el «sector progresista». Estos magistrados no están ahora por la labor de auparle a la presidencia del TC.
Pascual Sala, por contra, siempre se alineó con quienes defendían una sentencia más «blanda» del Estatut, en la línea defendida por Elisa Pérez Vera –primera ponente de la resolución–, en la que la declaración de inconstitucionalidad de preceptos de esa norma era sensiblemente inferior a la finalmente sentenciada. Este magistrado fue designado miembro del Tribunal Constitucional en junio de 2004 a instancias del Consejo General del Poder Judicial, mientras que Aragón fue nombrado, ese mismo año, a propuesta del Gobierno.
Por otro lado, Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde Martín de Hijas se reincorporarán la próxima semana al Tribunal Supremo, una vez que cesaron en el TC. Formarán parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
La pugna
- Pascual Sala
Fue presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. En junio de 2004, el Consejo General del Poder Judicial le propuso como magistrado del Tribunal Constitucional, junto al también juez del Supremo Ramón Rodríguez Arribas. En ese momento, el nombre de Conde-Pumpido también fue defendido por algunos vocales progresistas. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, Sala (Valencia, 1935) es experto en Derecho Administrativo y Proceso Contencioso Administrativo, y ha publicando varias obras sobre estas materias.
- Manuel Aragón
Designado a propuesta del Gobierno también en 2004, se mantuvo firme desde el principio en todo lo que se refería a que la Constitución no reconoce más nación que la española. Aragón (Córdoba, 1944) es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid. Sus trabajos se centran en la monarquía parlamentaria, la interpretación de la Constitución, la Justicia constitucional, el procedimiento legislativo, el control parlamentario, el modelo territorial del Estado y el funcionamiento de las comunidades autónomas.
