Pero la verdad es que, tras poco más de 25 años de constitución del Estado de las Autonomías, integración en la Unión Europea y democratización de las instituciones públicas, el balance en líneas generales es más que positivo. El historiador Juan Pablo Fusi dice que en el Estado de las autonomías ha habido más elementos positivos que negativos y que ha dado a las regiones una nueva conciencia de autoestima y orgullo, y ha satisfecho los sentimientos de identidad particular de una buena parte de la sociedad española.
Y no estamos ante una mera descentralización, sino ante auténticos poderes regionales de horizonte y contenido federal. Así y todo, los nacionalistas que gobiernan y han gobernado sus comunidades largo tiempo vienen a cuestionar la propia legitimidad institucional construida, exigen más competencias de dudosa legitimidad y especulan con embarcarse en la búsqueda y riesgo de la soberanía más o menos manifiesta tras eufemismos de diversa índole. Tal actitud alimenta el rebrote de un nacionalismo españolista que pone en duda la legitimidad del Estado autonómico e insinúa la necesidad de un parón y vuelta atrás.
Todos los partidos, puesto que se trata de un problema de Estado, deben estar a la altura de las circunstancias y participar en las negociaciones. Es preciso un acuerdo, un pacto que no nacerá de contraponer identidades, historias, derechos de los pueblos, ideas dogmáticas de España, País Vasco, Cataluña... sino de la suma de las voluntades. Las dudas sobre la constitucionalidad o no de los acuerdos debe despejarlas, como he manifestado anteriormente, el Tribunal Constitucional. Los nacionalismos democráticos son legítimos, pero no lo son los de corte fundamentalista, especialmente cuando conviven, justifican y hasta obtienen beneficios de una violencia que consienten y hasta explican como inevitable. Confieso que la actitud de los independentistas me duele, pero no me gusta nada la actitud de los defensores de un rancio nacionalismo españolista anacrónico con ánimo falsamente patriótico y de efectos separadores.
Hay que negociar y no automarginarse, ante la indefinición abierta de la Constitución, los distintos Estatutos para que en el futuro la autonomía, la libertad y la igualdad de derechos y deberes se den la mano sin contradecirse, en el que las diferencias territoriales no obstaculicen la igualdad de oportunidades de todos los españoles y en el que el derecho a la diferencia no se ejerza como coartada para la defensa de ningún privilegio.
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